Aprobados los Presupuestos 2021... ¿y ahora qué?

Por fin vamos a tener unos presupuestos aprobados por una mayoría superior a la que invistió a Pedro Sánchez, pero de poco servirán si no se es capaz de ejecutar el Plan de Reconstrucción para España que va implícito en los PGE para 2021.

Es difícil de entender, en el momento actual, que algunos partidos hayan priorizado otros objetivos políticos por encima del acuerdo y la aprobación de los presupuestos. Hubiera sido deseable una mayoría más amplia igual que en estos momentos es necesario un acuerdo entre Gobierno y Comunidades Autónomas para tener éxito en la ejecución del Plan de Reconstrucción y para ello sigue siendo deseable una ampliación del acuerdo político que ha hecho posible la aprobación de los presupuestos.

Se necesita capacidad política, pero también capacidad de gestión de las administraciones públicas. Quiero recordar que las Comunidades Autónomas históricamente han tenido dificultades para gestionar los Fondos Estructurales y de inversión de la Unión Europea. En estos momentos hay que gestionar muchos más recursos y nos jugamos nuestro futuro en ello.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 son unos presupuestos excepcionales que surgen de una situación irrepetible provocada por las consecuencias derivadas por la pandemia del covid-19. Son muy importantes para España, pero también por lo que significan para el proyecto europeo y el futuro de la Unión.

Una parte de su contenido deriva de las decisiones tomadas en el Consejo Europeo celebrado en Bruselas por los Jefes de Gobierno el pasado mes de junio, en el que se acordó el Marco Financiero Plurianual 2021-27 y en el que decidieron a su vez crear un nuevo instrumento de recuperación “Next Generation” para reforzar los presupuestos de la Unión Europea. Nuestro presupuesto es el presupuesto de la Unión Europea, sobre todo porque está orientado a la recuperación de España, dentro del Plan de Reconstrucción Europea, pero también porque es el inicio de una senda financiera que se extiende hasta el 2027.

Las dos tareas que prioritariamente ha tenido que asumir el Gobierno de Sánchez desde su investidura a principios del presente año han sido combatir la pandemia del covid-19 y tramitar los presupuestos para el próximo año.

La pandemia ha producido una catástrofe humanitaria y un desastre económico sin precedentes en el mundo. En España, a fecha de 4 de diciembre, el Ministerio de Sanidad había comunicado un total de 1.684.647 casos diagnosticados, 195.962 personas hospitalizadas, 16.573 enfermos ingresados en UCI y 46.252 fallecidos y suma y sigue.

Pues bien, estos presupuestos son una respuesta para ayudar a las personas y a las empresas, y a su vez, sentar las bases de la modernización y reconstrucción en la que se ha implicado de una forma decidida la UE, sin la cual, vaya por delante, no hubieran sido posibles.

Las cuentas para España del 2021 sobrepasan las definiciones tradicionales de progresistas o conservadores, su contenido afecta a todas las capas y sectores sociales y es difícil de entender que partidos con responsabilidades de Gobierno en Comunidades Autónomas hayan votado que no a estos presupuestos.

Las Comunidades Autónomas saben que sin los PGE 2021 sus presupuestos son imposibles, por lo que deberían ponerse de acuerdo con el Estado para poder sonar con una misma música, tanto en temas presupuestarios como en la lucha contra la pandemia. A veces se tiene la sensación de que se desafina y no están los tiempos para bromas.

Pero es que además estos presupuestos operan sobre los restos del desastre que dejó la crisis de 2008 que tuvo graves consecuencias en lo político, en lo económico y en lo social y de forma especial en España, coincidiendo con el estallido de la burbuja inmobiliaria.

La crisis del 2008 en el marco de la revolución tecnológica aceleró una competición entre EEUU y China, con una tendencia creciente a favor de China. Tendencia que hoy se hace más patente con la crisis del covid-19 y la desastrosa gestión norteamericana de la pandemia, lo que el articulista Mariano Guindal ha descrito como “el declive del imperio americano”.

Y en medio, la Unión Europea, sin levantar cabeza durante la crisis, no supo aprovechar la ocasión para potenciarse tecnológicamente y disminuir su dependencia de EEUU.

Las consecuencias a nivel europeo fueron desastrosas, fruto de una política suicida de recortes que afectó de una forma especial a Grecia y los países del sur de Europa, entre ellos España. El malestar dentro de la UE y el antieuropeísmo favorecieron el crecimiento del populismo y las posiciones de ultraderecha.

Para que no se me malinterprete, quiero dejar claro que sin la UE la situación española hubiera sido todavía peor. Aunque los primeros años de la crisis fueron muy duros, la llegada de Mario Draghi a la Presidencia del BCE marcó un antes y un después. Así lo expresó en el verano del 2012 con aquellas palabras que dijo: “El Banco Central Europeo hará todo lo que sea necesario para proteger el euro. Y créanme, eso será suficiente”.

