Boicot a la ley del Gobierno, oficinas anti okupas y barra libre al turismo: qué ha hecho el PP en vivienda

El Partido Popular celebra este fin de semana un 'retiro' en Asturias encabezado por Alberto Núñez Feijóo al que acude todos los líderes territoriales del partido con mando en plaza. El objetivo del encuentro es visibilizar la "alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda y firmar su segundo 'gran acuerdo' —tras el de la selectividad única que finalmente quedó en un pacto descafeinado— para aplicar medidas conjuntas en las 11 comunidades donde gobiernan. Un plan que, según explicó el pasado el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, se basa en las recetas de siempre de la derecha: la liberalización del suelo, la construcción de más vivienda, la "simplificación administrativa" y la persecución de la okupación.

El PP busca así recuperar la iniciativa en el plano 'social' tras meses de acoso y derribo al Gobierno por los casos de corrupción que le atribuyen a Sánchez y su entorno. Un cambio de estrategia teniendo en cuenta que en España durante muchos años la política de vivienda consistió, precisamente, en la ausencia de la misma. Hasta el 'boom' del 2008 la línea tradicional fue entender que el mercado se regulaba solo, sin que el Estado interviniera.  Este planteamiento, que se sublimó con la ley del suelo de 1996 aprobada por el Partido Popular, se sostenía sobre una idea de que a más oferta, más posibilidad de acceso a la vivienda. Una premisa que el PP sigue defendiendo pese a las consecuencias de la crisis del 2008.

Lo que sí quiere aprovechar el PP es la coyuntura actual, en la que el esfuerzo para comprar una casa es hoy casi el doble de lo que costaba en 1993, según el último informe anual del Banco de España. Ello se explica porque los salarios no han subido tanto como el coste del precio de compra. En todas las comunidades el precio medio del alquiler consume más de un tercio del salario mínimo, alcanzando el 64,1% en Madrid y superando el 50% en Cataluña y Baleares. El porcentaje de alquiler por debajo del precio de mercado no llega al 3% y los desahucios persisten. Aunque las competencias sobre vivienda están mayormente transferidas a comunidades autónomas y ayuntamientos, hasta la fecha el PP no ha hecho prácticamente ningún esfuerzo por legislar allí donde tiene el poder de hacerlo y únicamente ha ratificado su rechazo a las medidas del Gobierno central.

Este sábado, la formación conservadora avanzó algunas medidas, pero el Gobierno se apresuró a comentarlas una por una para concluir que no eran nuevas y, es más, que algunas estaban en vigor.

Boicot a la ley de vivienda y a las políticas "intervencionistas"

Desde mucho antes de que la ley de vivienda se aprobara la pasada legislatura la derecha se opuso por ser "intervencionista". El resultado de esta ley, según su lógica, ha provocado la huida de los propietarios, la pérdida de rentabilidad en la gestión de sus inmuebles y, por lo tanto, la reducción de oferta del alquiler, lo que ha encarecido los precios. Argumentos que no se sostienen ya que ninguna autonomía, a excepción de Cataluña, ha aplicado esta norma, donde un estudio probó que los controles del alquiler bajaron precios y no se redujo la oferta. Pero tal y como está diseñada la norma, las comunidades autónomas son las encargadas de declarar las zonas de precios tensionados, es decir, el instrumento que permite aplicar la regulación de precios, y ninguna de las gobernadas por el Partido Popular tiene previsto hacerlo.

Construir vivienda y liberalizar suelo público

El plan del PP sigue siendo construir más vivienda liberalizando, para ello, suelo público. En julio de 2001, pocos días después de que el Tribunal Constitucional tumbase buena parte de la Ley del Suelo Estatal de José María Aznar, el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón aprobaba su propia normativa autonómica. Un texto que abundaba y perfeccionaba esa liberalización masiva con la que soñaban los conservadores que ni siquiera contribuyó a rebajar el precio. Al contrario. Entre 1998 y 2008, la cantidad de viviendas que se ponían cada año en el mercado no dejaba de crecer y los precios, lejos de bajar, siguieron subiendo. Sin embargo, el PP aboga por construir 200.000 viviendas al año en España como la solución a los problemas de la vivienda pese a que según Funcas, el problema de la vivienda en España se debe a la especulación.

Planes y oficinas anti-okupación

Los conservadores también presentaron el pasado año su Plan + Vivienda, en el que seis de los 16 enunciados estuvieron centrados en la okupación y pasaban por: el desalojo en 24 horas, garantizar la imposibilidad de empadronarse en la vivienda que se habita, incrementar “las penas para quienes okupan y quienes promuevan la okupación con recomendaciones o instrucciones”, el refuerzo a las comunidades de propietarios donde haya ese fenómeno, una “atención prioritaria a las víctimas”, poniendo “medios a su alcance”; y la “erradicación de okupaciones en las viviendas públicas, que están destinadas a los más vulnerables". Además, tras las elecciones del 28M pactaron con Vox en las autonomías en las que necesitaban los votos de la extrema derecha crear oficinas 'anti okupación', algunas de las cuales apenas reciben ni una llamada al día.

Bonificaciones fiscales a los propietarios y subsidios para jóvenes

Dos de las medidas que el PP quiere incluir en el paquete legislativo sobre vivienda que presentará en las Cortes son las exenciones de impuestos para propietarios y para quienes compren casas. Según indicó el pasado octubre la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, su plan pasa por bonificar por completo el impuesto de sucesiones y donaciones a familiares que destinen el dinero recibido a comprar una vivienda. A esto se le suma que en campaña electoral Feijóo prometió una ayuda de emancipación de 1.000 euros para que los jóvenes puedan abonar los "gastos objetivos" iniciales a la hora de alquilar o comprar una vivienda. Otra de las medidas estrella del PP, que sin embargo no ha aplicado ninguna de sus comunidades, es avalar el 15% del valor de la vivienda a los jóvenes para que puedan cumplir los requisitos para recibir un hipoteca y adquirir una vivienda en propiedad. 

Barra libre al turismo

La formación conservadora ha abogado históricamente por dar barra libre al turismo, destacando siempre los beneficios que comporta a nivel económico y obviando los perjuicios que cada vez están saliendo más a la luz. Para Feijóo el problema del turismo masivo no son las consecuencias que tiene sobre la población local, sino sobre el propio turista. Así, asegura que hay una "turismofobia" promovida por el Gobierno central que “produce inseguridad y desconfianza” mientras la responsable de vivienda en Génova, Paloma Martín se muestra abiertamente en contra de medidas como que no se concedan licencias de viviendas turísticas, de la tasa turística y de la limitación de los cruceros que hacen escala en ciudades españolas, que están llevando a cabo ayuntamientos del PP. Medidas como la tasa turística ha encontrado siempre con fuertes resistencias políticas y de las organizaciones empresariales, pese a que se aplica en la mayoría de los principales destinos europeos, sin que se haya constatado el menor impacto negativo en su capacidad de atracción de visitantes.