Corrupción

Las "16 denuncias archivadas" que el PP alega en defensa del presidente de Murcia nunca existieron

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, este viernes atendiendo a los medios de comunicación.

Alicia Gutiérrez / Tono Calleja

Convertido en leitmotiv de su estrategia en defensa del presidente de Murcia, que tendrá que declarar como investigado por cuatro delitos en el TSJ de Murcia, el PP lleva semanas remachando un mensaje acuñado hace ya años y que ha conseguido afianzar como axioma en ciertos medios: el de que Pedro Antonio Sánchez, primero alcalde de Puerto Lumbreras, luego consejero de Educación y desde 2015 jefe del Ejecutivo autonómico, es víctima de una campaña de "acoso" socialista. Y que esa campaña, en la que el PP atribuye un papel decisivo al todavía fiscal superior de Murcia, azote de la corrupción política y defenestrado esta semana, se ha traducido en "16 denuncias archivadas". Pero esa afirmación no se corresponde con la realidad. Las supuestas "16 denuncias archivadas", cifra a la que han dado difusión pública incluso el portavoz parlamentario del partido, Rafael Hernando, y el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, jamás existieron.

¿Cómo llega el PP entonces a ese número? Contabilizando por partida doble e incluso triple las denuncias reales cuando originaron la apertura de diferentes piezas de investigación por decisión judicial y sumando a la lista varios recursos contenciosos, que son la fórmula ordinaria con que los grupos de oposición buscan el respaldo de los tribunales ante decisiones administrativas que consideran irregulares pero sin relevancia penal.

Los socialistas solo han emprendido acciones penales contra Sánchez cuatro veces. Tres si se excluye de la lista la primera de esas cuatro denuncias, interpuesta por injurias y calumnias y a título personal en 2004 por José Cerrillo, que hasta un año antes había sido alcalde socialista de Puerto Lumbreras. Cerrillo acudió a los tribunales después de que Pedro Antonio Sánchez insinuase -relatan fuentes socialistas- que se estaba construyendo una vivienda ilegal en Vélez Rubio (Almería). Es decir, fue Sánchez quien aquí tomó la iniciativa en lo que aplicando la regla del PP cabría denominar "acoso político" contra Cerrillo. Pero lo único cierto e incuestionable es que, en efecto, la denuncia del antiguo regidor socialista terminó archivada.

En cambio, la cuarta y última denuncia de la verdadera serie no solo no ha sido sobreseída sino que ha derivado en la apertura del procedimiento por el que Pedro Antonio Sánchez tendrá que declarar como investigado -el adjetivo que ahora define a los antes imputados- en el Tribunal Superior murciano (TSJM) por el llamado caso Auditorio.

Litigios contra instituciones y no contra personas

Pese a ello, los conservadores sostienen que las denuncias penales han sido nueve. Para llegar a la cifra de 16 incorporan a la nómina siete procedimientos contencioso-administrativos. Pero ese tipo de demandas, de carácter civil y no penal, se dirigen siempre contra una institución pública: en este caso, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. Y jamás contra una persona física. Acudir a la jurisdicción de lo contencioso constituye el recurso habitual y ordinario en toda la geografía española cuando quien gobierna adopta una decisión que la oposición considera irregular pero sin relevancia penal. En otras palabras, quien presenta el contencioso -generalmente un grupo político situado fuera del gobierno local- no cree que lo denunciado entrañe a priori visos de delito. Acude a esa jurisdicción bajo la premisa que justamente ahora enarbola el PP en defensa de Pedro Antonio Sánchez: que los hechos objeto de acción judicial entrañan una mera "irregularidad administrativa"

Esta semana, infoLibre preguntó al equipo de Pedro Antonio Sánchez por qué estaba considerando los contencioso-administrativos como "denuncias contra Pedro Antonio Sánchez". Y le alertó de que, aun dándoles ese tratamiento, el listado que cuantifica en siete el número de contenciosos planteado por el PSOE es incorrecto: porque en la serie faltan dos demandas que le costaron al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras sendas condenas por vulneración de derechos fundamentales. En el primer caso, la Corporación que presidía Sánchez denegó al PSOE el acceso a documentos municipales; en el segundo, se negó a informar a la oposición sobre resoluciones adoptadas por la Alcaldía. El PSOE asegura que el consistorio no recurrió ninguna de esas dos sentencias. El equipo de Sánchez no ha ofrecido ningún dato alternativo y se ha limitado a remachar su mensaje político. Un portavoz oficial respondió así: "Incluso los contenciosos lo eran contra decisiones concretas y significativas suyas, siempre con el intento de reproche político vía judicial. Es la crítica política ejercida judicialmente".

Contenciosos al margen, la cuarta y última denuncia penal del PSOE fue formulada ante la Fiscalía, que tras una fase de averiguaciones presentó una querella. Esa cuarta denuncia es la del llamado caso Auditorio: aquel en el que se investiga por qué el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y con la participación directa de su entonces alcalde, Pedro Antonio Sánchez, pagó seis millones de euros en 2011 a cambio de recibir un edificio -el auditorio- en lo que cabría definir como estado cascarón de nuez. Es decir, terminado por fuera y prácticamente vacío por dentro. En diciembre pasado, la juez de Lorca (Murcia) que instruía la causa decidió elevar al TSJM una solicitud de imputación -"exposición razonada"- del presidente murciano a instancias de la Fiscalía. Lo hizo dos meses después de recibir un prolijo informe de la Intervención General del Estado (IGAE) que a lo largo de 139 páginas desmenuza y detalla los múltiples incumplimientos de la legalidad detectados en ese proyecto. La IGAE depende del Ministerio de Hacienda.

