Unidad frente a la violencia de género
El 25 de noviembre de 2021 no ha sido un 25N cualquiera. El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres tuvo este año un cariz especial. Se firmó en el salón de los Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados la renovación del compromiso político del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Unidad frente a la violencia machista, presencia y firma de todos los partidos, a excepción de la extrema derecha negacionista. La misma que unas horas antes se había negado a otra firma, la de una declaración institucional en la Cámara Baja. Nada nuevo bajo el cielo de Vox, cierto, pero en todo caso muy lamentable.
Suscrito en 2017, la temporalidad del compromiso político, social e institucional del Pacto contra la violencia de género tenía un horizonte en 2022 que la coyuntura obliga, si cabe más, a sobrepasar. En un contexto de resistencias políticas al propio reconocimiento de esta violencia que se ejerce contra las mujeres por el solo hecho de serlo, no quedaba otra. El aliento negacionista sopla en el cogote de la sociedad e incide especialmente en los hombres más jóvenes. Uno de cada cuatro menores de 29 años se suma al carro y se siente incluso amenazado como varón por el feminismo. Preocupante, desde luego, pero sería estúpida la resignación porque en este caso sería sinónimo de condenarnos a un futuro sin igualdad, un futuro de perpetuación de la violencia contra las mujeres. Y a eso nunca nos vamos a resignar ni como socialistas ni como feministas ni como defensoras de los derechos humanos. Muy al contrario, nos rebelamos y la traducción política de esa rebelión no es otra que la unidad manifestada en esa firma de renovación del Pacto de Estado.
Al acto del 25 de noviembre, que presidió Pedro Sánchez, se llegó, no sin mucho esfuerzo, no sin poca negociación, cintura y una gran dosis de buena voluntad, de voluntad de pacto y de consenso por todas las partes implicadas. La secretaria de Igualdad socialista, Andrea Fernández, se arremangó nada más acceder al cargo. El ministerio de Igualdad estuvo alineado en ese empeño. El buen trabajo da sus frutos y en este caso la cosecha ha sido espléndida.
Por delante queda mucho trabajo. Reformas legislativas e impulso de medidas que se unirán a las que durante este tiempo ya se han llevado a cabo. Y garantía de financiación para que, desde todas las instituciones y ahora también desde la sociedad civil implicada, se pueda hacer frente a este reto inmenso que tenemos como sociedad. Porque esto va ni más ni menos que de garantizar la seguridad y la libertad de la mitad de la sociedad, esto va de derechos humanos y de democracia plena.
La violencia machista no es una cuestión privada, moralmente nunca lo fue, pero salió de una vez por todas de los domicilios y de la privacidad de las parejas con la aprobación de la ley integral, en 2004.
Colectivamente, la resolución del problema requiere de implicación y compromiso, de intolerancia frente a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres. Los índices de denuncia del entorno de las víctimas continúan siendo demasiado bajos. Durante el confinamiento por la pandemia el Gobierno lanzó un S.O.S. para que vecindario, amistades y familiares estuvieran alerta ante cualquier indicio de maltrato, auxiliaran a las mujeres y menores víctimas y para que denunciaran. Pero, a pesar de que un 78% de las víctimas pide ayuda a su entorno, solo un 4'8% denuncia, apenas el 1% en el caso de la familia, según datos del Consejo General del Poder Judicial. La violencia machista no es una cuestión privada, moralmente nunca lo fue, pero salió de una vez por todas de los domicilios y de la privacidad de las parejas con la aprobación de la ley integral, en 2004. No cabe el silencio porque el silencio es cómplice.
La unidad frente a la violencia contra las mujeres es imprescindible. El Pacto de Estado renovado es una luz de esperanza para los miles de mujeres que la padecen, muchas veces junto a sus hijos e hijas. No les podemos fallar.
_______________________________________________
Lídia Guinart Moreno es diputada por Barcelona y portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Seguimiento y Evaluación contra la Violencia de Género del Congreso y secretaria de Políticas Feministas de la Federación del Barcelonès Nord del PSC.
