La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce como acusación popular en la causa contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, solicita al Tribunal Supremo el procesamiento del jefe del Ministerio Público y a la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, una vez se lleven a cabo las testificales que quedan pendientes en la causa. Lo hace al entender que en la causa concurre “un acervo probatorio desmesurado”, a pesar de que los investigadores siguen sin encontrar la prueba definitiva de que el fiscal general filtrase los correos en los que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconocía la comisión de delitos fiscales y buscaba un acuerdo con el Ministerio Público.
"Alegaciones falsas" y un ático que disfruta Ayuso: el fiscalista de González Amador, ante el juez
En un escrito remitido al instructor de la causa, el magistrado Ángel Hurtado, la asociación apunta que la “instrucción” es un “mero acopio de indicios delictivos”. Y que en nuestro país no es competencia del órgano instructor “la determinación de la preponderancia o preeminencia” de los indicios de cargo frente a los de descargo. “Dicha competencia descansa sobre la responsabilidad de los órganos de enjuiciamiento”, continúa . Y concluye: “Y siendo que concurre un acervo probatorio desmesurado en este caso, entendemos que, practicadas las diligencias acordadas y las pedidas en este escrito, procede el dictado de auto de procedimiento abreviado”.
Entre otras cuestiones, la acusación popular cita el borrado de los dispositivos móviles del fiscal general: “Nadie borra su inocencia, máxime cuando ya sabe que se le va a investigar judicialmente”. También las testificales recabadas o los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, si bien los mismos sólo prueban que el fiscal general tuvo acceso al correo filtrado antes de que apareciera en algunos medios de comunicación, pero no que fuera él quien filtrase o diera orden de filtrar dichos correos. Una “pistola humeante” que el instructor tampoco ha hallado en la respuesta que Google o WhatsApp remitió a sus comisiones rogatorias, en las que no se aportaba nada nuevo relevante al procedimiento.
Con carácter previo al procesamiento, la asociación de fiscales también ha pedido la práctica de determinadas diligencias. Por un lado, solicita que se requieran los tres expedientes de dación de cuenta relativos a González Amador. Y por otro, que se oficie a la UCO para que determine si en el móvil del fiscal general aparecen agendados los teléfonos de Pilar Sánchez Acera, quien remitió a Juan Lobato el correo antes de que una imagen del mismo acabase en los medios, y de varios periodistas.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce como acusación popular en la causa contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, solicita al Tribunal Supremo el procesamiento del jefe del Ministerio Público y a la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, una vez se lleven a cabo las testificales que quedan pendientes en la causa. Lo hace al entender que en la causa concurre “un acervo probatorio desmesurado”, a pesar de que los investigadores siguen sin encontrar la prueba definitiva de que el fiscal general filtrase los correos en los que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconocía la comisión de delitos fiscales y buscaba un acuerdo con el Ministerio Público.