Europa se enfrenta a uno de esos momentos en los que el liderazgo político se mide por la capacidad de defender principios. En tiempos en los que está en disputa el orden internacional basado en normas, el liderazgo europeo debería ser coherente con sus valores fundacionales.
Sin embargo, el liderazgo de Ursula Von der Leyen ha demostrado no estar a la altura para representar a los 447 millones de europeos en uno de los momentos más decisivos de la historia.
Desde el inicio de esta legislatura ha quedado patente su desinterés por situar los derechos humanos en el centro de la agenda política europea. Su silencio cómplice ante el genocidio en Gaza y ante las vulneraciones masivas del derecho internacional ha proyectado una imagen de Europa que se maneja con dobles estándares, según quién sea el agresor y quién el agredido.
El proyecto europeo nació tras dos guerras mundiales que devastaron el continente, entendiendo que solo a través del multilateralismo y bajo un orden internacional basado en normas, podía garantizar la convivencia y la paz entre pueblos.
Hoy ese marco se tambalea.
El estallido del trumpismo en su máxima expresión no es solo una amenaza: provoca el fin de muchas de las certezas sobre las que la Unión Europea ha sostenido su posición internacional durante décadas.
Europa no puede limitarse a estar a la defensiva ante ese nuevo contexto: necesita definir su propio rumbo.
Sin embargo, lo que vemos hoy desde Bruselas es una líder desnortada, capaz de decir que “Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial… y ya no puede confiar en un sistema basado en reglas…”
Mientras deberíamos estar debatiendo cómo reforzar la autonomía estratégica en términos industriales, tecnológicos, energéticos y democráticos, Von der Leyen empuja a Europa hacia una agenda centrada en la obsesión por el rearme y la securitización.
Europa necesita un concepto de seguridad que incluya dimensiones sociales, climáticas, sanitarias y democráticas. La seguridad pasa por contar con un Estado del bienestar fuerte
Europa no puede funcionar desde la lógica de una economía de guerra sostenida en el rearme indiscriminado, la desregulación, la austeridad o el blindaje de fronteras. Mucho menos cuando una gran parte del presupuesto militar europeo termina destinándose a la compra de armamento a EEUU. Porque la cuestión no es sólo cuánto se gasta, sino para qué y qué proyecto político hay detrás.
Europa necesita un concepto de seguridad que incluya dimensiones sociales, climáticas, sanitarias y democráticas. La seguridad pasa por contar con un Estado del bienestar fuerte, y el respeto al pacto verde con el fin de reconstruir la confianza de la ciudadanía en sus instituciones para garantizar la cohesión social. Esa cohesión que hoy está en riesgo.
Una sociedad atravesada por la desigualdad, la precariedad y la pérdida de expectativas de futuro con una profunda crisis de vivienda, sin garantías para acceder a la sanidad o educación pública, es más vulnerable a la polarización, a la desinformación y al auge de discursos de odio fomentados por la extrema derecha.
La transición ecológica es otro de los pilares de la hoja de ruta que deberíamos seguir. Reducir la dependencia energética exterior y apostar por las energías renovables no es solo una política climática: es también una política de seguridad y soberanía. La descarbonización permitirá a Europa reducir su vulnerabilidad geopolítica y posicionarse en sectores económicos que marcarán el futuro de la economía global.
A estos desafíos se suma otro igual de decisivo: la soberanía tecnológica. Hoy el ecosistema digital europeo depende de los grandes tecnooligarcas que operan sin control, debilitando las democracias del planeta. Europa debe trabajar para construir infraestructuras digitales propias capaces de sostener un ecosistema innovador, democrático y autónomo.
Pero mientras estos debates estructurales deberían ocupar el centro de la agenda europea, la Unión parece cada vez más atrapada en otra deriva preocupante: su alejamiento de los derechos humanos y el endurecimiento de su política migratoria.
El llamado Reglamento de Retorno que se impulsa desde Bruselas amenaza con convertirse en una auténtica maquinaria de deportación masiva.
Bajo el discurso de la ‘gestión migratoria’ se están fomentado políticas que priorizan la expulsión frente a la protección, la crueldad frente a la acogida, y la externalización de fronteras frente al respeto de los derechos humanos, normalizando la narrativa de la ultraderecha que presenta la inmigración como la gran amenaza.
De este modo, Europa no solo está moviendo sus fronteras: está moviendo el lugar donde se aplican los derechos de las personas migrantes a las que se excluye de derechos.
Para ello, el Reglamento de Retorno es un instrumento para no responsabilizarse, que permite que el “trabajo sucio” lo haga otro, lo más lejos posible de nuestra vista, y que así se eluda el cumplimiento del derecho internacional.
Esta misma semana hemos visto cómo el Partido Popular Europeo es un rehén de la ultraderecha, llegando a un acuerdo para sacar adelante este cruel Reglamento, que abre la puerta a la creación de los Guantánamos europeos. Se trata de centros de expulsión y detención ubicados en países fuera de la Unión Europea, permitiendo la barbaridad de detener a niños, familias y personas con perfiles vulnerables susceptibles de protección.
Además, sobre la mesa está la propuesta de fomentar las prácticas del ICE de Trump en Europa: con persecuciones raciales en calles, hospitales, escuelas o centros de trabajo, obligando a los Estados miembro a identificar a personas en situación irregular para expulsarlas, como si fuesen cacerías humanas.
Y todo ello, en contra de las advertencias de la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa y expertos de Naciones Unidas que han advertido que este Reglamento supone un grave riesgo de violaciones de Derechos Humanos.
Von der Leyen y su partido han demostrado que quienes les marcan la agenda son las fuerzas reaccionarias que llevan años tratando de erosionar la democracia desde dentro de las instituciones.
El crecimiento del fascismo en Europa no se combate adoptando parte de su agenda política. Se combate defendiendo con firmeza los valores democráticos, los derechos humanos y la justicia social, y para ello hace falta un liderazgo político capaz de impulsarlo.
Simone Veil, primera presidenta electa del Parlamento Europeo y defensora incansable de los derechos humanos y la reconciliación europea, lo dijo claramente: “Una Europa que renuncia a sus principios deja de ser Europa; defender la dignidad humana es nuestra obligación, no una opción.”
Siguiendo sus palabras, el proyecto europeo no se mide por la altura de sus muros ni por el tamaño de sus bombas. Se mide por su capacidad para defender la dignidad humana que ella reclamaba, el derecho internacional y la democracia.
Y hoy, en esa medida —la única que realmente importa—, Ursula Von der Leyen no está a la altura.
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Estrella Galán es eurodiputada de Sumar.
Europa se enfrenta a uno de esos momentos en los que el liderazgo político se mide por la capacidad de defender principios. En tiempos en los que está en disputa el orden internacional basado en normas, el liderazgo europeo debería ser coherente con sus valores fundacionales.