Hay una indecencia especialmente cómoda: la que no necesita esconderse. No falsifica, no fuerza cerraduras; solo se ampara en el “es legal” y convierte una ayuda social en un cupón. Esa frase —legal— funciona como detergente moral: blanquea el gesto de quien, pudiendo pagar, decide cargar parte de su factura a un instrumento creado para que otros no vivan a oscuras.
Se ha sabido que el Gobierno prevé introducir un criterio de renta para limitar el acceso al bono social eléctrico de familias numerosas con rentas altas, dentro de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que se aprobará en los próximos días.
La cifra explica el bochorno. Según la información publicada, hasta 337.000 familias numerosas podrían verse afectadas porque hasta ahora accedían al descuento por el mero hecho de acreditar esa condición, sin filtro económico; de un total de 454.382 familias numerosas que a finales de 2025 tuvieron acceso al bono social, esas 337.000 lo hacían sin que mediara criterio de renta. Y el descuento no es simbólico: hoy se habla de 42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos.
Aquí hay dos vergüenzas. La primera es institucional. La puerta no la abrió un ciudadano “listo”; la dejó entornada el propio diseño normativo. El Real Decreto 897/2017 define al consumidor vulnerable y, entre las vías de acceso, incluye explícitamente “estar en posesión del título de familia numerosa” como requisito suficiente (letra b) del artículo 3.2). Si el sistema permite entrar sin mirar renta, no nos sorprendamos de que entre quien no debería.
La segunda vergüenza es humana. Porque una cosa es poder solicitar algo y otra muy distinta es tener derecho moral a hacerlo. Hay personas que confunden lo público con un bufé de restaurante: “si está ahí, me lo llevo”. Esa mentalidad —la del “si cuela, cuela”— no es picardía simpática, es corrosión. Sobre todo, cuando se aplica a una ayuda concebida para la vulnerabilidad.
Hay personas que confunden lo público con un bufé de restaurante: “si está ahí, me lo llevo”. Esa mentalidad no es picardía simpática, es corrosión
Y mientras discutimos el oportunismo, ocurre lo verdaderamente obsceno: quienes sí lo necesitan se quedan fuera. Un análisis de EsadeEcPol señala que en 2022 la tasa de cobertura del bono social fue del 24,5%: casi 8 de cada 10 hogares que podrían recibirlo no lo recibían. Y el patrón es aún más revelador: la cobertura subía al 45,5% en familias numerosas, pero era solo del 20% en la categoría de renta baja y de apenas 9,2% entre jubilados con pensión mínima. Esto no describe una ayuda bien dirigida; describe una ayuda capturable por quien tiene más capacidad de tramitar, insistir y entender el circuito.
La propia noticia lo formula sin rodeos: el 60% de las familias numerosas con ingresos medios-altos se beneficiaban, y uno de cada tres hogares que disfruta de la ayuda tiene ingresos medios-altos; el principal freno para los más necesitados era la burocracia, mientras que a hogares con más ingresos y formación les resultaba más fácil pedirla. Si una política social llega mejor al que mejor navega la Administración, esa política se ha dado la vuelta: deja de ser red y se convierte en atajo.
Por eso no necesitamos cacerías ni “listas” de nombres. Necesitamos cirugía y madurez cívica: cerrar el agujero, sí, pero también cambiar la lógica para que la ayuda no dependa del músculo administrativo del solicitante. Criterio de renta claro; acceso lo más automático posible cuando el Estado ya dispone de datos; y menos fricción para quien llega tarde, cansado y sin tiempo.
Quizá quien se aprovecha no lea estas líneas. Da igual: este tipo de artículos no se escriben para convertir al oportunista; se escriben para que el resto dejemos de llamarlo “espabilado” y empecemos a llamarlo por su nombre. Porque una sociedad decente no pregunta primero “¿puedo?”, sino “¿lo necesito?”.
_____________________
Anna Garcia Hom es doctora en Prevención y Seguridad Integral.
Hay una indecencia especialmente cómoda: la que no necesita esconderse. No falsifica, no fuerza cerraduras; solo se ampara en el “es legal” y convierte una ayuda social en un cupón. Esa frase —legal— funciona como detergente moral: blanquea el gesto de quien, pudiendo pagar, decide cargar parte de su factura a un instrumento creado para que otros no vivan a oscuras.