Hay que reconocer que el acrobático salto, de la ley a la ley (Reforma política a la Constitución) como lo definió Torcuato Fernández Miranda, resultó formalmente perfecto desde el punto de vista de la estrategia política. Pero la política no puede vivir ajena a las corrientes sociales ni olvidar que solo puede subsistir y ser eficaz si es capaz de afrontar la realidad. Las aspiraciones de los partidos políticos, movimientos sindicales y sociales que configuraron la oposición a la dictadura, aspiraban a una ruptura democrática que eliminase cualquier vestigio del pasado dictatorial. Sin embargo, el Ejército, protagonista indiscutible del golpe militar del 18 de julio de 1936, se resistía a aceptar esta posibilidad.
Lo cierto es que, por realismo político, hubo que transigir y elegir el camino de la transición democrática tal y como había sido diseñada por los sectores más aperturistas de la dictadura. Muchos han olvidado que sus comienzos fueron conflictivos. La designación de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno suscitó el rechazo de sectores que lo consideraban excesivamente ligado al Movimiento Nacional por los cargos que había desempeñado. El preferido por otros sectores era José María de Areilza, al que consideraban más liberal. No olvidemos el artículo de Ricardo de la Cierva: ¡Qué error, qué inmenso error¡ (Recomiendo su lectura).
Adolfo Suárez puso en marcha la Transición ajustándose a las previsiones establecidas. Tomó decisiones elementales en una democracia como la legalización de todos los partidos políticos, incluido el comunista. El ejército, que presumía de haber sido el único capaz de derrotar al comunismo, lo consideró como un engaño y una afrenta. La inclusión en la Constitución del reconocimiento de las nacionalidades y la instauración del sistema de Comunidades Autónomas suponía un ataque a la unidad e integridad de la patria. En mi opinión, el factor que generaba más conmoción en el estamento militar provenía de los asesinatos de la banda terrorista ETA que se cebaron con los militares y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La tensión estalló en el funeral del general Ortín, en el Cuartel General del Ejército, en el que se produjo la agresión al teniente general Gutiérrez Mellado.
Estos tres elementos fueron los que sirvieron de aglutinante para que la mayoría de los mandos del ejército y parte de la sociedad civil propugnasen, sin tapujos (léanse los artículos del colectivo Almendros en el diario El Alcázar) un golpe militar que hiciese descarrilar el proceso democrático y volviese al sistema dictatorial. Se han escrito multitud de libros sobre la Transición y el golpe del 23-F, por lo que no alcanzo a comprender cuál era el propósito del Gobierno para desclasificar documentos que, como se ha comprobado, no aportan datos que no conociésemos. El rey y el Gobierno estaban al corriente de la situación. Antes de que se consumase la inevitable dimisión de Adolfo Suárez buscaron fórmulas para neutralizar el golpismo.
Es importante seguir la cronología de los acontecimientos. El 22 de octubre de 1980 se celebra en Lérida una comida a la que asisten el general Armada, Enrique Múgica y Joan Raventós. Según todas las informaciones, se aprobó la fórmula del gobierno de concentración nacional, presidido por Armada y con la participación de representantes de varios partidos políticos. Los detalles no se concretaron, pero el encuentro se publicó en los medios de comunicación. Múgica redactó unas notas para informar a su partido; estos documentos han desaparecido. También se desconocen las fases sucesivas que desembocarían en la culminación del proyecto. Como es lógico, el rey estaba al corriente y aceptaba la iniciativa.
Pero los acontecimientos se precipitan inesperadamente ante el reguero de asesinatos que ETA cometió en 1980. El 23 de enero de 1981, un numeroso grupo de militares (entre ellos Ángel Campano, VII región militar Valladolid; Mateo Prada Canillas ,VI región militar Burgos; Francisco Coloma Gallegos, IV región militar Barcelona, y Jaime Milans del Bosch, III región militar), se presentaron en el Palacio de la Zarzuela y pidieron al entonces jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, la presencia del rey y Suárez. Según todos los datos, el rey dejó a Adolfo Suárez a solas con los generales que le conminaron a que dimitiese si no quería enfrentarse a un golpe militar involucionista. La amenaza surtió sus efectos y el 29 de enero de 1981 Suárez anuncia su dimisión. Es evidente que informaría al rey de su decisión y no sabemos cuál fue su respuesta ante la gravedad de la situación.