El 'caso Gürtel' como paradigma: un solo origen y 12 piezas diferentes

El listado sobre esas hipotéticas "16 denuncias archivadas" fue remitido por el gobierno murciano a infoLibre después de que este diario le pidiera que enumerase, una a una, la relación de acciones penales que terminaron en la papelera. El Ejecutivo que dirige Pedro Antonio Sánchez envió entonces una relación cuya introducción sostiene que "desde el año 2004 hasta hoy el PSOE de Puerto Lumbreras ha venido presentando denuncias contra Pedro Antonio Sánchez (...) como clara estrategia política". "En nueve ocasiones -añade el texto- han sido sobre cuestiones penales y en otras siete han sido procedimientos contencioso administrativos".

El equipo de Pedro Antonio Sánchez alcanza el dígito hoy convertido en núcleo real de su lema sobre Pedro Antonio Sánchez –"16 denuncias archivadas"– utilizando un método innovador: no computa las denuncias interpuestas –las cuatro ya mencionadas– sino el número de diligencias judiciales a que dieron origen.  Una vez que este diario confirmó que la cifra real de denuncias ascendía a cuatro y no a 16, se lo comunicó al Gobierno murciano y le hizo llegar una explicación pormenorizada. Su respuesta fue escueta: "Son 16 causas con origen en el PSOE contra Pedro Antonio Sánchez".

En resumen, allí donde el fiscal del caso o el juez consideraron que los hechos denunciados debían ser investigados a través de varias piezas procesales distintas al emerger hechos distintos a los que originaron las pesquisas iniciales, el lápiz del PP efectúa una suma. Extrapolando, es como si en lo relativo a la trama Gürtel el PP acusara a la Fiscalía Anticorrupción o a la Policía de interponer 12 denuncias,  dado que ese es el número de piezas en que el caso terminó despedazado por distintos avatares, entre ellos la presencia de aforados autonómicos y nacionales. En Gürtel ya se ha juzgado en Valencia la pieza de los contratos para Fitur, que ha llevado a prisión al triunvirato formado por Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. Y se está sometiendo ahora a juicio en Madrid la llamada Época I. Faltan por juzgar, entre otras, la de la financiación del PP valenciano, la pieza de los papeles de Bárcenas, la de los contratos de AENA o la de la visita del papa a Valencia, por citar las más relevantes. 

Un ejemplo real del método empleado por el PP en Murcia es el siguiente: el PP cuenta como dos (Diligencias Previas 316/2015 y Diligencias Previas 624/2016) las denuncias que han terminado desencadenando la imputación de Pedro Antonio Sánchez por presunta prevaricación, malversación, fraude y falsedad en el caso Auditorio. Lo hace así porque la juez de Lorca encargada de la investigación del caso –Puerto Lumbreras carece de juzgado de instrucción propio– encontró durante sus pesquisas una serie de hechos que podían constituir una causa distinta, la de los pagos supuestamente fraccionados de unas pasarelas. La magistrada desgajó esa parte y la envió al Decanato, que a su vez remitió la nueva pieza a otro juzgado: el número 3 de la misma ciudad. Fue ese segundo juzgado el que en enero de este año archivó la causa alegando que ya habían transcurrido más de seis meses, el plazo máximo que la ley concede ahora para investigar causas que no hayan sido declaradas "complejas". Fuentes de la Fiscalía murciana han explicado a infoLibre que esa segunda pieza, conocida como caso Pasarela, permaneció cuatro meses y medio en el juzgado 3 de Lorca sin que el ministerio público lo supiera siquiera.

El dúplex, por partida triple

Los conservadores murcianos también cuentan por partida triple (Diligencias Previas 1101/07, 1107/07 y 01/2012, estas últimas del TSJM) la denuncia que originó la apertura de una segunda pieza, la que por primera vez condujo a Pedro Antonio Sánchez a declarar como imputado en el Tribunal Superior en el bautizado como caso dúplex. Fechada en 2007, los socialistas interpusieron querella por varios presuntos delitos vinculados a operaciones urbanísticas, entre ellas la firma de distintos convenios. Entre esos convenios figuraba uno suscrito en 2005 con un constructor que meses después vendió al entonces alcalde de Puerto Lumbreras un dúplex.

Dos años antes de que el caso recalara en el TSJM, Sánchez, que ya era diputado autonómico, renunció a su aforamiento y accedió a declarar ante el juzgado de Lorca que investigaba el asunto. Lo hizo el 16 de noviembre de 2017.  Al día siguiente, en su información sobre el testimonio prestado por Sánchez, el diario La Verdad publicó lo siguiente: "Entre las cuestiones sobre las que fue interrogado destaca la adquisición en el año 2005 de un dúplex, construido por un promotor local que unos meses antes había firmado un convenio urbanístico con el Consistorio (...) Cuando el alcalde suscribió la escritura de compraventa del citado dúplex, en el documento –según informes del fiscal que obran en poder de La Verdad– se hizo constar que Sánchez había abonado 30.000 euros al promotor antes de la firma; una circunstancia que, sin embargo, el constructor niega".

Tres años después de que el caso hubiera desembarcado en el TSJM (esas son las diligencias 01/2012), el mismo juez que ahora le interrogará en el caso Auditorio, Julián Pérez-Templado, archivó en febrero de 2015 el caso dúplex a petición de la Fiscalía murciana. El ministerio público se había opuesto durante dos años años a que el juez diese cerrojazo a las actuaciones a la vista de las discrepancias sobre los 30.000 euros mencionados en el párrafo anterior. Finalmente, el fiscal Juan Pablo Lozano –el mismo cuya vivienda ha sido asaltada por segunda vez, como adelantó infoLibre–  pidió el sobreseimiento. "De los 30.000 euros referidos a la compraventa de la vivienda, debe entenderse, a los solos efectos penales, que fueron satisfechos", escribió Lozano en su informe. 

 

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