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La lucha contra la desinformación y los bulos en la UE

La cuestión de la amenaza de la desinformación y los bulos en el marco europeo no es algo que debiera tomar por sorpresa a nadie. Desde hace ya años se viene advirtiendo del riesgo que para el normal funcionamiento de las democracias liberales suponía la proliferación de noticias falsas o fake news (como se las denominó) pero, sobre todo, de procesos de desinformación mucho más complicados de detectar y aislar. De este modo, los acontecimientos vividos en España durante las últimas semanas no son un hecho aislado en nuestro entorno más cercano. De hecho, toda esta cuestión saltó de manera más relevante a la opinión pública hacia el año 2016 con la implosión del Brexit y la llegada de Donald Trump al poder en EEUU. Las tramas que saltaron entonces a la luz, en el caso del Brexit por los numerosos bulos que corrieron entonces a través de las redes sociales sostenidos sobre afirmaciones exageradas, el engaño o directamente las mentiras para justificar lo que no se podía justificar de otro modo; en el caso de la victoria de Donald Trump, a lo anterior se sumaba una potencial intervención rusa en la difusión de tales bulos introducía todavía una mayor complejidad a esta cuestión. El siguiente gran hito sería la pandemia provocada por el covid-19. Entonces, a la incertidumbre provocada por el virus y cómo combatirlo se sumó una batalla política en la que las sociedades se vieron inundadas por una constante desinformación sobre las políticas públicas que habría que implementar para salir airosos de la misma o sobre la eficacia de esta o aquella vacuna.

Y, por si esto fuera poco, todo ello acontecía en un momento de auge de las redes sociales y de la crisis de los medios de comunicación tradicionales, es decir, de los intermediarios entre la noticia y la opinión pública, en un entorno todavía desregulado en el que cada cual podía/puede construirse su propia noticia sin ningún tipo de fiscalización o código deontológico al respecto. Y este es el gran problema al que se enfrentan las sociedades de la información. Sociedades en las que la creación, distribución y manipulación de la información se ha convertido en la actividad económica y cultural más importante y en las que, por ende, son importantes unas reglas del juego que todo el mudo esté dispuesto a cumplir.

Y es en este entorno desde el que, en el marco europeo, se ha comenzado a realizar un seguimiento pormenorizado de las dinámicas de desinformación y bulos que han ido apareciendo y que se han tipificado aquellos procedentes de actores internos, procedentes de opciones políticas radicales, y actores externos, fundamentalmente rusos y chinos, pero no sólo, valga recordar los casos de injerencia marroquíes y qataríes recientemente identificados en el entorno español y europeo.

El fallo de la UE consiste en que en la lucha contra la desinformación se ha prestado mucha más atención a los agentes extranjeros que a los propios. Y esto, en un contexto en el que las derechas nacionalistas y extremas se encuentran en un momento de ascenso, puede ser letal

De este modo, la principal línea de acción se sostenía sobre la idea de que la Unión Europea se enfrentaba a una amenaza a la democracia liberal y a su propia seguridad debido a la difusión incontrolada de desinformación y teorías de la conspiración que llevaba a un incremento muy significativo del extremismo político, los discursos anti-expertos y un creciente autoritarismo social (que podría llegar a convertirse en político). Las teorías negacionistas de todo tipo han conseguido instalarse en nuestras sociedades y cuestionar sin despeinarse desde hallazgos científicos, pasando por burdas manipulaciones de la información que confunden a las sociedades y hacen cada vez más compleja la identificación de la información fiable. Todo ello, además, da como resultado una triple consecuencia en donde confluyen las estrategias de radicalizacíón de las derechas nacionalistas y extremas, las campañas de desinformación en relación con el cambio climático, y una guerra descarnada de desinformación.

Así, ya en el año 2020 se aprobó en el marco de la Comisión Europea un Plan de Acción para la democracia europea con el objetivo de reforzar los mecanismos de defensa de las democracias de la UE. Esta estrategia perseguía tres objetivos: el fomento de unas elecciones libres y justas; el refuerzo de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, pero también la regulación de las plataformas digitales y, finalmente, la lucha contra la desinformación.

En este marco europeo es donde se han ido desarrollando instrumentos como el Reglamento sobre la Libertad de Medios o la reciente Ley de Servicios Digitales (DSA) que persigue combatir la desinformación a través de la moderación de contenidos de plataformas como Facebool, X, Youtube o TikTok. La idea es no correr riesgos de cara a la viralización de bulos y campañas distribuidas a través de falsos medios de comunicación o de alguna potencia extranjera, i.e. Rusia. Sin embargo, como casi siempre, hay un fallo. Y este fallo consiste en que en la lucha contra la desinformación se ha prestado mucha más atención a los agentes extranjeros que a los propios. Y esto, en un contexto en el que las derechas nacionalistas y extremas se encuentran en un momento de ascenso electoral sin precedentes desde el fin de la Guerra Fría, puede ser letal. Las probabilidades de que se preste menos atención a las derivas iliberales internas dentro del marco europeo que a una potencial injerencia de bots rusos pueden provocar que la lectura de los resultados electorales no sea la adecuada.

En todo caso, la buena noticia es, sin duda, que desde la UE se ha comenzado con el proceso de regulación de redes sociales y de lucha contra la desinformación, y es en ese marco y no otro, desde el que el Gobierno de España debería comenzar a articular su “plan” de regeneración democrática.

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