Aquelarre electoral hasta las europeas
A casi todo lo que ocurra en los próximos diez días habrá que quitarle la inflamación de la campaña. Hasta hace no mucho se congelaba todo durante un par de semanas y la batalla campal esperaba a la vuelta de las urnas. Ahora toda la maquinaria funciona para matar antes de votar. Desde “La Moncloa está investigada por corrupción” de Alberto Núñez Feijóo a los ataques a Begoña Gómez elevando una instrucción que todavía no ha tocado tierra, todo puede escalar en un “más todavía”. El PP no ha diseñado una campaña para hablar de Europa, las elecciones más importantes por la coyuntura geopolítica y de pactos con la extrema derecha. Lo ha hecho para echar a Pedro Sánchez, algo que reconocen explícitamente y que comprobarán en diez días si la estrategia del 28-M funciona el 9J o acaban en el efecto 23 de julio. Por eso Aitor Esteban (PNV) parecía un marciano cuando le tocaba preguntar después del Sánchez-Feijóo en la sesión de control de este miércoles y lo hacía sobre los objetivos climáticos y de competitividad de la industria. Europa va de políticas, pero esto irá de pura artillería.
De Begoña Gómez al cierre de campaña en el Senado. La última semana no hay apenas actividad parlamentaria por la campaña, pero en esto también habrá excepción. El próximo viernes, antes de la jornada de reflexión, está citada de nuevo Francina Armengoll, presidenta del Congreso, por el contrato de mascarillas de Baleares. Y Sánchez no tiene fecha para comparecer en la comisión Koldo porque el PP no tenía margen.
La UCO no ve indicios para actuar por la actividad profesional, pero el juez Juan Carlos Peinado quiere seguir indagando por ese camino. Y la Audiencia Provincial le ha dado luz verde a que siga investigando
Lo lógico es que el juez del juzgado de Madrid cite a Begoña Gómez después de oír a los testigos el próximo 6 de junio. Pero a varios juristas que siguen la causa, por cómo se conduce, no les sorprendería que su citación llegue antes. Apartando motivaciones políticas y sesgos personales, tiene sentido que si el juez practica diligencias cite a Begoña Gómez. La UCO no ve indicios para actuar por la actividad profesional, pero el juez Juan Carlos Peinado quiere seguir indagando por ese camino. Y la Audiencia Provincial le ha dado luz verde a que siga investigando.
Para varios jueces consultados, lo más cuestionable del caso es que una carta de recomendación sea un delito de tráfico de influencias. Una instrucción penal no es una tertulia. Este delito implica presión de tipo jerárquico, de arriba a abajo, de una persona sobre un funcionario público o autoridad. En definitiva, prevalerse de una posición superior para que se adopte una decisión. Hacen falta más conexiones que una carta. Begoña Gómez tendría que haberse dirigido a un funcionario o a la mesa de contratación. La UCO lo ha analizado y en su informe exculpatorio asegura no haber encontrado ningún nexo entre Gómez y quienes adjudicaron los contratos al empresario Carlos Barrabés. “Muy poca cosa para iniciar un proceso penal pero no para iniciar diligencias indagatorias”, apuntan estos jueces. ¿Gracias a la actuación de Gómez se han adjudicado los contratos a Red.es? Solo con la carta, los agentes no lo ven. Hay una crítica desde la ética pública, pero sin encaje en el tráfico de influencias.
La lectura política y la judicial sosegada tendrá que esperar diez días. Un periodo que en política es una vida. A nadie se le escapa que es una instrucción bajo estrés que acumula demasiadas salvedades. Por los denunciantes, por la admisión a trámite de los recortes de prensa, por la expulsión de facto de la Fiscalía de la causa por parte del juez Peinado, por un secreto que se declaró sin argumentos necesarios estipulados.
Para que no parezca una causa política, le van a hacer falta más escrúpulos de los que ha habido hasta ahora. Y de nuevo, de aquí al 9 de junio, costará que el lector/ciudadano lea o escuche algo más que ruido.
