No habrá macrocausa. La petición que llevan seis años peleando los familiares de los 7.291 fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia se ha encontrado con la oposición de la Audiencia Provincial de Madrid. Las familias rechazaban que las denuncias estuvieran dispersas y pedían centralizar todo en un solo juzgado. Al fin y al cabo, decían, en todos los fallecimientos existía un contexto idéntico y un denominador común de peso: la existencia de los famosos Protocolos de la Vergüenza, desvelados por infoLibre y que impidieron la derivación a ancianos a los hospitales durante aquellos meses. Pero los magistrados se han negado.
En el auto, fechado el 22 de abril y al que ha tenido acceso este diario, la Sección Primera señala que “no existe una identidad subjetiva y objetiva en las diferentes causas” y que, “si bien coinciden tres de los investigados, en otras causas figuran otros y los sujetos pasivos (los fallecidos) son diferentes con padecimientos distintos”. Es decir, que cada fallecimiento durante los peores meses de la pandemia en las residencias de la Comunidad de Madrid debe ser investigado de manera individualizada.
Además, los magistrados de la Audiencia de Madrid no ven conveniente la acumulación en una macrocausa por una cuestión práctica. “El conocimiento de todas ellas en una misma causa lo que haría sería añadir complejidad y dilatar más el procedimiento e impediría analizar con mayor minuciosidad cada caso concreto”, apuntan.
Carmen López Llorente, portavoz de Marea de Residencias, responde contundente al otro lado del teléfono: “Es un jarro de agua fría”. Llevan años luchando para que se haga justicia y se han enfrentado a numerosas trabas burocráticas y judiciales, pero aún así, la noticia les ha cogido desprevenidos. “Ahora estamos como al principio, pero vamos a seguir luchando, nos van a tener enfrente”, sentencia.
Con el mismo nudo en la garganta responde María Jesús Valero, portavoz de 7.291: Verdad y Justicia. “Abandonaron a las víctimas que fallecieron en lo peor de la pandemia en las residencias de la Comunidad de Madrid y ahora nos abandonan a nosotros. Basta ya de impunidad”, cuenta.
“No es lo mismo que cada juzgado investigue por su cuenta, con casos dispersos en tribunales de toda la región, a que toda la información esté concentrada en un solo", explica López. Sin embargo, el auto justifica la dispersión por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que señala que cada delito da lugar a la formación de una única causa.
“Nos parece algo incomprensible desde el punto de vista jurídico”, afirma Alejandra Jacinto, abogada de las familias. Y señala el paralelismo con lo que ha ocurrido con la dana de Valencia. “Allí, las circunstancias del fallecimiento de cada víctima se debieron a causas diferentes pero las responsabilidades de los altos cargos eran las mismas y por eso se investigan en un solo juzgado”, concreta.
“Estas diferencias en los casos con una alta implicación política, son incomprensibles para los ciudadanos, que pueden deducir que lo que se está evitando es que haya una macrocausa que exponga el verdadero daño que se ha hecho a cientos de residentes”, añade.
Una investigación que no avanza
Los retrasos, la suspensión de declaraciones y el constante desprecio institucional son los tres elementos centrales que marcan la lucha de las familias de los 7.291 fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid.
Una batalla que no consigue avanzar en los juzgados. De hecho, no es la primera vez que la Audiencia de Madrid se pronuncia sobre unir las causas. Sucedió en diciembre de 2025, cuando el Juzgado de Instrucción nº5 trató de enviar al Juzgado de Instrucción nº3 el caso de una mujer fallecida en un geriátrico. No tuvo recorrido. Los motivos fueron casi los mismos que ahora: alegaron que tenían que analizar de forma independiente cada caso.
También se acumulan decenas de recursos de amparo en el Tribunal Constitucional. La resolución de estos se encuentra congelada para no interferir en las causas penales que están en curso, según contó eldiario.es.
El periplo judicial de las familias comenzó con varias denuncias por homicidio imprudente y omisión de socorro. No tuvieron recorrido. Era necesario demostrar que los residentes podrían haber sobrevivido si hubieran acudido a un hospital. Tras varios casos archivados, cambiaron de estrategia. A partir de octubre de 2024, centraron su atención en el delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria y, en vez de apuntar a Ayuso, comenzaron a centrar la ofensiva en cargos intermedios.
La espera y la imposibilidad de encontrar justicia y reparación tiene a las familias sumidas en el cansancio, cuentan. Les afecta hasta a la salud. “Que tus seres queridos tengan que morir así, de una forma tan cruel, y no poder despedirse es algo que no se supera fácilmente. Pero también es todo lo que lo ha rodeado”, relata Carmen López. Explica la portavoz que muchas familias tuvieron que soportar que no se les aportará la información suficiente, o que llegaran pero de forma contradictoria, incluso hay personas a las que no les habían entregado las cenizas.
“Ha sido todo tan traumático, que ya te lleva a tener una sensación de enfermedad. Cada vez que pasa algo así, te intentan hundir aún más en el hoyo, parece que es imposible salir de él. Pero la única manera de sanar es seguir luchando”, zanja.
No habrá macrocausa. La petición que llevan seis años peleando los familiares de los 7.291 fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia se ha encontrado con la oposición de la Audiencia Provincial de Madrid. Las familias rechazaban que las denuncias estuvieran dispersas y pedían centralizar todo en un solo juzgado. Al fin y al cabo, decían, en todos los fallecimientos existía un contexto idéntico y un denominador común de peso: la existencia de los famosos Protocolos de la Vergüenza, desvelados por infoLibre y que impidieron la derivación a ancianos a los hospitales durante aquellos meses. Pero los magistrados se han negado.