La operación que unió a Feijóo, Escotet y Currás. Dinero público, favores privados

La historia económica reciente de Galicia no puede entenderse sin el nombre de Juan Carlos Escotet, el banquero venezolano que se hizo con las antiguas cajas gallegas bajo la bendición política de su amigo, el entonces presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. En 2013, en medio de un contexto de crisis bancaria y rescates públicos, la venta de Novacaixagalicia a un precio irrisorio marcó el inicio de una relación cargada de sombras, favores mutuos y ausencia de fiscalización real. 

Una operación política disfrazada de solución financiera. La fusión de Caixa Galicia y Caixanova en Novacaixagalicia derivó en una entidad inviable que fue rescatada con más de 9.000 millones de euros del erario. Pese a este coste descomunal para los contribuyentes, la entidad se vendió a Banesco —grupo liderado por Escotet— por solo 400 millones. El resto lo cubría, de facto, el Estado. Feijóo defendió esta operación como 'la mejor posible', pero nunca se convocó una comisión de investigación parlamentaria ni se valoraron ofertas alternativas con mayor transparencia. El proceso dejó abierta la sospecha de que las condiciones de venta favorecieron deliberadamente al grupo venezolano. 

Escotet no era un desconocido en el mundo financiero latinoamericano. Fundador del grupo Banesco, su trayectoria ha estado ligada al uso de sociedades offshore, estructuras fiduciarias en paraísos fiscales como Bahamas, Panamá, Malta o Miami. Los 'Bahamas Leaks' lo señalan como propietario de cuentas millonarias en HSBC Ginebra. Sin embargo, en España no se ha confirmado si declaró estas sociedades en el Modelo 720, como exige la ley fiscal para residentes. 

Abanca es un grupo financiero que ha crecido en influencia institucional en Galicia con el beneplácito de la Xunta

El papel de Feijóo en esta historia no termina con la venta de las cajas a su nuevo amigo. Pasó de regulador a inversor. En su declaración de bienes de 2022 y 2023, como senador, aparecen una inversión de más de 400.000 euros en un fondo de inversión gestionado por Abanca, además de un plan de pensiones por cerca de 200.000 euros. Aunque no posee acciones directas, su implicación económica con la entidad que él mismo permitió consolidar es evidente. Esta relación no ha sido suficientemente cuestionada ni por el Parlamento ni por los medios afines. Abanca es también el principal apoyo financiero de la Xunta de Galicia. ¿Puede un político que favoreció institucionalmente a un banquero convertirse luego en su cliente privilegiado sin suscitar conflicto de intereses?

A pesar de su perfil opaco, Escotet fue acogido sin reservas por el Gobierno del señor Feijóo, que incluso facilitó la creación de una universidad privada bajo el paraguas de Abanca. En Galicia, la creación de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) —conocida como la universidad privada de Abanca— ha sido defendida desde la Xunta como un “proyecto de futuro”. Sin embargo, los pasos que condujeron a su aprobación reflejan más una estrategia política al servicio de intereses financieros que una necesidad educativa real.

La Xunta, bajo el liderazgo del Partido Popular gallego, impulsó desde 2021 la transformación de la antigua escuela de negocios IESIDE en una universidad con pleno reconocimiento académico. Para lograrlo, obtuvo informes favorables del Consello Galego de Universidades y de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG). Incluso el Ministerio de Universidades emitió un informe positivo en 2024, aunque con muchas reservas sobre futuras exigencias legales.

No obstante, estos avales contrastan con el informe claramente desfavorable del Consello Económico e Social de Galicia, que advirtió de las graves carencias del proyecto: ambigüedad en la oferta académica, escaso encaje en la normativa universitaria vigente y una estructura más cercana a una escuela de negocios que a una universidad con vocación investigadora y pública. Abanca es un grupo financiero que ha crecido en influencia institucional en Galicia con el beneplácito de la Xunta. La creación de una universidad bajo su control afianza su posición en el tejido económico y educativo gallego.

Pese a las alertas de universidades públicas como la Universidad de Santiago y la Universidad de Vigo por la duplicación de grados como Derecho o Empresa, la Xunta sostuvo que la UIE ofrecía una “perspectiva empresarial diferenciada”. Pero detrás de esta justificación se oculta una lógica de privatización encubierta: mientras se congelan plazas públicas y se recortan medios en campus tradicionales, se facilita el desembarco de un operador privado con vínculos políticos evidentes.

No se ha celebrado una sola comisión parlamentaria para revisar el procedimiento. Las protestas del profesorado universitario fueron ignoradas. Las demandas de transparencia sobre el proceso de autorización se despacharon como ataques ideológicos. La UIE no nace del consenso ni de una necesidad del sistema universitario gallego, nace del poder de una entidad financiera con fuertes lazos con el poder político, especialmente con Feijóo y su entorno. Los informes favorables existen, pero también los que fueron desoídos. La pregunta clave no es si la UIE cumple la ley, es por qué se le construyó una ley a medida. Y para quién.

