El ejercicio del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada consagrado en el artº 47 de la Constitución es cada día más difícil, cuando no imposible, no sólo para los jóvenes –que son de quienes más se habla– sino para millones de personas independientemente de su edad, de si tienen trabajo o no, o del lugar donde residan.
Cada nueva estadística pública o privada va empeorando la anterior. Los alquileres no paran de subir, y el acceso a la compra está muy lejos del alcance de la inmensa mayoría. En paralelo, conocemos elevadas cifras de operaciones de compraventa pagadas al contado, muchas realizadas por extranjeros no residentes, o empresas y muy pocas destinadas directamente a residencia de los compradores, lo que es igual: la mayoría de estas adquisiciones van directamente dirigidas a la especulación. Muchas de ellas, viviendas de protección oficial en las que se renuncia al derecho de tanteo y retracto por parte de las administraciones, siendo insoportable que, además, supongan el desahucio de familias vulnerables, con gente enferma/dependiente y niños.
En este contexto, el ministerio de Vivienda presenta el Plan Estatal de Vivienda 2026/2030, que incluye un importante incremento del gasto, hasta 7.000 millones, destinados sobre todo a la construcción de vivienda protegida y rehabilitación, y también a “ayudas” al alquiler, que incluyen rebajas fiscales a los caseros que alquilen según los índices de referencia. Sí es cierto que este plan contiene un importante cambio: la vivienda protegida, privada o pública, lo seguirá siendo a perpetuidad. Siendo esto muy importante, no afectaría a lo ya construido, sino solo a las futuras construcciones. Además, para que todo cristalice, se requiere el compromiso de las CCAA, habiendo dicho ya que no las del PP, aun a costa de renunciar a importantes recursos del Estado.
Sobre la construcción, no negamos que sea necesaria, pero sí que no servirá siquiera como paliativo a la actual emergencia habitacional que venimos padeciendo décadas, y que se ha venido agudizando año tras año desde la crisis de 2008.
El Plan de Vivienda es una propuesta a futuro, que no aborda las brutales necesidades de hoy, cuyos efectos positivos llegarán, si llegan, a medio o largo plazo y que necesita la colaboración del PP
Sobre las ayudas al alquiler, entendemos que ayudan más a los rentistas que a los inquilinos, y constituyen una simple transferencia de dinero público a los bolsillos de los primeros de forma gratuita para ellos. Tampoco entendemos los beneficios fiscales a caseros “decentes”. Pensamos que serían mucho más eficaces presiones fiscales a todos los rentistas.
El Gobierno afirma en el resumen publicado por Moncloa que “Se trata del primer plan que trata la vivienda como un derecho y no como bien de mercado”. Para que esa afirmación sea cierta, habrán de transcurrir décadas –y ni aun así– si no se actúa para rebajar drásticamente el beneficio económico que da a día de hoy la inversión en vivienda. Mientras se siga permitiendo el acaparamiento de más viviendas a quienes ya son grandes o grandísimos propietarios, mientras no se corrija y se impida con diferentes tipos de medidas la rentabilidad actual de la inversión en vivienda, mientras no se limite el número máximo de viviendas en poder de una misma persona física o jurídica y se establezca un período de desamortización del exceso resultante, mientras no se eliminen los privilegios fiscales de las SOCIMI... los más poderosos económicamente seguirán acaparándolas, aumentando la desigualdad y facilitando el crecimiento de las opciones de ultraderecha como consecuencia de la frustración de mucha gente. El ataque brutal de los fondos buitre acaparando viviendas demuestra la inviabilidad de que deje de ser un bien de mercado si no se les pone freno. La vivienda es ahora el mecanismo más eficaz para extraer recursos de las capas populares para ingresarlos en las cuentas de los poderosos. En definitiva, un generador de más desigualdad.
Las futuras construcciones de viviendas son necesarias, pero no servirán siquiera para aliviar la situación actual, y tardarán años (si llegan) en estar disponibles. Para atacar la situación presente, partir de lo ya construido, de los 3.9 millones de casas deshabitadas existentes en datos del INE de 2024, de exigir/imponer aportaciones a la banca rescatada en 2013 y a otros grandes tenedores provocando la entrada en disponibilidad de decenas de miles de nuevas viviendas que abaratarían precios. También la inversión - expropiación de uso o definitiva podría hacer crecer la oferta abaratando los precios.
En fin, desde la PAH consideramos este Plan como una propuesta a futuro, que no aborda las brutales necesidades de hoy, cuyos efectos positivos llegarán, si llegan, a medio o largo plazo, que, además, necesita de la participación del PP, y siendo conscientes de que este Plan no es el marco adecuado para proponer las medidas necesarias señaladas, hemos propuesto que se prohíba la venta de viviendas habitadas, que se establezca la obligación a grandes tenedores de ofrecer un alquiler social antes de un desahucio, y que se prohíban estos a personas vulnerables sin alternativa habitacional.
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Pako Morote es portavoz de la PAH.
El ejercicio del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada consagrado en el artº 47 de la Constitución es cada día más difícil, cuando no imposible, no sólo para los jóvenes –que son de quienes más se habla– sino para millones de personas independientemente de su edad, de si tienen trabajo o no, o del lugar donde residan.