El escándalo de las prótesis investigadas en la Región de Murcia ha abierto una de las crisis más graves que recuerda la sanidad murciana. Lo que comenzó como una investigación sobre presuntas irregularidades administrativas y económicas ha derivado en algo mucho más preocupante: la sospecha de que pudieron utilizarse prótesis caducadas o fuera de los procedimientos reglamentarios en pacientes del Servicio Murciano de Salud. La investigación judicial deberá determinar el alcance exacto de los hechos y las responsabilidades penales que correspondan, pero existe ya una responsabilidad política que no puede seguir esquivándose.
La primera obligación de cualquier administración sanitaria es garantizar la seguridad de los pacientes. Cuando surgen indicios de que los controles han fallado durante años, la pregunta que se hace la ciudadanía es inevitable: ¿quién vigilaba? ¿Quién supervisaba? ¿Quién era responsable de que los sistemas de control funcionaran?
Resulta difícil comprender que, en medio de esta crisis, la respuesta política del Gobierno regional haya sido ascender a Isabel Ayala, gerente del Servicio Murciano de Salud durante parte del periodo investigado, al cargo de consejera de Salud. El propio presidente Fernando López Miras ha defendido este nombramiento argumentando que fue la propia administración la que impulsó las investigaciones internas, premiando a quien ocupaba la máxima responsabilidad ejecutiva del organismo donde presuntamente fallaron los controles.
En cualquier democracia madura, la asunción de responsabilidades políticas no exige una condena judicial
La cuestión no es determinar responsabilidades penales antes de tiempo. Para eso están los tribunales. La cuestión es si resulta razonable que una persona que dirigía el principal organismo sanitario de la Región durante los años investigados sea promocionada en lugar de apartarse temporalmente de la primera línea política hasta que se esclarezcan los hechos. En cualquier democracia madura, la asunción de responsabilidades políticas no exige una condena judicial. Exige ejemplaridad.
Precisamente porque creemos en la sanidad pública debemos ser más exigentes con ella. Defenderla no significa cerrar filas ante cualquier crítica ni convertir cualquier investigación en un ataque partidista. Defender la sanidad pública significa exigir transparencia absoluta, auditorías independientes, rendición de cuentas y tolerancia cero frente a cualquier práctica que pueda poner en riesgo la salud de los pacientes o el correcto uso de los recursos públicos.
Y hay una pregunta que apenas ha aparecido en el debate público y que merece una respuesta urgente. Si las irregularidades investigadas afectaron a material implantable y a procedimientos asistenciales, ¿qué controles se han realizado en los centros privados concertados que trabajan para el sistema público? ¿Se han revisado los mismos protocolos? ¿Se han auditado los mismos procesos de compra, almacenamiento y trazabilidad? ¿Existe la certeza de que situaciones similares no pudieron producirse fuera de la gestión directa del SMS?
Lo que daña la confianza de los ciudadanos es la sensación de que nadie asume responsabilidades
La ciudadanía tiene derecho a conocer si las inspecciones y revisiones están alcanzando a toda la red asistencial financiada con fondos públicos, independientemente de quién gestione cada centro. Porque cuando un paciente entra en un hospital concertado derivado por la sanidad pública sigue siendo un paciente del sistema público y merece exactamente las mismas garantías.
El verdadero debate no debería ser si este caso perjudica la imagen de la sanidad pública. Lo que perjudica a la sanidad pública es la opacidad. Lo que daña la confianza de los ciudadanos es la sensación de que nadie asume responsabilidades cuando los controles fallan. Lo que erosiona el prestigio de los profesionales sanitarios es que quienes ocupan cargos de gestión parezcan inmunes a cualquier consecuencia política.
La inmensa mayoría de médicos, enfermeras, técnicos y trabajadores sanitarios cumplen cada día con profesionalidad y rigor. Ellos son el verdadero rostro de la sanidad pública. Precisamente por respeto a ellos, por respeto a los pacientes y por respeto al dinero de todos, este caso debe investigarse hasta el final.
Murcia necesita saber qué ocurrió, quién lo permitió, quién no lo evitó y qué medidas se van a adoptar para que jamás vuelva a suceder. Y necesita también recuperar una cultura política en la que los ascensos no sustituyan a las explicaciones y en la que la responsabilidad sea algo más que una palabra utilizada en las ruedas de prensa.
Porque la mejor defensa de la sanidad pública no consiste en proteger a los cargos públicos. Consiste en proteger a los pacientes.
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José Antonio Serrano es médico y exalcalde de Murcia.
El escándalo de las prótesis investigadas en la Región de Murcia ha abierto una de las crisis más graves que recuerda la sanidad murciana. Lo que comenzó como una investigación sobre presuntas irregularidades administrativas y económicas ha derivado en algo mucho más preocupante: la sospecha de que pudieron utilizarse prótesis caducadas o fuera de los procedimientos reglamentarios en pacientes del Servicio Murciano de Salud. La investigación judicial deberá determinar el alcance exacto de los hechos y las responsabilidades penales que correspondan, pero existe ya una responsabilidad política que no puede seguir esquivándose.