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Las amenazas del Gobierno y el PP a los fiscales anticorrupción indignan a las asociaciones profesionales

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, comparece este jueves ante los medios.

Las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien este jueves expresó su creencia en que la "negativa" de las fiscales del caso Púnica a firmar un escrito favorable al presidente de Murcia "generará algún tipo de actuación interna en la Fiscalía", provocó ayer la indignación de las asociaciones profesionales.  

Las palabras del máximo responsable de Justicia le granjearon el inmediato reproche de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que pidió la dimisión del ministro, sí como el de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) e incluso el de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales.  

El tono de la amenaza implícita vertida por el titular de Justicia se vio superado por las palabras que más tarde lanzó el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando. La Fiscalía, dijo el diputado, "funciona como funciona hace muchísimo tiempo" y también tiene "sus límites" ante la posibilidad de que haya fiscales que decidan "inventarse delitos que no existen en el Código Penal". Según Hernando, los fiscales tienen tener "a veces alguna limitación". "Esto es supongo lo que ha pretendido hacer el fiscal general", ha manifestado, para insistir en que no hay intereses políticos en estas decisiones del Ministerio Público, pero sí en las formaciones políticas que, según su diagnóstico, presentan sistemáticamente demandas para ganar en los tribunales lo que no ganan en las urnas.

Fue en una entrevista concedida a la Cadena Ser donde antes de que Hernando subiera aún más de grados el termómetro de la polémica se había ya pronunciado sobre lo sucedido en Púnica el ministro de Justicia. "Me parece –dijo en relación a las dos fiscales del caso– que es un procedimiento anómalo que se nieguen a firmar, imagino que eso generará algún tipo de actuación interna en la fiscalía, que se esté dando esa información de bueno sí, sí, pero a mí me obligaron y yo no quise". En ese momento, la conductora del programa, la periodista Pepa Bueno, preguntó al ministro si también le parece anómalo que el presidente de Murcia tuviera información sobre la posición adoptada en bloque por los cuatro fiscales jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo antes de que esa información hubiera trascendido.

Catalá minimizó entonces el alcance de ese aspecto del asunto y argumentó que la Fiscalía General del Estado firmó el lunes su decreto sobre la posición que Anticorrupción debía adoptar en el caso del presidente murciano mientras que la entrevista en la que este desveló su conocimiento de lo que opinaban los cuatro fiscales jefe del Supremo tuvo lugar a la mañana siguiente. "Me temo que han pasado las horas suficientes y me temo que ha pasado por las manos suficientes como para que alguien le haya podido informar del asunto", adujo el ministro.

El titular de Justicia fue más allá en su carga contra las fiscales de Púnica: "Que el criterio de dos fiscales –dijo en otro momento de la entrevista– no sea soportado por sus jefes, no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", remachó.

Citando como ejemplo una noticia conocida la semana pasada –la firma de sendos acuerdos de conformidad por parte de siete empresarios que admiten haber financiado al PP valenciano–, el ministro subrayó que la Fiscalía debería funcionar "con mayor discreción".

Los reproches a Catalá desde las asociaciones profesionales cayeron en cascada a partir de la entrevista. A través de un comunicado, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) pidió la dimisión del ministro "por cuestionar, fuera de sus competencias constitucionales el trabajo de nuestras compañeras, y amenazar con acciones contra ellas  por discrepar del criterio de un superior". "Es una intromisión intolerable en nuestro trabajo por parte del Ejecutivo y un desprecio a la autonomía del Ministerio Fiscal", añade la nota.

También la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) reclamó con una nota pública que el Consejo Fiscal, órgano que asesora a la Fiscalía General del Estado, "ampare a las compañeras injustamente atacadas en los medios de comunicación". "Lo anómalo –opina la APIF– debería ser que cualquier Fiscal de este país, como jurista de acreditada solvencia profesional, no discutiera aquellas órdenes que entendiera por cualquier motivo improcedentes".

Incluso la Asociación de Fiscales, de signo conservador y mayoritaria en la carrera, lanzó un reproche a Catalá. El ministro, transmitió la asociación en un comunicado oficial, "no debe tomar partido ni dar su opinión sobre una u otra postura", pues, dado el cargo que ocupa, "puede dar la falsa percepción de injerencia del poder Ejecutivo en el Judicial".

Desde la magistratura, la asociación Jueces para la Democracia solicitó que se modifique el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y han reivindicado la necesidad de concienciar a los políticos en una cultura de respeto a la independencia judicial y de autonomía del fiscal. "El Ministerio de Justicia tendrá que dejar trabajar y omitir cualquier tipo de valoración", aseveró su portavoz Ignacio Ubaldo González.

Maza niega presiones políticas

En medio del terremoto provocado por el viraje de Anticorrupción en lo relativo al presidente de Murcia, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, aseguró este jueves que "en absoluto" el Ministerio Público ha recibido presiones en su decisión de pedir que no se investigue al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en relación con la trama Púnica y al respecto ha afirmado que este criterio está "totalmente fundado en la legalidad".

El fiscal general precisó que se trata de una actuación avalada por los informes firmados por dos fiscales de Sala de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado y por cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y se ha mostrado sorprendido por la solicitud del PSOE de que comparezca en el Congreso de los Diputados.

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