Hubo que transigir y elegir el camino de la transición democrática como había sido diseñada por los sectores aperturistas de la dictadura. Muchos han olvidado que sus comienzos fueron conflictivos
Los propósitos de los visitantes de La Zarzuela se evidencian en un pasaje del anuncio de la dimisión de Adolfo Suárez que pasará a la historia: “no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España". El rey debió pensar que el peligro había pasado y que la solución era el gobierno de concentración presidido por Armada. No obstante, las previsiones constitucionales se pusieron en marcha. UCD designó a Leopoldo Calvo Sotelo y el rey, cumpliendo con el artículo 99 de la Constitución lo propuso al Congreso, que fijó el 23 de febrero de 1981 para la sesión de investidura. Es difícil comprender la pasividad del rey y de los servicios de inteligencia para sondear la posición de los conjurados sobre el proceso constitucional.
Resulta difícil admitir que el golpe militar del 23-F pilló por sorpresa a los responsables de la seguridad del Estado. Un dato cierto, una sección de la División Acorazada, con sede en Campamento, desde las cinco de la tarde estaba municionada y esperando la orden de salir a la calle. El asalto al Congreso por Tejero y sus guardias civiles se produjo a las 18:23 y a partir de este momento la primera parte está televisada y la vorágine de llamadas entre los que estaban al tanto de la operación fueron interceptadas, aunque la mayor parte de su contenido ha sido destruido. Lo cierto es que el rey y su entorno deciden abandonar la opción Armada y toda su actividad se centró en impedir que se presentase en el Congreso para ofrecerse como una salida ante la gravedad de la situación. Lo hizo a título personal, provocando la ira de Tejero al conocer el nombre de los políticos que proponía como ministros.
Todo lo acontecido desde ese momento es de sobra conocido y creo que ya está suficientemente analizado. La medición del tiempo es inexorable. La comparecencia del rey en televisión se produjo a la 1:14 h, casi siete horas después de la entrada a tiros en el Congreso. Termino con unas consideraciones sobre un tema que ha permanecido ajeno a un análisis en profundidad. No había trama civil, salvo que se considere como tal a García Carrés, algunos más del sindicalismo vertical y algunos voluntarios sin organización previa. Un dato, Blas Piñar se encontraba entre los diputados secuestrados; pertenencia al Grupo mixto del que también formaba parte Javier Moscoso. Durante las largas horas no hacía más que bajar a su escaño para preguntarle si sabía algo sobre lo que estaba sucediendo.
Ni la cúpula financiera (los siete bancos) ni los sectores industriales ni otras grandes corporaciones participaban o alentaban el golpe. Una dictadura a la griega nos expulsaría del Consejo de Europa y cercenaría la entrada en la Comunidad Económica Europea, aspiración vital para nuestro desarrollo. Un último dato que nos proporciona Alberto Oliart, ministro de Defensa con el Gobierno de Calvo Sotelo. Reunió a los generales que no se habían unido al golpe para agradecerles su lealtad a la democracia. La respuesta no puede ser más ilustrativa: "No, ministro, lo hicimos porque nos lo ordenó nuestro comandante en Jefe”. De cualquier forma, la Transición había descarrilado. Las elecciones de octubre de 1982, que otorgan una mayoría abrumadora al PSOE, inician una nueva época.
Por supuesto no soy un historiador riguroso apegado a los documentos. Tampoco un analista profundo. Me limito, como he hecho toda mi vida, a atar cabos. A los amables lectores les corresponde sacar sus conclusiones sobre quien salvó la democracia.
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José Antonio Martín Pallín es abogado y ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Sus últimos libros son 'El Gobierno de las Togas' y 'La Guerra de los jueces'. En febrero ha salido 'Visto para sentencia' , de Siglo XXI.
Hay que reconocer que el acrobático salto, de la ley a la ley (Reforma política a la Constitución) como lo definió Torcuato Fernández Miranda, resultó formalmente perfecto desde el punto de vista de la estrategia política. Pero la política no puede vivir ajena a las corrientes sociales ni olvidar que solo puede subsistir y ser eficaz si es capaz de afrontar la realidad. Las aspiraciones de los partidos políticos, movimientos sindicales y sociales que configuraron la oposición a la dictadura, aspiraban a una ruptura democrática que eliminase cualquier vestigio del pasado dictatorial. Sin embargo, el Ejército, protagonista indiscutible del golpe militar del 18 de julio de 1936, se resistía a aceptar esta posibilidad.