En 2006, Cándido Conde Pumpido, por aquel entonces fiscal general del Estado, comentó que el “vuelo de las togas de los fiscales no eludiría el contacto con el polvo del camino”, e indicaba que la ley debía aplicarse de forma directa y cercana a la realidad de la calle. Hoy se ha cambiado el orden del encuentro y no hace falta que se acerquen al polvo del camino, porque la sociedad es una polvareda levantada por la polarización que lo impregna todo, y eso influye en la forma de aplicar la ley. Ya lo hemos explicado en el anterior artículo (Percepción, presunción y justicia), sin que ese resultado tenga que ser una prevaricación, puesto que la aplicación de la ley se lleva a cabo sobre una realidad social cargada de significado, que es la que condiciona la percepción sobre los hechos y la que condiciona la respuesta que se entiende como más adecuada.
Un ejemplo cercano lo tenemos en lo ocurrido durante la pandemia. Si en ese momento una persona llegaba a urgencias con síntomas de catarro y fiebre, el diagnóstico inicial más probable que se daba era el de COVID-19. Hoy, cuando la realidad social es muy distinta, es difícil que la percepción clínica lleve a esa idea como predicción inicial, al margen de los análisis que se inicien y de la conclusión que se alcance al final.
Las decisiones judiciales no están al margen de los procesos que influyen en la percepción. Los trabajos de John T. Jost, de la Universidad de Nueva York, sobre la ideología política y la cognición social pusieron de manifiesto que cuando se crea incertidumbre y la realidad se presenta como una amenaza o ataque al orden establecido, la sociedad se vuelve más conservadora en defensa del orden existente.
Y en una situación de este tipo, el Derecho se presenta como el principal elemento formal en defensa del modelo ante ese ataque o desorden percibido, de manera que la aplicación del Derecho a través de la Administración de Justicia se hace con el objeto de mantener lo que tenemos y somos frente a lo que lo cuestiona. Lo cual, en sí mismo, es una aproximación conservadora en términos sociales.
Las decisiones judiciales no están al margen de los procesos que influyen en la percepción
Y ese es el riesgo que existe en el momento actual con la polarización social y política, y con la instrumentalización que algunos medios están haciendo de ella para imponer su percepción, es decir, el significado que ellos dan a los acontecimientos para condicionar el significado general y las consecuencias.
No se trata de que haya una “conspiración” contra el PSOE, Rodríguez Zapatero y la familia del presidente del Gobierno, pero sí de una estrategia para crear el contexto que dé significado a los hechos en un determinado sentido.
Y el objetivo es doble:
- Crear la idea de culpabilidad o responsabilidad social, hasta el punto de que ya se dice en alguno de estos casos, “quizás no sea responsable penalmente, pero lo es éticamente”
- Crear un contexto social que influya en la interpretación de los hechos denunciados por medio de la percepción. Esto no significa que quien tome las decisiones prevarique, solo que el nivel de influencia y de control mediático y social es tan alto que se facilita la percepción en un sentido determinado debido a los elementos que influyen sobre ella. Recordemos que, por un lado, actúa lo que mejor encaja en esa realidad creada, por otro las jerarquías que le dan más valor a determinadas ideas, y en tercer lugar, lo que resulte más práctico ante la realidad presentada.
Los casos más graves que se han conocido, alguno ya con sentencia, no estaban al principio cuando la estrategia de ataque al Gobierno se puso en marcha y se hablaba de “Gobierno ilegítimo” y “Gobierno traidor”, ni cuando los ataques personales al presidente del Gobierno lo llamaban “perro Sánchez”, “me gusta la fruta” o se quemaba en la vía pública su muñeco, pero sí estaba la estrategia comentada. Una planificación tan preparada que desde el principio colocaron a determinados periodistas dentro del Congreso para intensificar todo el proceso.
Que en realidad existe una estrategia para influir en ese sentido se comprueba por el hecho de que las mismas posiciones que dicen defender a la Justicia, al Derecho y a todos sus principios, entre ellos el de la “presunción de inocencia”, son las que a través de la desinformación influyen sobre la sociedad y la polarización para crear una percepción en la que la presunción de inocencia se devalúe o incluso se pierda a nivel social y profesional. Si se respeta la presunción de inocencia se ha de actuar en consecuencia, por supuesto con libertad para opinar y expresarse, pero en los términos de lo que significan los indicios encontrados en una investigación y los principios del derecho.
Si la idea creada, y bastante generalizada y repetida cada día en algunos medios, es que tenemos un Gobierno ilegítimo, traidor, corrupto, que amplía la corrupción a los entornos familiares, que el propio referente moral y político del mismo forma parte de esa trama, y que ahora actúan para alterar el resultado de las próximas elecciones por medio de la regularización de personas extranjeras, la consecuencia será que hay que actuar desde todos los frentes para evitar esa situación. Y es lo que lleva pasando desde hace años. Lo de ahora solo es el resultado de esa estrategia a la que cada día suman más argumentos sin que nadie sea capaz de decir basta.
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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género
En 2006, Cándido Conde Pumpido, por aquel entonces fiscal general del Estado, comentó que el “vuelo de las togas de los fiscales no eludiría el contacto con el polvo del camino”, e indicaba que la ley debía aplicarse de forma directa y cercana a la realidad de la calle. Hoy se ha cambiado el orden del encuentro y no hace falta que se acerquen al polvo del camino, porque la sociedad es una polvareda levantada por la polarización que lo impregna todo, y eso influye en la forma de aplicar la ley. Ya lo hemos explicado en el anterior artículo (Percepción, presunción y justicia), sin que ese resultado tenga que ser una prevaricación, puesto que la aplicación de la ley se lleva a cabo sobre una realidad social cargada de significado, que es la que condiciona la percepción sobre los hechos y la que condiciona la respuesta que se entiende como más adecuada.