De los 372 del Gobierno a los 1.400 del independentismo: radiografía de los posibles beneficiarios de la amnistía
Tras cuatro largos meses de trabajo, la ley de amnistía parece estar lista para superar ya el primer filtro parlamentario. El Pleno Congreso de los Diputados, salvo sorpresa mayúscula, dará este jueves luz verde a la norma de olvido jurídico tras los últimos retoques pactados entre socialistas e independentistas en relación con el terrorismo, la malversación y la alta traición. A partir de ahí, el texto iniciará su periplo en el Senado, donde el PP tiene previsto alargar al máximo la tramitación. Una amnistía cuyo alcance, sin embargo, todavía está por determinar. En el Gobierno calculan algo más de tres centenares de beneficiarios. En el independentismo, elevan la cifra muy por encima del millar. Y en Fiscalía rechazan, por el momento, ofrecer un dato cerrado de causas abiertas vinculadas al procés.
Una vez que la norma entre en vigor, son los propios jueces los encargados de aplicarla. Es decir, serán los órganos judiciales los que analicen y determinen si la amnistía tiene o no efecto sobre los procedimientos que tengan entre manos. A pesar de ello, el Ejecutivo de coalición ya ha puesto sobre la mesa una cifra sobre el número de beneficiarios de la futura ley. Según sus cálculos, la amnistía cubrirá a 372 personas. En diciembre, el fiscal general del Estado, Álvaro García, pidió a las fiscalías del Supremo, Audiencia Nacional y Cataluña información "detallada, individualizada y sistematizada" sobre todas las causas relacionadas con el procés. Pero esos datos, señalan desde el Ministerio Público, no se darán a conocer hasta que la ley no esté publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Las cifras del Gobierno, sin embargo, contrastan con las que se han manejado desde los sectores independentistas. En Ómnium Cultural, una de las principales entidades de la sociedad civil, se han calculado algo más de 1.400 beneficiarios, teniendo en cuenta tanto las causas penales como las administrativas. La última versión de la norma, de hecho, contempla la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa en relación con la Ley de Seguridad Ciudadana –conocida popularmente como ley mordaza–, siempre que, a criterio de la Administración que impuso la sanción, "se estime que concurren para ello criterios de proporcionalidad". Y con excepción, eso sí, de las que fueron impuestas por "infracciones muy graves", que quedan fuera del ámbito de la amnistía.
Los líderes
La ley de olvido jurídico cubriría, en principio, a los principales líderes del procés. Tanto los que ya fueron condenados e indultados –Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa o Jordi Turull aún arrastran la parte de la condena relativa a la inhabilitación– como aquellos que evitaron el juicio huyendo a otros países. Es el caso del expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, todos ellos procesados en el Supremo por desobediencia y malversación agravada. El exlíder del Ejecutivo catalán, además, está siendo investigado por terrorismo en el caso Tsunami. Por su condición de aforado, el procedimiento contra él se está siguiendo también en el Alto Tribunal, al igual que el del diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg, huido a Suiza.
En la Confederación Helvética se encuentra, del mismo modo, la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. En su caso, la reforma del delito de malversación y la eliminación de la sedición allanó el horizonte judicial. Pero luego estalló Tsunami. Y, al igual que Puigdemont y Wagensberg, ella también se situó bajo la lupa judicial en el marco de esta causa. Su caso, al no estar aforada, lo lleva el Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, el que dirige el magistrado Manuel García-Castellón. Con ella, se encuentran también investigadas en este procedimiento otras nueve personas más: Oriol Soler, Xavier Vendrell, Marta Molina, Josep Campmajó, Jesús Rodríguez, Jaume Cabani, Oleguer Serra, Nicola Flavio y Josep Lluís Alay.
El último de la lista, director de la oficina del expresident, también está enredado en el caso Volhov. Esta causa, que dirige el Juzgado de Instrucción nº1 de Barcelona, se centra en las supuestas conexiones entre el entorno del exlíder del Ejecutivo catalán y el Gobierno ruso tanto antes como después de la famosa declaración de independencia. Sobre este procedimiento planea la amenaza de un delito de traición, de ahí que los últimos cambios pactados en relación con la amnistía se hayan centrado también en este tipo penal. En concreto, se excluyen dichos actos solo cuando "se haya producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de España".
Otra de las posibles beneficiarias de la ley de olvido jurídico es la exconsellera de Educación y eurodiputada Clara Ponsatí. Tras la reforma del Código Penal, el Supremo la procesó sólo por desobediencia, que únicamente se castiga con inhabilitación. El mismo delito por el que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) impuso una condena de un año de inhabilitación a la consellera de Acción Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, que está en estos momentos a la espera de que el Alto Tribunal resuelva sobre el recurso que interpuso contra dicha sentencia.
