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La banca y las administraciones ante la brecha digital

Las tecnologías digitales están cambiando profundamente nuestra vida diaria. Es un hecho que los avances en el proceso de digitalización, también de los servicios básicos, son imprescindibles para contribuir al crecimiento económico, la competencia de las personas y la modernización del país. Sin embargo, han creado una brecha digital con situaciones de exclusión.

El uso de internet para acceder a bienes y servicios mediante gestiones online y otros recursos telemáticos nos ha servido para resolver buen número de gestiones, más aún en un mundo de restricciones por el covid-19. Aunque para sectores de las personas más mayores y de la población más vulnerable ha resultado un problema. Así lo aseguran representantes de organizaciones sociales y de personas mayores en España.

Los procesos de transformación digital de la sociedad y la economía suponen una revolución que se ha visto acelerada por la pandemia. Se aplican, también, en servicios bancarios y en las administraciones para realizar muchos trámites y solicitudes.

Sin embargo, esto provoca consecuencias negativas para el bienestar de colectivos ciudadanos sin cultura digital ni herramientas tecnológicas, siendo la problemática aún más preocupante si viven solas, residen en zonas rurales o en áreas en declive demográfico. Hablamos de hombres y mujeres que no aprendieron a usar las nuevas tecnologías y a quienes se les está dificultando el acceso a alternativas viables para poder ejercer derechos y usar determinados servicios.

Esto provoca consecuencias negativas para el bienestar de colectivos ciudadanos sin cultura digital ni herramientas tecnológicas, siendo la problemática aún más preocupante si viven solas, residen en zonas rurales o en áreas en declive demográfico

Esto ocurre en el sector bancario con la restricción de horarios, el cierre de sucursales y de cajeros, a lo que se une una importante eliminación de la atención presencial. Se trata de un fenómeno que ejemplifica una nueva dimensión de la desigualdad y la exclusión en la sociedad digital: una brecha digital que el Gobierno y las comunidades tratan de atajar de raíz con distintos planes y proyectos.

El artículo 14 de la Constitución, en conexión con los artículos 50 y 51, garantiza la igualdad, el ejercicio real de los derechos ciudadanos y el acceso a los servicios públicos para el conjunto de la ciudadanía, sin que resulte admisible discriminación alguna por razón de edad, sexo, nivel educativo, ocupación o lugar de residencia.

La Ley Orgánica 3/2018 de Garantía de los Derechos Digitales así como la Carta de los Derechos Digitales (sin carácter normativo) y el Plan “España Digital 2025”, marcan objetivos claros y proponen políticas específicas contra la brecha digital. Se trata de intensificar la capacitación, formación general e inclusión digital con ayuda de los Fondos Europeos. Y señalan expresamente que, en todo caso, se deben ofrecer alternativas en el mundo presencial para garantizar que en ningún caso se pueda incurrir en discriminación.

En esa dirección, el innovador proyecto e-Iris, promovido por distintas universidades (nació en la de Murcia), organismos y agentes privados, es una iniciativa de la sociedad civil para que nadie se quede atrás en la transición digital. Los “Espacios de Ciudadanía Digital” del proyecto e-Iris surgen como aulas de aprendizaje permanente en las bibliotecas públicas y en otros equipamientos culturales de proximidad.

De acuerdo con lo establecido en la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, a través de una estrategia integral e intergeneracional contemplada en el Plan Nacional de Competencias Digitales, es preciso garantizar que toda la ciudadanía, y especialmente las personas más mayores sin preparación digital y otros sectores vulnerables, tengan acceso a ofertas de capacitación y formación digital en espacios cívicos próximos y gratuitos.

En todo caso, deben ofrecerse alternativas de atención personal en el mundo presencial que garanticen los derechos de aquellas personas que no quieran o no puedan utilizar recursos digitales y no resulten obligadas a ello. Por esas razones he presentado una iniciativa al Congreso.

Odón Elorza es diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa.

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