Nos encontramos en una fase histórica de grandes turbulencias cuyos impactos profundos sólo podrán ser analizados con cierta perspectiva histórica. En este momento, debemos admitir la dificultad que este marasmo continuo aporta al proceso de aprehensión de los detalles de la reconfiguración geoestratégica que está aconteciendo ante nuestros ojos. Quizá, en todo caso, podemos ir juntando piezas, a modo de un puzle caótico, que nos den alguna pista sobre los contornos y tonalidades dominantes de la imagen global.
Circunscribiéndonos a este modesto marco epistemológico, alejado de grandes pretensiones totalizadoras, sí que tenemos la capacidad de ir desgranando algunos eventos, dotarles de sentido y establecer parámetros normativos que nos doten de herramientas para su transformación en sentido de progreso y en favor de las mayorías sociales y populares. Por su relevancia, el caso de Cuba presenta características paradigmáticas para un ejercicio de este tipo.
En un ejercicio de honestidad política e intelectual, el análisis de la crisis cubana no puede partir de otro sitio que no sea el intento de Estados Unidos de deteriorar al máximo las condiciones materiales de vida en la isla, empujar así al extremo el malestar de la población y provocar cambios políticos que ubiquen al país no ya en su órbita de influencia, sino bajo su dominio absoluto.
En este contexto se deben comprender y analizar las 176 medidas adoptadas por el gobierno cubano. Publicadas oficialmente el pasado 25 de junio, este paquete normativo configura un cambio profundo en la realidad cubana que busca sobrevivir en un contexto de agudización de la agresión externa. El impacto de estas medidas en el elemento legitimador fundamental del proceso histórico cubano, la igualdad, deberá ser valorado en la medida que su implementación se deje sentir en la realidad cotidiana del pueblo cubano.
Dado este escenario, es urgente detenerse en el papel de la comunidad internacional ante una agresión que ha sido condenada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en cada periodo de sesiones desde 1992. La más reciente, la trigésimo tercera, en octubre de 2025, sintetiza a la perfección los principios rectores del Derecho Internacional: prohibición del uso de la fuerza, solución pacífica de controversias, no intervención en asuntos internos, igualdad soberana de los Estados, cooperación internacional y la libre determinación de los pueblos.
No rehuyamos nuestras tareas históricas. Cumplamos nuestras obligaciones para con la transformación de la realidad en un sentido de justicia, progreso y dignidad, asumiendo las consecuencias que de ello se deriven
Estos principios constituyen una obligación y las ONG, como parte consustancial de una comunidad internacional que pretenda contar con una base de legitimidad democrática, no podemos quedar al margen de estos mandamientos. Tenemos que asumir el más alto estándar de obligaciones y actuar abiertamente, evitando ocultarnos detrás de los gruesos cortinajes de la real politik que nos debe ser ajena y que, a menudo, sólo pretende disimular la necesidad de ser aceptados por el poder y continuar accediendo a canales de financiación que permitan el sostenimiento de nuestras propias estructuras.
En el caso de Cuba, nuestro papel tiene una doble dimensión. Por un lado, nuestros proyectos sobre el terreno tienen que focalizarse en dar respuesta a las necesidades materiales del pueblo cubano. Además del respeto a la dignidad intrínseca de todo ser humano, contribuir a que la conformación de la voluntad de una comunidad política sea libre y no esté condicionada por la privación material nos sitúa como actores relevantes para garantizar el cumplimiento de varios de los principios rectores del derecho internacional, como la no intervención en asuntos internos, la cooperación internacional y la libre determinación de los pueblos.
En segundo lugar, tenemos la obligación política, moral y legal de denunciar las medidas extraterritoriales que, como el bloqueo, asfixian a Cuba y suponen una violación de los principios que rigen la convivencia pacífica en el ámbito internacional. Esto no es una proclama panfletaria. Esto es la conclusión lógica de la existencia de una batería jurídica, como el reglamento europeo CE 2271/96 y la ley española 27/1998, que obliga a todos los actores, incluyendo las empresas privadas, a no aplicar las medidas estadounidenses en relación a Cuba y a denunciarlas ante las autoridades competentes.
Vivimos en los tiempos interesantes que nos deseaba la maldición apócrifa popularizada por el diplomático británico Austen Chamberlain con la Segunda Guerra Mundial atisbándose en el horizonte. No rehuyamos nuestras tareas históricas. Cumplamos nuestras obligaciones para con la transformación de la realidad en un sentido de justicia, progreso y dignidad, asumiendo las consecuencias que de ello se deriven.
Defendamos los principios del Derecho Internacional.
Defendamos el derecho de Cuba a decidir su propio destino.
Defendamos la paz.
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Antonio José Montoro Carmona es coordinador general de la Fundación Mundubat.
Nos encontramos en una fase histórica de grandes turbulencias cuyos impactos profundos sólo podrán ser analizados con cierta perspectiva histórica. En este momento, debemos admitir la dificultad que este marasmo continuo aporta al proceso de aprehensión de los detalles de la reconfiguración geoestratégica que está aconteciendo ante nuestros ojos. Quizá, en todo caso, podemos ir juntando piezas, a modo de un puzle caótico, que nos den alguna pista sobre los contornos y tonalidades dominantes de la imagen global.