La arquitectura del 1-O
En abril también está previsto que arranque el juicio contra varios cargos intermedios del Ejecutivo catalán durante aquel otoño caliente. Es el caso de Josep María Jové y Lluís Salvadó, ex secretario general de Vicepresidencia y ex secretario de Hacienda, respectivamente. Ambos se sentarán en el banquillo en el marco de la causa sobre la arquitectura del 1-O. El Ministerio Público les acusa de desobediencia, prevaricación y malversación agravada. Para el primero pide siete años de prisión, mientras que para el segundo, actual presidente del Puerto de Barcelona, seis años y tres meses. Junto a ellos, está también encausada la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga, para la que se pide un año de inhabilitación especial por desobediencia.
Ni Garriga ni Serret son las únicas integrantes del actual Ejecutivo catalán con cuentas pendientes vinculadas al procés. En una situación similar se encuentra la consellera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge. Formó parte, junto con otros juristas –Josep Pagès, Jordi Matas, Marc Marsal y Marta Alsina– de la Sindicatura Electoral, una suerte de Junta Electoral conformada para el referéndum. Y todos ellos tuvieron que sentarse por este motivo en el banquillo. En un primer momento, fueron absueltos por no considerarse probado que siguieran actuando una vez que el Constitucional anuló las llamadas leyes de desconexión. Pero la Fiscalía recurrió y la Audiencia de Barcelona ordenó repetir el juicio. Ahora, todo se encuentra en stand by a la espera de que el TC resuelva algunos recursos.
En relación con los preparativos de la consulta del 1-O, sobrevive otra causa en el Juzgado de Instrucción nº13 de Barcelona contra más de una treintena de políticos, funcionarios o responsables de diferentes empresas. La amnistía también podría beneficiar al exconseller de Interior Miquel Buch, condenado a cuatro años y medio de prisión por haber fichado como asesor a un sargento de los Mossos d'Esquadra –también castigado con cuatro años de cárcel– para que escoltase al expresident catalán tras su huida de España. O servirá para que queden borrados los antecedentes de aquellos miembros de la Mesa del Parlament –Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barruget y Lluís Guinó– a los que el TSJC condenó en un segundo juicio a cuatro meses de inhabilitación por el referéndum.
Los alcaldes y las protestas
A esta lista de casos habría que añadir el que afecta a una decena de excargos de la Associació Catalana de Municipis (ACM). Este procedimiento, en el que se investigan posibles delitos de malversación, fraude y exacciones ilegales, llevaba cerrado desde el verano de 2021, cuando la Audiencia de Barcelona decidió dar carpetazo al asunto con duros reproches al juez y fiscal. Pero el Ministerio Público recurrió. Y el Supremo le dio la razón, provocando así la reapertura de una investigación que se centra en los gastos de la ACM vinculados al procés.
Del olvido jurídico también podrían beneficiarse los regidores perseguidos por hacer caso omiso de la prohibición del Tribunal Constitucional de celebrar el 1-O. En febrero, el Tribunal Supremo confirmó, por ejemplo, la condena a tres meses de inhabilitación al exalcalde de Alcarràs Miquel Serra por favorecer la celebración del referéndum. También fue castigado por desobediencia el de Agramunt –Bernat Solè–, el de Argentona –Eudald Calvo– o el de Sabadell –Maties Serracant–.
A estas grandes causas habría que sumar, además, todas aquellas relacionadas con las protestas derivadas de la sentencia del procés. Ahora bien, el número de procedimientos de este tipo y el estado en el que se encuentran los mismos en la actualidad es algo mucho más complicado de determinar. Durante la semana de protestas en suelo catalán, las Fuerzas de Seguridad llegaron a detener a dos centenares de personas. Por desórdenes públicos fue condenado a un año y medio el joven Oriol Calvo. Tres años y medio fueron los que le cayeron, por su parte, a Adrián Sas. Y otros tres los que se impusieron a tres jóvenes que tiraron piedras a una furgoneta de los Mossos el 1 de octubre de 2020 en Granollers.
Mediático ha sido, también, el caso de Dani Gallargo, condenado a cuatro años y medio de prisión por desórdenes públicos y atentado a la autoridad durante una protesta contra la sentencia del procés en Madrid. Y suspendido se encuentra, a la espera de que se apruebe la amnistía, el juicio contra cuatro jóvenes acusados de cortar las vías del AVE durante el primer aniversario del 1-O. Los encausados se enfrentan a cuatro años de cárcel y multas de 12.150 euros por delitos de desórdenes públicos, atentado, daños y lesiones leves.
