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Un exilio dorado no tributa a Hacienda, lealtad a España es pagar impuestos

Daniel Basteiro

“El Rey ha muerto. ¡Viva el Rey!” El dicho tiene más de medio milenio de historia en las monarquías francesa e inglesa y este lunes ha vuelto a ser pronunciado en el palacio de la Zarzuela. Desde hace meses venimos asistiendo a la muerte política de Juan Carlos I. Por entregas, a través de las exclusivas de la prensa y la justicia extranjera y, más recientemente y a raudales, de la española. Este lunes, la Historia cerró otro capítulo que ya estaba a medio escribir. La figura de Juan Carlos I, durante décadas reconocida acríticamente por su papel en la Transición, muere en un exilio pactado o, más bien, impuesto por Felipe VI.

La muerte de un rey alumbra instantáneamente el reinado de otro. Eso es, no lo olvidemos, de lo que se trata aquí, aunque sea en diferido. Para salvar tanto la monarquía como la jefatura del Estado (y evitar una profunda crisis política) hay que salvar a un hombre de nombre Felipe de Borbón. Esa es la naturaleza brutal de una institución cuyo instinto de supervivencia y perpetuación hace de procurar descendencia su más elemental obligación. Si el hijo no estuviera en peligro, no habría que salvar al padre.

Tres apuntes rápidos:

1. La operación “¡Viva el Rey!” ha comenzado con agostidad y alevosía. Desde los partidos más cercanos a la Corona se da a entender que es Felipe VI el que está cogiendo el toro por los cuernos. El propio comunicado de la Casa Real simula una gestión intramuros de la crisis. El Gobierno se ha mantenido en un discreto segundo plano, refiriendo toda pregunta a acciones de la Casa Real. Finalmente han llegado y han comenzado a celebrarse como supuesta prueba de una ejemplaridad espontánea. Pero no nos engañemos. La Casa Real va a remolque de las informaciones periodísticas que laminan su credibilidad, especialmente tocada en algunos sectores sociales y en algunos territorios (como Cataluña). La propia fecha elegida es reveladora: el primer lunes de agosto, aspirando a que el impacto sea lo más pequeño posible. El comunicado anterior fue el 15 de marzo, un día después del decreto del estado de alarma, en pleno confinamiento por la pandemia. 

No se trata pues de una decisión valiente sino de una reacción inevitable y de circunstancias. No está claro que sea la mejor estrategia para la Corona, porque puede no funcionar. No está nada claro que sea lo mejor para los partidos que la apoyan, porque puede no funcionar. 

2. Ningún exilio es con honores. El exilio es una innegable humillación. Por muy bien que pueda vivir fuera de España, abandonar el país donde Juan Carlos I lo fue todo durante casi cuatro décadas no ha podido ser plato de buen gusto para él. Emocionalmente ha tenido que ser un shock, tanto para el emérito como para el rey en ejercicio.

La tentación es evidente. ¿Qué más quieren los que piden cuentas al rey si éste ha tenido que irse en medio del oprobio? ¿Qué más podría exigirle su hijo tras firmar la expulsión de su padre de su propio país? Esa aproximación sentimental a lo ocurrido este lunes no oculta algo fundamental: el comunicado mantiene intacto el tratamiento de Juan Carlos I como rey a título vitalicio, un honor recogido en un decreto del Gobierno tras su abdicación. Sigue formando parte de la Familia Real. Para colmo, tan solo se compromete a dejar España “en estos momentos”, expresión vaga en la que cabe un regreso sin anunciar o visitas de carácter privado. Todo ello ante el “sentido respeto y agradecimiento ante su decisión” por parte de Felipe VI.

El resto del comunicado contiene expresiones delirantes como el encuadre general de la primera frase, que atribuye su partida a la “repercusión pública” de “ciertos acontecimientos pasados” de su “vida privada”. He aquí el corazón del problema: creer que el manejo de cantidades astronómicas de dinero de dudosa procedencia en paraísos fiscales es algo que pertenece a su “vida privada”. O que lo que molesta a la sociedad española no es eso sino la existencia de amantes como Corinna Larsen. 

En ese sentido, si el rey Felipe VI quiere consolidarse como monarca, tendrá que dar pruebas reales de que su reinado será diferente. Y deben ir mucho más allá de una solución de urgencia, por muy dolorosa que sea sentimentalmente. Si no, puede que al final pensemos que ese exilio se trataba, en la práctica, de unas vacacioneso de una jubilación. 

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3. La “lealtad” a España es pagar impuestos. Mientras todos nos tentamos la ropa asombrados por el nuevo acontecimiento histórico de nuestras vidas (¡el exilio de un rey!), corremos el riesgo de olvidarnos de que lo más patriótico que podría hacer Juan Carlos I no es abandonar España para proteger a su hijo y a la monarquía sino regularizar sus bienes y pagar impuestos, esos que contribuyen a financiar la sanidad, la educación o las políticas sociales, además de la acción del Gobierno. En otras palabras: rendir cuentas. En la inviolabilidad (al menos en creérsela como una total patente de corso) reside la gravedad de la crisis que puede tumbar a la Corona. 

Si Juan Carlos I quisiera rendir un último servicio a España, a su “legado” y a su “dignidad como persona”, según sus propias palabras, no esperaría a ver si se libra de las acciones de la Justicia sino que le contaría todo lo que sabe. No buscaría la manera de que no se pueda probar su culpabilidad sino que se esmeraría en asumir sus responsabilidades, sean cuales sean. El patriotismo no consiste en tomar el camino menos tortuoso sino el correcto. Y, si no lo hace él, lo mínimo que podría hacer el jefe del Estado de un país democrático sería exigírselo. Y, si no lo hace el actual jefe del Estado, ya que su “persona” “no está sujeta a responsabilidad", según la Constitución, lo mínimo sería que se lo exigiese el Gobierno, que es quien refrenda cada uno de sus actos. 

En caso contrario, la credibilidad de la Corona podría arrastrar a la institución a una grave crisis de imprevisibles consecuencias, vistas las mayorías necesarias para su reforma y la dificultad para articularlas.

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