Uno de los episodios más simbólicos de la relación de Feijóo, Escotet y la compra de la fusión de las cajas gallegas, es el nombramiento de Marta Fernández Currás, exconselleira de Hacienda de Feijóo y artífice de la fusión de las cajas gallegas, como consejera del Deportivo de La Coruña, entidad controlada por Escotet desde julio de 2024. Abanca es dueña de la práctica totalidad de las acciones. 

La incorporación de Currás al consejo de administración del club de fútbol de la ciudad herculina –donde Feijóo ya posee vivienda propia, comprada en el año 2023 en una de las mejores zonas de A Coruña– tiene una remuneración de 252.000 euros anuales y es vista por muchos como una forma de retribución política por los servicios prestados. El Deportivo, lejos de su época dorada, se ha convertido en un satélite institucional de Abanca, con poca transparencia y una alta concentración de poder.

¿Por qué no se ha investigado el entramado financiero de Escotet? ¿Qué consecuencias éticas tiene la inversión personal de Feijóo en Abanca? Sin fiscalización ni rendición de cuentas, Galicia y España siguen sin saber dónde acabó realmente el dinero público, ni quién se benefició verdaderamente de su dispersión.

La figura de Marta Fernández Currás se ha consolidado en la encrucijada entre la política, las finanzas y las élites deportivas. Su trayectoria desde la Xunta gallega hasta el consejo del RC Deportivo, bajo el mando de Juan Carlos Escotet, revela una trayectoria político-técnica plagada de favores cruzados que exige un escrutinio más riguroso.

Elegida conselleira de Hacienda en 2009 por Alberto Núñez Feijóo, Currás lideró desde la Xunta la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, convertida en Novacaixagalicia en 2010. Sin embargo, el proceso no estuvo libre de sombras. Una comisión parlamentaria solicitó su comparecencia en 2013, que ella rechazó aduciendo su entonces cargo de secretaria de Estado de Presupuestos del gobierno de M. Rajoy. Mientras tanto, informes como el de KPMG apuntaban a que la operación favoreció una línea única sin contrastar alternativas ni evaluar los riesgos reales de la concentración bancaria.

La falta de fiscalización y la normalización de estos movimientos convierten este tipo de dinámicas en parte estructural del poder gallego

La imagen de Currás al firmar el acuerdo fue elevada a símbolo de estabilidad, pese a que años después el rescate costó 9.000 millones al erario. La narrativa oficial omitió análisis sobre las consecuencias sociales, las condonaciones fiscales o los errores estructurales que precipitaron el colapso de las cajas.

Su llegada al club de fútbol se justificó como refuerzo institucional y de control financiero. Pero pocos olvidan que la misma persona que impulsó la fusión que benefició a Juan Carlos Escotet ahora ocupa un puesto en el entorno empresarial que controla. 

El caso de Marta Fernández Currás representa un ejemplo de puerta giratoria perfectamente trazada: de gestora de la operación pública que abrió las puertas a un comprador privado, a consejera retribuida del entramado societario del comprador. La falta de fiscalización y la normalización de estos movimientos convierten este tipo de dinámicas en parte estructural del poder gallego.

Currás aportó a la Xunta su experiencia como inspectora de Hacienda y su perfil técnico. Pero el uso de su posición para estructurar decisiones estratégicas en beneficio de terceros privados plantea serios interrogantes. ¿Hay separación real entre interés público y retribución futura? ¿Debe aceptarse como normal que la alta administración termine en consejos financiados por las mismas entidades a las que dio acceso institucional privilegiado?

El silencio institucional en torno a estos casos es clamoroso. Ni el Parlamento de Galicia bajo el yugo de la mayoría absoluta del Partido Popular, ni los órganos reguladores han abierto investigaciones. La ciudadanía aún no conoce los detalles reales de la operación. El caso Currás-Escotet-Feijóo exige un ejercicio de rendición de cuentas urgente por parte del líder de la oposición, antes de que estas prácticas sigan desdibujando los límites entre lo público y lo privado.

Otra amistad “peligrosa” más que añadir a la lista del señor Feijóo. 

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Cristina P. Marcote es la autora del libro 'Feijóo y el narco'.

La historia económica reciente de Galicia no puede entenderse sin el nombre de Juan Carlos Escotet, el banquero venezolano que se hizo con las antiguas cajas gallegas bajo la bendición política de su amigo, el entonces presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. En 2013, en medio de un contexto de crisis bancaria y rescates públicos, la venta de Novacaixagalicia a un precio irrisorio marcó el inicio de una relación cargada de sombras, favores mutuos y ausencia de fiscalización real.