Reducción de gastos, incremento de la deuda y control de la Comisión Europea para cumplir los objetivos de estabilidad (déficit, deuda y fijación de límites al crecimiento del gasto no financiero) fueron las recetas para salir de la crisis; erróneas en lo económico e injustas en lo político y lo social, con destrucción de empresas y empleo sin precedentes.

Las consecuencias tanto económicas como sociales todavía perduran, como el incremento de la pobreza, la diferencia cada vez mayor entre ricos y pobres y el empobrecimiento de las clases o sectores medios, que habían experimentado un crecimiento notorio y mejora económica en las épocas anteriores.

En lo político, esta crisis produjo el auge del populismo y la aparición de nuevos partidos por la izquierda y por la derecha, que forman parte de la compleja y plural situación actual de España. La crisis se ha llevado por delante a las cúpulas de los grandes partidos tradicionales e incluso de los nuevos partidos, con una disminución notable del apoyo social.

Desgraciadamente, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa ha tenido que dedicar demasiado tiempo a construir mayorías en el Congreso de los Diputados y evitar los intentos permanentes de derribar su Gobierno por la oposición o el ventajismo pretendido de algunos grupos, cuando la gravedad de la situación exigía acuerdos para conseguir mayorías amplias y unidad de las instituciones con el Gobierno para mejorar la situación de las familias y empresas.

En este contexto, apenas formado el Gobierno de coalición, se desata la pandemia del covid-19, provocando la saturación de la sanidad y poniendo de manifiesto las debilidades de un sistema que no estaba preparado, ni aquí ni en el resto del mundo, para una eventualidad de estas características.

En lo económico la situación no ha sido mejor. En el presente año se estima un déficit del -11,3%, cuando en el 2019 fue del -2,6% del conjunto de las Administraciones Públicas. El crecimiento del PIB en el 2019 fue de un 2% , este año las previsiones son de una disminución del -11,2% y en el año 2021 un crecimiento del 9,8. La deuda del conjunto de las administraciones ha tenido un crecimiento escalofriante desde el 2008 de 439.771 millones de euros (39,70% del PIB) a los 1.188.859 millones (95,50% del PIB ) en el 2019. Las previsiones para este año están en torno al 116% del PIB.

Si nos comparamos con la anterior crisis de 2008, la actuación de la Unión Europea ha sido radicalmente diferente, como si pasáramos de la noche al día y ha tenido consecuencias evidentes en el contenido de los presupuestos de España y de la UE para el 2021.

Una política monetaria que ha permitido la financiación de los Estados y las empresas a un tipo razonable, todo lo contrario de lo que pasó en 2008. Como decía Philip Lane, economista Jefe del BCE, en unas declaraciones en junio en una visita a nuestro país: “España es uno de los Estados que se han visto más beneficiados al mantener bajo control el coste de la financiación de la deuda”.

Por primera vez en la historia de la Unión Europea se ha decidido acudir a los mercados de deuda internacionales para hacer frente a los impactos socioeconómicos y sanitarios de la pandemia y se han suspendido las reglas fiscales de déficit, deuda y gasto público.

En esta ocasión, se canalizan enormes recurso públicos y privados, provenientes del Fondo de Recuperación de la UE, para conseguir un modelo de crecimiento sustentado en la revolución tecnológica y digital y en la transformación ecológica, a través del impulso de la inversión en I+D+I; así como hacia la protección de los colectivos más vulnerables y la garantía de los derechos sociales.

En concreto en los PGE para 2021 se incluyen 26.634 millones de proyectos de transformación con cargo a los fondos de recuperación: 2,436 millones del Programa de Reactivación REACT-EU y 24.198 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Pero además el Gobierno destinará a las CCAA 8.000 millones del REACT-EU que no aparecen en los PGE21, ya que se incorporan directamente en los presupuestos autonómicos. Por lo tanto, las administraciones públicas españolas presupuestarán un total de 34.634 millones de fondos de recuperación.

La política europea ha permitido que el crecimiento del gasto no financiero de estos presupuestos sea el más elevado de la historia, con un 53,7%, si incluimos las transferencias extraordinarias a la Seguridad Social, a las CCAA y de los Fondos europeos.

Aprobados estos presupuestos excepcionales van a necesitar un acuerdo y un apoyo todavía mayor para su ejecución que se va a desarrollar en los próximos años. Pero también hay que incorporar más capital humano a las administraciones que sea capaz de dirigir de una forma eficaz y eficiente el Plan de Recuperación.

Es el momento de mirar el interés general y olvidarse en parte del interés particular. Es necesaria la colaboración público-privada y saber que hoy día la prioridad fundamental es mitigar las consecuencias negativas de la pandemia en las personas y en las empresas y sentar las bases de la transformación que necesita España y Europa.

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Lamentablemente el debate político parece que va por otros derroteros. Esperemos que se reconduzca lo antes posible.

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Fernando Gimeno Marín ha sido consejero de Hacienda y Administración Pública de Aragón, vicealcalde del Ayuntamiento de Zaragoza, diputado en el Congreso por Zaragoza y portavoz del Grupo Socialista del Congreso en la Comisión de Política Social y Empleo y en la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas