Este lunes Keir Starmer dimitía ante el número 10 de Downing Street, con esa sobriedad británica que consiste en decir lo que se piensa sin que nadie te lo haya pedido demasiadas veces, casi al mismo tiempo que el Tribunal Supremo español condenaba por unanimidad a José Luis Ábalos a veinticuatro años de prisión por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Antes de que la tinta de ninguna de las dos noticias se hubiera secado, Alberto Núñez Feijóo reclamaba la dimisión de Pedro Sánchez, sabiendo sobradamente que no va a producirse. Por eso quizás la pregunta que merece la pena hacerse no es ya si debería producirse o no esa dimisión, sino una más incómoda y más reveladora: ¿para qué sirve dimitir en España, y por qué es imposible hacerlo con dignidad?
Empecemos por lo que no se puede relativizar, porque este artículo no va de absolver a nadie. La condena de Ábalos es grave en el sentido técnico y moral del término, no en el sentido en que la derecha española usa ese adverbio para significar que algo confirma lo que ya sabía, sino porque veinticuatro años por organización criminal desde el corazón del ejecutivo durante una crisis sanitaria es una de las condenas más severas dictadas contra un alto cargo en la historia democrática de este país. Permitidme que esta que escribe os diga: tócate las narices, que mientras unos robaban, otras éramos acusadas de haber provocado una pandemia mundial por haber acudido a una manifestación feminista.
Y una advertencia a navegantes: el hecho de que Ábalos haya sido expulsado del PSOE, de que su trayectoria política estuviera liquidada mucho antes de que esta sentencia se hiciera pública, no reduce la gravedad de los hechos, porque lo que el Supremo ha probado por unanimidad es que alguien que llegó al corazón del poder lo utilizó para construir una organización criminal, y eso merece algo más que el uso instrumental que el Partido Popular hace de ello como palanca para pedir una dimisión que sabe perfectamente que no va a llegar. El PSOE no puede obviar esta cuestión, y puede que no haya dimisiones, pero lo que desde luego sí habrá, sea en el 2026 o en el 2027, son muchos menos votos.
Todo esto nos lleva a pensar, de nuevo, que la línea entre responsabilidad política y responsabilidad penal lleva décadas tan borrada que ya casi nadie recuerda que son cosas distintas. La reacción tertuliana habitual consiste en decir que son los políticos los que confunden las dos esferas, cuando en realidad el problema más grave es el inverso, y tiene que ver con que en este país hay sectores de la judicatura que hacen política con toga (y machismo con toga, que me detengan), que la judicialización no es solo un síntoma de debilidad institucional, que es más bien una poderosísima herramienta de combate político que algunos jueces ejercen con perfecta conciencia de lo que están haciendo y, sobre todo, que ese uso del poder judicial como campo de batalla envenena cualquier posibilidad de que la dimisión funcione como gesto autónomo. La judicialización de la política y la politización de la judicatura hacen que la política sea solo ya un terreno de batalla en el que dimitir antes de una condena se lee como confesión, dimitir después es demasiado tarde, y en el espacio que queda entre las dos no cabe ningún gesto que no sea inmediatamente instrumentalizado por alguno de los dos equipos que han acordado tácitamente que no hay nada fuera de ellos. En otras democracias esto funciona de otra manera, y no porque sus clases políticas sean más virtuosas o porque sus poderes judiciales no se metan en política sino porque la autonomía de la esfera política sigue siendo lo suficientemente fuerte como para que un líder pueda irse sin que su salida sea leída como una página más en un auto.
Fue la izquierda clandestina la que aprendió durante el franquismo que aguantar era la única forma de sobrevivir y que sobrevivir era la única forma de ganar
Claro que esta hipótesis tiene historia y, por incómodo que nos resulte reconocerlo, la escribió también en buena parte la izquierda. La gramática emocional de la política española se construye sobre una ecuación muy sencilla: resistir es tener razón, y ceder es perder. Esa ecuación no es accidental ni caprichosa, tiene una genealogía forzosa concreta que es justo nombrar y reconocer, porque fue la izquierda clandestina la que aprendió durante el franquismo que aguantar era la única forma de sobrevivir y que sobrevivir era la única forma de ganar, y esa lección, que en dictadura era una virtud cardinal, se trasladó sin revisión a la democracia, donde ya no funciona igual pero nadie quiso ser el primero en decirlo. Pero ¿por qué irse hoy siempre es perder? Fue también la izquierda la que al calor de las exigencias democráticas del 15M puso encima de la mesa con mucha más fuerza que hasta ese momento que un político que estuviera acusado de corrupción no podía seguir en el puesto. A veces pienso que debió haber algún juez en algún restaurante del centro de Madrid ante semejante compromiso ético que pensó para sí: sujétame el cubata.
Son escasos los gestos en la política española que se acomoden en esa lógica ajena al resistir es vencer. Por eso me alegra enormemente ver actos llenos aplaudiendo a Mónica Oltra, por eso pienso mucho en que si hay un gesto canónico de esta gramática fue el de Pablo Iglesias cuando dejó la vicepresidencia del gobierno de coalición en marzo de 2021, que fue tan ilegible para el sistema que todavía hoy se discute si fue una jugada táctica, un error de cálculo o una huida, porque esas son las únicas categorías disponibles para procesar un movimiento así. Pablo Iglesias tenía a Yolanda Díaz, la señaló explícitamente, y se fue. Que luego eso no saliera como ninguna de las partes pensó que iba a salir es otro artículo, pero el gesto fue el gesto, y su mérito no depende del resultado, aunque en España esa distinción sea casi imposible de sostener porque aquí un gesto que pierde es automáticamente un gesto equivocado, y esa lógica es precisamente la que hace imposible cualquier ética política que no sea la de resistir hasta que no quede más remedio. Sánchez no tiene a nadie, lo sabe, y lo usa. No hay Yolanda Díaz en el horizonte del PSOE, y mucho menos en el ámbito de la izquierda a su izquierda. Dicho de otro modo, Pedro Sánchez no va a dimitir, y la razón más importante, antes que cualquier consideración moral o institucional, es que puede no hacerlo, y en política la posibilidad siempre es el argumento más poderoso, el que silencia todos los demás, el que convierte el deber en opcional y la ética en un lujo para quien tiene mayoría suficiente. Una política en la que solo se hacen las cosas porque se puede y no porque se debe es éticamente pobre pero sobre todo estructuralmente peligrosa, porque asienta el principio de que el límite del poder es el poder mismo, y ese principio no distingue entre izquierda y derecha, entre corruptos y honestos, entre quienes tienen razón y quienes no la tienen, sino únicamente entre quienes pueden y quienes no pueden, que es la definición más descarnada de una política sin ética y la más difícil de combatir porque no necesita justificarse, solo resistir.
El problema de todo esto no es que Feijóo esté pidiendo la dimisión de Sánchez y Sánchez resistiendo porque puede; son las dos caras de la misma moneda, son los dos equipos del mismo partido, son la expresión más acabada de una cultura política que ha reducido toda la complejidad de gobernar a una sola pregunta: ¿quién aguanta más?, y mientras esa sea la pregunta, la ciudadanía solo tiene dos opciones disponibles, elegir un equipo o abstenerse, votar o quejarse en un bar, y ninguna de las dos amplía el vocabulario de lo posible ni construye la cultura política que necesitamos, una en la que dimitir no sea una derrota ni una capitulación sino simplemente una forma de decir que hay algo que vale más que el cargo, que es, casualmente, lo único que hace que el cargo valga algo.
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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.
Este lunes Keir Starmer dimitía ante el número 10 de Downing Street, con esa sobriedad británica que consiste en decir lo que se piensa sin que nadie te lo haya pedido demasiadas veces, casi al mismo tiempo que el Tribunal Supremo español condenaba por unanimidad a José Luis Ábalos a veinticuatro años de prisión por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Antes de que la tinta de ninguna de las dos noticias se hubiera secado, Alberto Núñez Feijóo reclamaba la dimisión de Pedro Sánchez, sabiendo sobradamente que no va a producirse. Por eso quizás la pregunta que merece la pena hacerse no es ya si debería producirse o no esa dimisión, sino una más incómoda y más reveladora: ¿para qué sirve dimitir en España, y por qué es imposible hacerlo con dignidad?