A LA CARGA

¿Qué entienden Rajoy y Rubalcaba por democracia?

El pasado 8 de abril, tres representantes del Parlamento catalán acudieron al Parlamento español para solicitar la aprobación de una ley que permitiera a la Generalidad de Cataluña convocar un referéndum sobre el futuro político de esta comunidad autónoma. Tras un debate al respecto, se registraron 299 votos en contra de la iniciativa catalana, 47 a favor y una abstención. Lo más interesante no fue el resultado de la votación, que se ajustó a lo que todo el mundo esperaba, sino el debate anterior. Dicho debate constituye una radiografía precisa de la concepción restrictiva que los grandes partidos nacionales tienen de la democracia en nuestro país.

Lo que más llama la atención del debate es el extraño y sorprendente grado de coincidencia en los discursos de Mariano Rajoy, Alfredo Pérez Rubalcaba y, en menor medida, Rosa Díez acerca del significado de la democracia. Sobre este asunto, hay pasajes de esos discursos que parecen escritos por la misma pluma, como si se hubiesen puesto los tres de acuerdo en la línea argumental, que consistió, fundamentalmente, en señalar la “ilegalidad” de la propuesta catalana. Los líderes de PP, PSOE y UPyD actuaron como si fueran juristas de vuelo corto, sin ver más allá de la literalidad de los preceptos constitucionales y sin querer entrar en la cuestión política de fondo.

Son muchos y buenos los juristas que han señalado que el Gobierno español podría encontrar el método para autorizar un referéndum consultivo en Cataluña sin necesidad de una reforma constitucional. Los dos grandes partidos, sin embargo, se negaron a considerar la posibilidad de la consulta, cuyo objetivo último, recuérdese, consiste en averiguar cuál es el grado real de apoyo de la sociedad catalana a la propuesta secesionista. En lugar de avanzar por esa vía, que ha sido descrita desde el derecho constitucional por Francisco Rubio Llorente y que algunos, desde planteamientos políticos, llevamos años defendiendo, PP y PSOE (más UPyD) se enrocaron en posiciones “legalistas”, del tipo “lo que no puede ser no puede ser y además es imposible”, dando a entender que no está al alcance del poder político acordar una interpretación del texto constitucional que desbloquee la situación y permita dar un cauce democrático a la demanda catalana de celebración de una consulta. 

Para justificar este “legalismo” de vía estrecha, Rajoy, Rubalcaba y Díez defendieron una concepción de la democracia aún más estrecha, según la cual la democracia consiste, ante todo, en el imperio de la ley. Así lo dijeron los tres durante el debate, de forma enfática y reiterada.

Comencemos por Rajoy

:

“La esencia de la democracia es el respeto a la ley, es decir, el propósito –señorías, esto es muy importante, si queremos ser, y lo somos, y tenemos derecho a serlo, una democracia seria– de no reconocer otra autoridad por encima de los ciudadanos que la de la ley; eso es la democracia. (…) Ser demócrata implica aceptar esa obediencia a la ley. Por eso se dice, con razón, que la democracia es el imperio de la ley.”

Entra Rubalcaba:

“Esa es la esencia de la democracia, ese es el primer principio democrático: cumplir las leyes, leyes que sabemos perfectamente en esta Cámara que se pueden cambiar. ¡Faltaría más! Pero su cumplimiento para cualquier demócrata es inexorable, ineludible.”

Y remata Rosa Díez:

“La democracia no es solo votar, la democracia es fundamentalmente respetar las leyes, las normas que nos hemos dado todos, y si no se respetan ni las normas ni las leyes, sencillamente no hay democracia.”

Que estos tres políticos tengan una idea tan pobre de la democracia es una de las causas de los problemas de legitimidad que aquejan al sistema político español. Tal y como muestran las encuestas, son muchos los ciudadanos que perciben en la democracia española un déficit de representatividad y de atención a las demandas populares. En este sentido, no deja de ser curioso que en el texto fundacional de la democracia española, la octava Ley Fundamental del franquismo, la Ley para la reforma política de 1976, se definiera la democracia en estos mismos términos que hoy, casi cuarenta años después, emplean Rajoy, Rubalcaba y Díez. En su artículo 1 dice: “La democracia, en el Estado español, se basa en la supremacía de la Ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo.

Esta forma de entender la democracia resulta muy empobrecedora y nace de una confusión interesada entre el principio democrático y el Estado de derecho. La democracia no consiste principalmente en que la ley se respete. El respeto a la ley, que es la base del Estado de derecho, puede darse en ámbitos no democráticos. A lo largo de la historia, ha habido regímenes autoritarios (entre ellos, el franquismo) que han construido un Estado de derecho sin rastro de democracia. El desarrollo extremo del derecho administrativo en la España franquista es la mejor muestra. Podemos estar de acuerdo en que una democracia en la que no se respete la ley sería muy defectuosa, pero eso no quiere decir que la democracia sea ante todo el respeto de la ley.

La democracia consiste en que las decisiones políticas se tomen en función de lo que quiere la ciudadanía. En la frase inmortal de Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. En una democracia ideal hay igualdad política, pues todo el mundo tiene el derecho de voto, y hay autogobierno político, pues las decisiones de los representantes se toman a partir de las preferencias de la gente. Para garantizar el buen funcionamiento de la democracia, se elaboran constituciones que blinden los derechos fundamentales de los ciudadanos y establezcan las reglas de juego del sistema político. El problema surge cuando se usa la constitución para restringir la aplicación del principio democrático. Se plantea entonces un problema político de primer orden que no puede resolverse apelando simplemente a la “legalidad” o “ilegalidad” de proyectos políticos de alcance constitucional.

Cuando los políticos se refugian en el texto constitucional para negar una resolución democrática a un conflicto político como el que se plantea en Cataluña, la democracia se empobrece. Sobre todo si, como en este caso, sería relativamente fácil que el Parlamento español avanzara una interpretación de la Constitución de 1978 que haga posible el referéndum en Cataluña. PP y PSOE han preferido apelar a la “ilegalidad” de la propuesta (como si convocar un referéndum fuera algo equivalente a no pagar el IVA) antes que abordar la raíz política del problema. La Constitución no es el Código Penal. Es un documento jurídico pero también político. Dentro de nuestra Constitución se puede encontrar hueco, si así lo consideran los dos grandes partidos, para la realización de un referéndum consultivo que, sin romper la sacrosanta soberanía del pueblo español, nos permita saber de una vez cuántos ciudadanos catalanes desean separarse de España. Si son muchos, si conforman una mayoría clara, no habrá más remedio que negociar con Cataluña la posibilidad de la independencia. Para llegar a esta conclusión no hay que ser un nacionalista trasnochado o un radical, basta aplicar un poco de sentido común democrático, quizá el menos común de los sentidos en España.

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