Baleares gana la batalla contra la tauromaquia y sienta bases para la regulación en otras comunidades

La batalla animalista en Illes Balears deja a sus espaldas un amplio recorrido que ha concluido este lunes con la aprobación de la Ley de toros, que viene a sustituir la normativa 1/1992 con el objetivo de generar un nuevo espacio de protección animal. A finales de 2015 Podem, PSIB-PSOE y la coalición entre Més y el partido Gent per Formentera (GxF) presentaron una proposición de ley para prohibir los festejos taurinos en la comunidad. Pero una sentencia del Tribunal Constitucional obligó en octubre de 2016 a los antitaurinos baleares a cambiar sus planes y reformular sus planteamientos. La resolución declaraba anticonstitucional la prohibición de las corridas taurinas en Cataluña –la única comunidad que las prohíbe, desde 2010, junto a la pionera Canarias, desde 1991–, en base a la ley del 2013 que declara a la tauromaquia patrimonio cultural y niega las competencias en esta materia a las comunidades. La opción de prohibirla quedó entonces descartada.

La proposición de ley fue modificada a través de una enmienda para evitar la prohibición sobre el papel pero lograr la protección total de los animales en la comunidad. El camino para alcanzar el objetivo marcado se basaba en dos premisas: la existencia de competencias autonómicas respecto a bienestar animal y a espectáculos públicos.

La antigua normativa balear de 1992 prohíbe "el uso de animales en fiestas o espectáculos, en los que éstos puedan ser objeto de muerte, tortura, malos tratos, daños, sufrimientos, tratamientos antinaturales, o en los que se pueda herir la sensibilidad del espectador", pero contempla como salvedad las corridas de toros. Eliminando la excepción de los toros se conserva el artículo al tiempo que se regulan las corridas. De este modo, se excluye la prohibición como tal, pero se modifica la ley de tal manera que la celebración de corridas sería prácticamente inviable, de forma similar a lo que ocurrió en Canarias cuando en 1991 se eliminó la excepción de la tauromaquia en la regulación sobre bienestar animal.

Por otro lado, los animalistas apostaron por una modificación de la ley de Actividades Clasificadas, donde hay una disposición derogatoria en su artículo 66 que incluye a las corridas como actividad menor. Eliminando este apartado se vuelve a actividad no permanente mayor, se abre más el abanico de requisitos y se endurecen las posibilidades de celebrar este tipo de festejos.

Este lunes la labor y las aspiraciones de los defensores de los animales se han visto satisfechas. Con 33 votos a favor, 19 en contra –por parte de PP y Ciudadanos– y dos abstenciones, Baleares se ha declarado libre de tortura y maltrato animal. La nueva norma establece restricciones como la prohibición de herir a los animales, la muerte del animal al finalizar el espectáculo, la limitación del tiempo a diez minutos por toro o la entrada de menores de 18 años.

¿Fraude de ley?

El mismo lunes la Fundación Toro de Lidia (FTL) anunció su intención de emprender acciones legales contra la ley porque "quita la esencia de la tauromaquia, que es la muerte" y es un "fraude legal". Según informó Europa Press, el presidente de la entidad, Carlos Núñez, considera que la norma es "una auténtica barbaridad" y  una "irregularidad jurídica". La reacción tampoco se ha hecho esperar por parte de la Abogacía del Estado, quien ya ha subrayado su voluntad de estudiar la norma y, si considera que invade competencias, recurrir ante el Tribunal Constitucional.

La abogada animalista Anna Mulà asegura en conversación con infoLibre que la ley recién aprobada es un "trabajo impecable jurídicamente, que estudia los límites competenciales según el reparto constitucional". Aunque las comunidades autónomas "no pueden prohibir de plano la tauromaquia, no hay ningún impedimento para regular con la finalidad de establecer requisitos para el cuidado y el bienestar del toro bravo", por lo que la ley se convierte en "un texto difícilmente cuestionable desde el punto de vista jurídico".

La normativa balear, insiste Mulà, "ha podido aprobarse incluso con la ley de 2013" que declara a la tauromaquia patrimonio cultural. "No se trata de un fraude de ley porque no se está prohibiendo, no hay abolición, hay regulación", zanja.

El activista animalista Leonardo Anselmi recalca que la ley aprobada cuenta con un matiz "estratégico muy claro". "Nosotros intentamos prohibir el 100% del sufrimiento, pero el Tribunal Constitucional dice que no, así que intentamos el 95% y lo hemos conseguido", señala Anselmi. Se trata, a su parecer, de un cambio "sustancial porque se genera derecho a la vida, se prohíbe matar a los animales".

A efectos prácticos, continúa, "el sector taurino puede no querer organizar corridas" bajo tales requisitos, de modo que Baleares podría caminar hacia la extinción definitiva de dichos festejos. "Nos gustaría decir que la sociedad ha avanzado tanto que podemos prohibir prácticas crueles, nos gustaría llegar a esa realidad", confiesa, no sin matizar que el de este lunes en las islas supone un claro "paso adelante" que consiste en "ir lo más allá que permite el Tribunal Constitucional". 

Por su parte, el diputado de Podem Carlos Saura recalca que la ley fue elaborada con "buen asesoramiento por parte de gente que se dedica a ello", y denuncia que el Tribunal Constitucional "se usa como un ministerio más del Gobierno de Rajoy sin argumentos suficientes". No obstante, el parlamentario recuerda como precedente positivo que "el año pasado Tordesillas recurrió al TC y éste no admitió a trámite el recurso porque consideraba que la comunidad autónoma tenía capacidad para decidir si el animal debe morir o no".

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Es a nivel autonómico donde los animalistas perciben una mayor oportunidad de alcanzar sus metas. "Las regiones son muy importantes, no son todas iguales, hay diferentes sensibilidades: Canarias, Cataluña, Asturias, Galicia, Baleares están mucho más sensibilizadas por muchísimos factores, y no podemos tener que esperar a unas para que puedan avanzar todas", señala Anselmi. En este sentido, defiende un "acercamiento del poder a las competencias más próximas a la gente, que son las municipales y autonómicas".

Pero para ello resulta imprescindible un paso más: abolir la ley aprobada en 2013 a nivel estatal. "Es una ley totalmente carente de contenido", denuncia Anselmi, quien considera que existe "un grupo muy bien organizado que tiene el nombre de PP y el interés de blindar la tauromaquia". Por tanto, valora, "hay que ir contra esa ley, tirarla para atrás", un asunto que "deberá plantearse el Congreso y cuya llave va a tener el PSOE".

Damià Borràs, diputado del PSBI-PSOE, insiste en declaraciones a este diario en su total apuesta por la protección de los animales. Las comunidades, recuerda, "pueden regular sobre el bienestar del toro a través de las competencias del bienestar animal", por lo que entiende que aquellos territorios gobernados por el PSOE deberían seguir los pasos de Baleares, "hacer lo mismo y luego intentar suprimir la ley de 2013", que tacha de norma "absurda para contrarrestar la ley de Cataluña".