El año 2018 se cierra con 47 víctimas mortales de violencia machista, la cifra más baja desde 2003

El año 2018 ha terminado con 47 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Si bien el análisis estadístico no siempre arroja explicaciones sólidas, el ciclo recién clausurado se proclama como el más benévolo para las mujeres. Se trata del año con menos víctimas mortales registradas desde que existe un recuento oficial, que comenzó en el año 2003. La conciencia social y las exigencias a nivel judicial son algunos de los factores que podrían explicar, según los expertos, la tendencia a la baja.

Los últimos años, aunque lejos de celebraciones, han sido los menos perjudiciales para ellas. El pasado 2017 dejó 51 víctimas mortales y el 2016 un total de 49. Los peores años, por contra, transcurrieron entre 2003 y 2010, cuando los feminicidios oscilaban las siete decenas, con la excepción de 2005 (57) y 2009 (56).

Denuncias, protección y sistema judicial

Una primera mirada a las cifras obliga a analizar la cuestión clave de las denuncias y las medidas de protección. Ahí radica uno de los principales factores que condicionan la violencia machista en su grado más extremo.

En 2016, el segundo año menos mortal, un total de 142.893 mujeres presentaron una denuncia por malos tratos, según la estadística que confecciona cada año el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aquel ejercicio dejó un récord en cuanto a las denuncias presentadas, sólo superado –a falta de los datos anuales de 2018– por 2017, que se cerró con 166.260 denuncias. Y es precisamente 2017 el tercer año con las cifras de feminicidio más bajas (51). A priori parece claro que existe una correlación entre las denuncias y los asesinatos machistas: a más denuncias, menores asesinatos. Sin embargo, la regla no siempre se cumple y el ejemplo de 2008 es buena muestra de ello. Aquel año se registraron un total de 142.125 denuncias por violencia de género, sólo por debajo de 2016 y 2017. Sin embargo, un total de 76 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, la cifra más alta de la serie histórica.

Ocurre, además, que entre las mujeres asesinadas existe una gran mayoría, en torno al 70%, que no dio el paso de denunciar. Y otra gran mayoría de víctimas mortales que no contaba con medidas de protección. En 2018 sólo el 29,8% de las víctimas mortales había presentado una denuncia. Del total de víctimas, asimismo, únicamente en el 19,1% de los casos se adoptó una medida de protección y sólo en el 10,6% estaba vigente en el momento de su asesinato. Todo análisis evidencia un panorama desolador: la ausencia de denuncias y de medidas de protección predomina entre las mujeres asesinadas, pero además el sistema falló para quienes sí habían denunciado y estaban teóricamente protegidas.

Entra en juego aquí una cuestión determinante: no se trata tanto de la cantidad sino también de la calidad. La calidad, en este caso, del sistema judicial. Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, recuerda que "el hecho de que el porcentaje de mujeres que denuncia esté en torno al 30% es un fracaso tremendo y no podemos verlo en positivo". Pero igualmente grave resulta que "a quien denuncie no se la tome en serio, no se vea el riesgo y no se adopten medidas de protección".

En 2017, el porcentaje de órdenes de protección respecto a las denuncias experimentó un descenso del 12,8% en comparación con el año anterior. Por su parte, la ratio sobre el total de mujeres víctimas cayó un 13,7% entre los dos años. En el tercer trimestre de 2018, los últimos datos disponibles, fueron 6.966 las medidas adoptadas. La evolución esta vez, y por el momento, es positiva si se compara con el tercer trimestre de 2017: un 2,6% más de órdenes respecto a las denuncias y un 5,2% más de órdenes sobre el total de mujeres víctimas. 

Es fundamental, menciona Lorente, "reducir el riesgo utilizando los mecanismos" de los que se dispone. La experiencia dicta que no siempre se agotan todos los sistemas de protección, de manera que existen mujeres que "han sido asesinadas sin haber agotado todos los recursos para protegerlas", de manera que el total de asesinatos "podría ser mucho menor si una parte significativa hubiera recibido la protección adecuada". Para el exdelegado, "la construcción social y cultural" que alimenta al machismo echa raíces en los juzgados. Y aunque repercute también a otros niveles, el sistema judicial es clave precisamente como agente que determina la protección de las víctimas. Es ahí, en la esfera judicial, donde el movimiento feminista más ha combatido en el último año. Las carencias de los juzgados, la falta de especialización y la ausencia de garantías están ya bajo el foco y comienzan a ser prioridad para los representantes políticos.

