Como casi todos los inventos, algunos buenos y otros malísimos, el Estado de Bienestar también lo crearon los alemanes. Lo construyeron para impedir cualquier atisbo revolucionario cuando, a finales del siglo XIX, los trabajadores comenzaron a desabrocharse la ira provocada por el hambre. Fue en la época de Bismark, el “canciller de hierro”, que llegó a la conclusión de que la monarquía podría fortalecerse si sacaba de la pobreza a los parados y los ancianos y evitaba que se convirtieran en una carga para sus parientes. Y creó las bases de un rudimentario sistema de seguros de jubilación e invalidez.
En España, el seguro de desempleo nació con el Gobierno republicano de Niceto Alcalá Zamora, cuando su ministro de Trabajo, Largo Caballero, puso en marcha la Caja Nacional contra el paro forzoso. En la actualidad, la prestación por desempleo tiene carácter contributivo, y para tener derecho a ella, tenemos que cotizar a la Seguridad Social mientras estamos trabajando.
Pongamos un caso práctico para ver de forma clara cómo funciona el sistema. Supongamos que una trabajadora – por ejemplo, yo misma– es despedida de su trabajo. El despido es, sin duda, la sanción más grave del sistema disciplinario laboral y, por tanto, una medida tan rigurosa habría de aplicarse solamente en casos extremos: a quienes no saben convivir en sociedad, a quienes causan daños a los demás, o alteran severamente la paz social. Sería consecuencia, por tanto, de alguna cuestión grave. Quizá, de que se haya producido una reyerta entre compañeros de trabajo; o de que alguien haya filtrado un secreto a un enemigo poderoso. O, exagerando un poco, de que hayan desaparecido los “bolis” del estante de papelería. O, peor aún, de que alguien haya comentado algo sobre la falta de méritos de la jefa de personal, en caso de que dicha señora fuese un pelín rancia. Pero volviendo a nuestro supuesto práctico: ¿qué pasaría si la trabajadora –yo, en el caso inventado que nos ocupa– es despedida por expresar su opinión política en un medio de comunicación?
El Tribunal Constitucional ha establecido en reiteradas ocasiones que también en las empresas hay que respetar la libertad de expresión. Pero la realidad, como advirtiera Norberto Bobbio, es que, bajo el sistema capitalista, la democracia se detiene a la puerta de los centros de trabajo.
Siguiendo con la ficción, y aunque en principio pudiera parecer delirante, cabe imaginar que la empresa decida que la opinión política de la trabajadora constituye una falta muy grave que atenta contra la imagen conservadora de la empresa, dado que las jefas de dicha empresa son de ultraderecha. Tan grave sería en ese caso la falta, que “justificaría” un despido disciplinario. Sin indemnización. Y la trabajadora –es decir, yo– se iría a la calle con lo puesto. Hasta aquí, la hipótesis. Y, a partir de la hipótesis, empieza el auténtico calvario.
Tras el despido, la trabajadora –o sea, servidora– tiene derecho a la prestación por desempleo –comúnmente conocida como “el paro”–, una prestación para asistir a quienes pierden involuntariamente su empleo y han cotizado el tiempo suficiente. En teoría, es una cobertura social para hacer frente a una contingencia, es decir, para poder vivir mientras no se cobra un salario.
Si la trabajadora –insisto, yo– ha cotizado por la base máxima, cobrará alrededor de mil euros mensuales: menos que el salario mínimo. Pero antes hay que conseguir una cita en la oficina de empleo. Tarea heroica en un servicio cuasicolapsado. Y, cuando la trabajadora despedida obtiene la cita y entrega todos los documentos –aunque el Estado ya tenga esos datos en sus propios sistemas– el expediente puede tardar meses y meses en resolverse.
En España, la verdadera red de asistencia no es el Estado ni la comunidad, es la familia. Por eso, a la ultraderecha le interesa tanto reforzarla: para adelgazar el Estado social
Como en El proceso de Kafka, la resolución del expediente se retrasa sin explicación alguna. Y, una vez aprobada la prestación, todavía hay que esperar otro mes más hasta la fecha oficial de pago.
La prestación por desempleo puede tardar en cobrarse tres, cuatro o cinco meses. O más. Y durante ese tiempo, el pago del alquiler no se suspende. Ni la hipoteca, ni la luz, ni el agua, ni la cesta de la compra. Con el despido se suspende el sueldo, pero no las facturas.
Esto no viene en la redacción de la ley, pero para poder quedarse sin trabajo y cobrar “el paro”, hay que tener ahorros. Al menos los suficientes para sobrevivir medio año sin cobrar un solo euro de la prestación. ¿No era “el paro” una medida de protección para paliar la contingencia del desempleo?
Al final, como casi siempre, hay que echar mano de la familia. En España, la verdadera red de asistencia no es el Estado ni la comunidad: es la familia.
Por eso a la ultraderecha le interesa tanto reforzarla: para adelgazar el Estado social y sustituirlo por una red de cuidados no remunerados e invisibles. Sin la familia, en este precario Estado de bienestar, ¿cuántas personas sobrevivirían?
Si el caso práctico que estamos analizando fuera cierto, quizá yo podría sobrevivir. Tengo algunos ahorrillos (y también familia). ¿Pero cuántas personas en paro pueden disponer de ese respaldo?
El sistema no protege al trabajador y la trabajadora en el momento en que lo necesitan. Protege a quien puede permitirse vivir durante un tiempo de sus ahorros. Y eso no es una red de seguridad. Es una prueba de solvencia.
La prestación de desempleo, tal y como está diseñada y gestionada, no es para quien la necesita urgentemente, sino para quien puede aguantar un tiempo sin ingresar un euro.
En la práctica, el paro es para los ricos.
Como casi todos los inventos, algunos buenos y otros malísimos, el Estado de Bienestar también lo crearon los alemanes. Lo construyeron para impedir cualquier atisbo revolucionario cuando, a finales del siglo XIX, los trabajadores comenzaron a desabrocharse la ira provocada por el hambre. Fue en la época de Bismark, el “canciller de hierro”, que llegó a la conclusión de que la monarquía podría fortalecerse si sacaba de la pobreza a los parados y los ancianos y evitaba que se convirtieran en una carga para sus parientes. Y creó las bases de un rudimentario sistema de seguros de jubilación e invalidez.