Si nos centramos solamente en el texto, descarnado y brutal, del comunicado en la red de Santiago Abascal, no hay duda de que se puede definir como un acto de piratería. Expropiar un barco y hundirlo es un hecho que sin duda merece este calificativo. Seguramente enardecido por los vientos fascistas y autoritarios que soplan desde la Casa Blanca, donde ha tenido el honor de ser recibido por el nuevo Gran Timonel Donal Trump, y quizás también por la lectura del famoso poema de José de Espronceda La Canción del Pirata, hace suyo el pasaje que dice: que yo soy el rey del mar, /y mi furia es de temer. Sentado alegre en la popa, como el Capitán Pirata, ha demostrado que desprecia los usos y costumbres de la mar, las convenciones internacionales que regulan el salvamento y la libre circulación y lo que me parece más grave, destila un odio irracional hacia los inmigrantes y a los que tratan de salvar sus vidas en peligro.
Pero estaríamos equivocados si centramos la crítica exclusivamente en su actitud personal y la de su partido. Hay que reconocer que ya se ha manifestado en ocasiones anteriores (2019) al hilo de los problemas surgidos en esas fechas con Italia. Se integra en una corriente que se extiende, cada vez con mayor virulencia por los países ribereños del Mediterráneo. Su diatriba va dirigida contra todos los barcos de salvamento marítimo pertenecientes a organizaciones no gubernamentales. El Open Arms, por una serie de vicisitudes, se ha convertido en el punto de mira de sus ataques. A pesar de los problemas que estos barcos suscitan en algunos países de la Unión europea, paradójicamente el Parlamento Europeo ha otorgado a su fundador el European Citizen's Prize en 2016.
El gran jurista Hugo Grocio, en su obra Mare Liberum, sentó las bases para la regulación de la circulación de las embarcaciones en todos los océanos del mundo. Actualmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982, ratificada por España, proclama, en el Preámbulo, que su propósito es hacer del mar una zona de paz y de justicia.
El Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (1974), ratificado por España, estipula que el capitán de un buque que, estando en el mar en condiciones de prestar ayuda, reciba información, de la fuente que sea, que le indique que hay personas en peligro en el mar, debe acudir a toda máquina en su auxilio, informando de ello, si es posible, a dichas personas y al servicio de búsqueda y salvamento. El Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo (1989), igualmente ratificado, insiste en que: "Todo capitán tiene el deber de prestar auxilio a cualquier persona que se halle en peligro de desaparecer en la mar, siempre que ello no entrañe grave peligro para su buque y para las personas que se encuentren a bordo".
Como su partido ha alardeado de “constitucionalismo”, me permito recordarle que, según el artículo 96 de nuestra Constitución, los Tratados internacionales válidamente celebrados una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno.
Sin embargo, hay que reconocer que nuestro país no se ha pronunciado de forma clara y definida sobre la regulación de las competencias de los barcos de las ONG, en materia de salvamento y rescate. Oficialmente disponemos de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, comúnmente llamada Salvamento Marítimo, que es una empresa pública encargada de la seguridad marítima en aguas españolas. Está adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de la Marina Mercante. Tiene como tarea principal el llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate en las zonas de responsabilidad asignadas a España. Solo está prevista su coordinación con Cruz Roja Española.
La indefinición jurídica de las funciones de los barcos de rescate de las ONG no puede mantenerse permanentemente sin grave quebranto de las normas internacionales firmadas por España. Es incongruente. No podemos repetir el espectáculo del Pleno extraordinario de Congreso de 28 de agosto de 2019 ante la crisis del Open Arms, que, después de un rescate en alta mar, decidió dirigirse a un puerto italiano como lugar seguro. Las acciones judiciales de las autoridades italianas no prosperaron y es cierto que el Gobierno y gran parte de la comunidad jurídica internacional apoyaron la actuación del barco.
La indefinición jurídica de las funciones de los barcos de rescate de las ONG no puede mantenerse permanentemente sin grave quebranto de las normas internacionales firmadas por España. Es incongruente
En aquella ocasión, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, sostuvo que el Open Arms "no tiene permiso para rescatar"…."Lo sabe el capitán", porque así, "se lo recordó el Ministerio de Fomento” (Ahora Transportes y Movilidad sostenible). Añadió que “en nuestro país todos sabemos lo que se puede hacer y lo que no". Recalcó que sólo cuenta con la autorización de proporcionar ayuda humanitaria. Me gustaría que una mente más despejada que la mía me explicase cual es la labor humanitaria de un barco (salvo un barco hospital) y por qué no está autorizado para realizar rescates de vidas en peligro. La imputación realizada por la Portavoz del PP Cayetana Álvarez de Toledo, acusando a la organización de actuar por “turbios negocios”, es muy grave y hay que probarla.
La superioridad jerárquica de las normas jurídicas que he citado autoriza, sin la más mínima duda, a las ONG a realizar salvamentos y rescates. Así lo impone nuestra legislación y, además, está en juego el valor supremo de la vida de los seres humanos.
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José Antonio Martín Pallín es abogado. Antes, ha ejercido como fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Es, además, autor de los libros 'El Gobierno de las Togas' y 'La Guerra de los jueces' (Catarata).
Si nos centramos solamente en el texto, descarnado y brutal, del comunicado en la red de Santiago Abascal, no hay duda de que se puede definir como un acto de piratería. Expropiar un barco y hundirlo es un hecho que sin duda merece este calificativo. Seguramente enardecido por los vientos fascistas y autoritarios que soplan desde la Casa Blanca, donde ha tenido el honor de ser recibido por el nuevo Gran Timonel Donal Trump, y quizás también por la lectura del famoso poema de José de Espronceda La Canción del Pirata, hace suyo el pasaje que dice: que yo soy el rey del mar, /y mi furia es de temer. Sentado alegre en la popa, como el Capitán Pirata, ha demostrado que desprecia los usos y costumbres de la mar, las convenciones internacionales que regulan el salvamento y la libre circulación y lo que me parece más grave, destila un odio irracional hacia los inmigrantes y a los que tratan de salvar sus vidas en peligro.