Conciencia social

El balance del año deja, para Miguel Lorente, varias lecturas. "No hay casualidades", dice, "no hay inocencia en los resultados y sí hay causas". Existen, a su juicio, "factores que pueden ser circunstanciales y otros que pueden ser estructurales y que pueden ser consecuencia de elementos temporales o más sostenidos en el tiempo". Es entre las razones estructurales donde el exdelegado sitúa un "cambio social evidente" que durante el pasado año generó "mayor concienciación sobre la violencia y sus contextos". Por tanto, "la sensibilidad y el conocimiento frente a la concepción de violencia ha mejorado" y ha dejado un "poso evolutivo de cambio". Esto se produce gracias a factores clave como el movimiento MeToo, menciona Lorente, el 8M, todo lo relacionado con el juicio contra La Manada y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. "Ha habido referencias objetivas que han facilitado que se tome conciencia de que la violencia de género no surge de las circunstancias, sino que es una construcción estructural", observa el experto. Todo ello "forma parte de un entramado y ese relacionar la violencia con el entorno social y cultural permite mayor conciencia y mayor rechazo".

En su análisis coincide Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la asociación Themis Mujeres Juristas. "Las 47 mujeres asesinadas son cifras inasumibles, aunque sean menos víctimas que en años anteriores", se apresura a recalcar en conversación con este diario. Respecto al descenso, la jurista confía "en la dialéctica" y cree que el Pacto de Estado tiene gran parte de responsabilidad. El primer plano en el que la sociedad ha situado al acuerdo estatal, confía, así como el impulso del movimiento feminista en torno al 8M, "no son hechos ajenos a esa disminución relativa". Y es que "cuanto más movimiento hay, más retrocede el machismo", mientras que "cuanto menos movimiento social y feminista hay, el machismo más campa a sus anchas".

Gonzalo no olvida, sin embargo, que en 16 años han sido 975 los asesinatos machistas soportados. "Este año tiene que ser el de la consolidación de ese fuerte movimiento feminista", reflexiona. Y en este punto tanto Gonzalo como Lorente coinciden en alertar sobre el crecimiento de Vox y sus dardos contra el movimiento y las políticas feministas. "Hay amenazas, un partido que está tratando de extenderse con unas ideas inauditas pero que están teniendo eco", lamenta la jurista. El feminismo, como lucha por la igualdad, debe dar respuesta.

Feminicidios

Una de las principales reivindicaciones del movimiento feminista, que este año se ha hecho más fuerte, tiene que ver con la consideración de víctima. Conforme a lo dictado por la Ley Contra la Violencia de Género de 2004, las cifras oficiales únicamente contemplan a las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Pero la realidad dibuja un panorama algo distinto. Las mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujeres alteran las cifras y redimensionan el problema. Feminicidio.net lleva desde 2010 elaborando un recuento paralelo en el que suma aquellas otras víctimas que tradicionalmente han estado en segundo plano. En los últimos nueve años, el número de feminicidios según la plataforma ha estado próximo al centenar: 126 en 2010; 115 en 2011; 113 en 2012; 114 en 2013; 105 en 2014; 113 en 2015; 105 en 2016; 99 en 2017 y 97 en 2018.

Casos como el de Laura Luelmo o Diana Quer han puesto nombre a una demanda que se reclama urgente. El Gobierno parece haber escuchado el mandato del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género y ha iniciado los primeros pasos para que la estadística se ajuste más a la realidad de la violencia contra las mujeres.

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Miguel Lorente cree el paso "muy positivo y muy necesario", porque la violencia machista "es mucho más que la violencia que se ejerce en las relaciones de pareja". El ámbito de la ley, dice, se redujo en un primer momento al de la pareja "para conseguir un elemento que ya hemos alcanzado: vincular cultura y violencia". Para el exdelegado, "si en ese momento la violencia de género no se hubiera delimitado a la más frecuente y cercana, hubiera sido difícil vincular la construcción machista a esa violencia que ejercen los hombres por el hecho de ser hombres". Casi quince años después, es momento de ir más allá.

Esa violencia adopta múltiples caras y todas ellas "forman parte del mismo núcleo, origen y realidad" porque "no estamos hablando de contextos, sino de sociedad", juzga el exdelegado. Con él coincide Altamira Gonzalo, quien recuerda que la iniciativa del Gobierno da respuesta a uno de los compromisos asumidos por el pacto estatal. Ahora, estima, además de la estadística urge "extender los recursos a las víctimas" de la violencia machista, sin excepción.

*La gráfica respecto a las denuncias presentadas muestra datos a partir de 2007 porque en 2003 y 2004 el CGPJ sólo recogía cifras de violencia doméstica, mientras que en 2005 y 2006 únicamente cifraba los asuntos penales registrados, que "no resultan equivalentes al número de denuncias".