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Belarra pide al CGPJ que dé datos públicos sobre las revisiones de penas por el 'sí es sí'

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y la ministra de Igualdad, Irene Montero en el Círculo de Bellas Artes, a 5 de febrero de 2023.

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha demandado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ofrezca datos "públicos", "completos" y globales sobre las revisiones de condenas por la aplicación de la ley solo sí es sí, dado que considera una "filtración" la cifra aportada, según informa Europa Press.

En declaraciones a Cuatro, ha señalado que el cálculo de 646 las rebajas de penas a agresores sexuales y 65 las excarcelaciones, desde el órgano de gobierno de los jueces, no son aún oficiales y falta esclarecer, por ejemplo, cuántas de esas resoluciones son firmes. "Desconozco los motivos por qué esos datos no son oficiales ni públicos", ha agregado para subrayar que se requiere precaución porque toda cifra que se aporte también ser comparable con el global de revisiones y no incurrir en meras filtraciones

De esta forma, Belarra ha sostenido que el problema suscitado por la ley solo sí es sí es una "mala aplicación" de la norma por parte de una minoría de jueces, pero están dispuestos a modificarla junto al PSOE, que ya registró una proposición de ley en solitario y cuya toma en consideración se debate en el Congreso el 7 de marzo.

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En este sentido, ha afirmado que aún hay tiempo para lograr un acuerdo con su socio de coalición y que la mano de Unidas Podemos está tendida para ello, siempre que se evite volver al Código Penal anterior y que motivó la polémica sentencia inicial de La manada.

Por tanto, ha llamado a evitar que la reforma se lleve a cabo mediante un acuerdo entre PSOE y PP, dado que no se entendería que se diera un "paso atrás" en una ley que ha sido ensalzada por organismos internacionales y el Parlamento europeo.

De esta forma, ha concedido que esta situación de rebaja de sentencias genera preocupación y que están dispuestos a cambiar la ley a petición de su socio, pero siempre que se proteja el consentimiento como centro de la ley.

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