Los barones del PP atacan a Sánchez al no poder explicar en qué afecta la amnistía a sus competencias

El segundo intento del PP de movilizar a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado contra la futura ley de amnistía, que precisamente tienen en sus manos la Cámara Alta, pasó este lunes con más pena que gloria. Esta vez no solamente no acudió nadie del Gobierno ni ningún representante de los territorios que los de Alberto Núñez Feijóo no controlan, sino que ni siquiera se presentaron a la representación los presidentes de seis autonomías con ejecutivos conservadores (Andalucía, Baleares, Cantabria, Galicia, La Rioja y Canarias).

La desbandada dejó el terreno libre a la media docena de barones del PP que sí acudieron para competir en hipérboles contra del Gobierno de Pedro Sánchez. Ninguna de ellos fue capaz de citar una sola competencia de sus respectivas comunidades autónomas que se vaya a ver afectada por la amnistía, más allá de generalidades como la ruptura de “la unidad de España” o de “la igualdad de los españoles”.

Privada de sentido la sesión —la excusa era aprobar un informe denunciando la supuesta afectación de la medida de gracia a las autonomías—, Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Jorge Azcón (Aragón), Carlos Mazón (Comunitat Valenciana), Fernando López Miras (Murcia), María Guardiola (Extremadura) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) dieron rienda suelta a su galería de reproches contra el presidente Sánchez. 

El president catalán, Pere Aragonès, en plena precampaña electoral, tampoco desaprovechó la oportunidad que le brindó el PP para hacerse hueco ante los electores independentistas y asegurar que conseguirá arrancar al Gobierno la recaudación de todos los tributos —el modelo vasco—, así como la celebración de un referéndum pactado. Ni él ni los presidentes autonómicos del PP ser quedaron debate. Se escucharon entre sí —Aragonès fue el primero en hablar— y se fueron a sus respectivos quehaceres sin esperar al desenlence de la sesión.

Del ‘apartheid’ al “grupo salvaje”

Antes de irse, los barones compitieron en intensidad dialéctica. La amnistía “es un troyano, un destructivo virus instalado por el separatismo en el marco de convivencia nacido la Transición”, proclamó López Miras. “Un contrato de compraventa” y una “rendición” que da “barra libre al secesionismo”. Una “pantomia partidista” y una ley “tóxica” que “consagra un ‘apartheid’ financiero”, según Mazón.

La extremeña Guardiola, que hace un año pasaba por moderada y ahora gobierna en coalición con la extrema derecha, fue pródiga en metáforas. Con Sánchez “la verdad se convirtió en un acontecimiento póstumo”. El PSOE “ha traicionado a sus siglas y ha pisoteado a su rosa”. Sus socios “vuelan en círculo sobre el cuerpo herido de nuestra democracia”. Este Gobierno, remató, “es como un grupo salvaje que responde con fuego a cualquier intento de diálogo”.

Azcón no se anduvo con rodeos: “Quien quiera reirse de los aragoneses”, dijo mirando hacia el president catalán, “lo único que hace es demostrar su enanez política“. La amnistía, resumió al final de su intervención, es “el mayor atentado y la mayor corrupción de nuestra democracia”.

Es una “infamia”, un “cambalache” “absolutamente intolerable”, contribuyó Fernández Mañueco. “El mayor fraude constitucional de nuestra historia democrática”. “Se está intentando reformar nuestra Constitución por la puerta de atrás”, arguyó. “Estamos hablando de la supervivencia de nuestra democracia”.

“Miccionando en la cara”

Ayuso, acostumbrada a destacar, no quiso ser menos. Habló de un Gobierno “que ha decidido imponer su poder bajo la política de tierra quemada, a golpes, en lugar de ganárselo en las urnas”. Y aseguró abiertamente que “estamos ante un golpe contra la unidad nacional, la democracia y el Estado de derecho programado y por etapas que será imparable si no reaccionamos a tiempo”y que vinculó al supuesto objetivo de Sánchez de“blanquear el plan criminal soñado por ETA”. 

Su número dos, el senador madrileño Alfonso Serrano, tampoco quiso pasar desapercibido. “Cuando hablaba el señor Pere Aragonès a lo mejor tenía la percepción de que estaba lloviendo”, le dijo a parlamentario socialista Juan Lobato. “Pero no. Nos estaban miccionando a todos los españoles en la cara”.

Sobre la ley, apenas nada. Todos dieron por seguro que habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña porque los independentistas lo piden y Sánchez está “dispuesto a todo” con tal de prolongar la legislatura.

Los barones prefirieron poner el acento en los supuestos agravios que el Gobierno está cometiendo con Cataluña al condonar su deuda (pasaron por alto que esa posibilidad está abierta a todas las comunidades autónomas) o traspasar el control de las cercanías ferroviarias (un servicio que o bien no existe en otros territorios o cuya transferencia nunca ha sido solicitada).

Argumentos

Algunos hicieron esfuerzos en describir la supuesta afectación de las competencias autonómicas por parte la amnistía, el motivo que había dado pie a la convocatoria de la comisión. Pero pronto quedó claro que poco pueden aportar en ese terreno. Mañueco aseguró que, como la futura ley “afecta a España, eso incumbe directamente a Castilla y León”. Y diciendo cosas como que, a partir de ahora, los “mismos delitos terminan en condena en comunidades autónomas como Castilla y León y en absolución en Cataluña”. O que ataca la libertad porque cambia “la libertad para vivir en paz por la libertad para delinquir”.

Lo intentó también Carlos Mazón, diciendo que “la amnistía supone deslegitimar al Estado” y deja “impune” la “destrucción de la unidad de España”. O con argumentos tan singulares como que la quiebra de la igualdad tiene su origen en que la negociación de la investidura tuviera lugar “fuera de España”.

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La amenaza al estado autonómico, planteó el aragonés Azcón, deriva de que la amnistía “puede alentar” el crimen, como “todo tipo de movimientos separatistas, actos insurreccionales contra los principios de unidad, de autonomía y de solidaridad”. O porque amnistiar la malversación “tiene un impacto directo en la hacienda única del Estado, de la que nos financiamos todas las comunidades autónomas”, argumentó, ignorando deliberadamente cómo funcionan los mecanismos de reparto. Guardiola, Ayuso y López Miras, conscientes de la dificultad de aplicar a la amnistía el prisma del agravio autonómico, prefirieron no entrar en la cuestión.

La sesión, como estaba previsto, concluyó sin que nadie diese su brazo a torcer. Ni en contra ni a favor de la amnistía. La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado acabó aprobando, gracias a la mayoría absoluta del PP, un informe en el que se alerta de que la proposición de ley “deja desprotegido el Estado de las Autonomías al sentar un precedente peligroso para su propia supervivencia”.

Superada esta etapa, el Senado se dispone a dar esta misma semana el siguiente paso y a impugnar la tramitación de la ley cuestionando por primera vez al Congreso de los Diputados.