En la política española actual se repite con frecuencia una idea que, de tanto escucharse, empieza a parecer incuestionable: que determinados partidos están “condenados a entenderse”. Sin embargo, esta afirmación es más discutible de lo que parece. Los acuerdos no son inevitables; son, en realidad, el resultado de una lógica mucho más pragmática: la de la conveniencia condicionada por los resultados electorales.
El concepto es sencillo. Los partidos, y en especial los de derechas, no pactan únicamente en función de afinidades ideológicas o de la aritmética parlamentaria, sino también, y a veces sobre todo, en función del coste político que cada acuerdo puede tener entre sus votantes. No se trata solo de sumar, sino de no restar.
El caso de la Región de Murcia por poner un ejemplo, resulta especialmente ilustrativo. Ante la dificultad para aprobar los presupuestos, el Partido Socialista ofreció su apoyo al Partido Popular con el objetivo explícito de facilitar la gobernabilidad y, de paso, aislar a Vox. Sobre el papel, la operación tenía lógica institucional: estabilidad, cuentas públicas aprobadas y una mayoría alternativa viable. Sin embargo, la respuesta del PP fue inmediata y negativa.
¿Por qué rechazar una opción que permitiría gobernar sin depender de un socio incómodo? La respuesta no está tanto en los números como en la estrategia. Aceptar el apoyo del PSOE podría interpretarse como una cesión al adversario político principal, con el consiguiente riesgo de desmovilizar a parte de su electorado o de alimentar el discurso de sus competidores por la derecha. En cambio, mantener el entendimiento con Vox, aun con tensiones, encaja mejor dentro de su bloque natural y resulta más coherente ante sus votantes.
El resultado es una política cada vez más previsible en sus alianzas, pero también más rígida
Esto revela una clave fundamental del momento político: no todas las alianzas tienen el mismo coste. Pactar con un partido ideológicamente más cercano, aunque genere controversia externa, puede ser electoralmente más “barato” que alcanzar acuerdos transversales que desdibujen las fronteras entre bloques. En otras palabras, la distancia entre partidos no es solo ideológica, sino también estratégica.
En distintas comunidades autónomas se observa una tendencia similar: cuando la suma lo permite, se consolidan acuerdos dentro del mismo bloque político, incluso si existen alternativas que podrían ofrecer mayor estabilidad o moderación. La lógica de bloques, reforzada en los últimos años, penaliza los movimientos que cruzan esas líneas.
El resultado es una política cada vez más previsible en sus alianzas, pero también más rígida. Las posibilidades de acuerdos transversales se reducen no porque sean imposibles, sino porque resultan electoralmente arriesgados. Así, la gobernabilidad queda supeditada no solo a la aritmética parlamentaria, sino al cálculo constante de costes y beneficios en términos de voto.
Quizá por eso conviene cuestionar la idea de que algunos partidos están “condenados a entenderse”. No lo están. Lo que ocurre es que, en el contexto actual, entenderse con unos sale más rentable, o menos costoso, que hacerlo con otros.
Y mientras esa lógica prevalezca, la política española seguirá moviéndose menos por la necesidad y más por la conveniencia.
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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.
En la política española actual se repite con frecuencia una idea que, de tanto escucharse, empieza a parecer incuestionable: que determinados partidos están “condenados a entenderse”. Sin embargo, esta afirmación es más discutible de lo que parece. Los acuerdos no son inevitables; son, en realidad, el resultado de una lógica mucho más pragmática: la de la conveniencia condicionada por los resultados electorales.