La noche del 2 de marzo de 2021, tres hombres cenaron en la terraza de un restaurante de Madrid para celebrar que el rescate de Plus Ultra estaba prácticamente en el bolsillo. Eran Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea; Roberto Roselli, su consejero delegado; y Julio Martínez Martínez, el empresario de Elda que salía a correr con Zapatero por El Pardo. Cuando llegó la cuenta, Martínez Martínez preguntó en el chat grupal si la SEPI aprobaba esos gastos. Roselli contestó con una frase que ahora duerme en el sumario: "Tranquilo, eso sale del 1%". Martínez Martínez cerró el debate: "Entonces, aprobado".
Ese porcentaje correspondía al contrato que su sociedad, Idella Consulenza Strategica, había firmado con Plus Ultra semanas antes: si se materializaba la inyección pública de 53 millones de euros, él se embolsaba una comisión de 530.000 euros. Una semana después de aquella cena, el Consejo de Ministros aprobó la ayuda.
José Luis Rodríguez Zapatero no estaba en ese restaurante. El expresidente rara vez aparece en las escenas más comprometedoras. Según el juez José Luis Calama, —titular del Juzgado 4 de la Audiencia Nacional pero a cargo de esta instrucción el el número 2 tras la abstención de Ismael Moreno— su liderazgo "no se manifestaba de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas".
Sin embargo, la instrucción le sitúa indiciariamente en la cúspide de la pirámide como el "principal beneficiario final y supervisor último de la operativa". A ojos del juez, el exjefe del Ejecutivo no solo validaba presuntamente los listados de clientes de la firma matriz, Análisis Relevante SL, sino que llegó a convocar la reunión clave para diseñar una estructura offshore en Dubái, enviando a un escolta para gestionar la reserva del restaurante.
El rastro documental acumulado por la UDEF sitúa el peso de su influencia en los momentos más críticos de la pandemia. Una carta intervenida con membrete de Plus Ultra, fechada el 25 de mayo de 2020 y dirigida al vicepresidente del Banco Santander España, arrancaba sin ambages: "Siguiendo instrucciones del Presidente, D. José Luis Rodríguez Zapatero, nos ponemos en contacto con usted solicitando su ayuda referente a la obtención de un crédito ICO para nuestra compañía". En los mensajes interceptados, el expresidente era "ZP", "el amigo" o "nuestro pana". Para Roberto Roselli, con quien según el auto no existía interlocución directa, la etiqueta era más explícita: "No hablo con él directo, hablo con un lacayo [sic]", le explicaba a Rodolfo Reyes Rojas, accionista venezolano de Plus Ultra. Bajo esa supuesta arquitectura de asesorías y conferencias cruzadas, la investigación judicial estima que Zapatero percibió al menos 1,5 millones de euros.
Los lugartenientes
El encargado de canalizar y distribuir esa corriente financiera era Julio Martínez Martínez, apodado 'Julito'. Su detención se produjo apenas cuatro días después de ser fotografiado junto al expresidente en el monte de El Pardo. Con un control formal de hasta 39 mercantiles bajo la lupa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), el auto le asigna el papel de lugarteniente principal: el engranaje que asimilaba las órdenes superiores, movía los hilos del dinero y trataba con los clientes. Su ascendencia sobre la aerolínea era tal que, en un audio de abril de 2021, un Roselli asfixiado por las deudas le afeaba un supuesto distanciamiento: "Me tienes abandonado. Claro, como ahora te la pasas en la república de nuestros amigos viajando en aviones privados, ya un pobre como yo que sale vapuleado en las noticias ya ni quieres hablar". Lo que subyacía tras el reproche, según sospecha el instructor, era una reclamación urgente de fondos.
El segundo pilar de la estructura en el exterior era Manuel Aarón Fajardo García. Hijo de un exsenador socialista por Lanzarote, su radio de acción se concentraba en Caracas. "Manuel es la pieza de ZP en Venezuela", explicaba Reyes en una conversación intervenida. Experto en análisis matemático de mercados, Fajardo ya arrastraba un historial en el país caribeño; en 2018 impulsó Interbanex, una plataforma de divisas bendecida por el Banco Central venezolano y clausurada poco después de su nacimiento. Fajardo también fundó y presidió la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela (BDVE).
El día a día de la red corría a cargo de un tercer escalón puramente administrativo, ocupado por María Gertrudis Alcázar Jiménez y Cristóbal Cano Quiles. Alcázar, secretaria de la oficina de Zapatero en la madrileña calle Ferraz —objeto de entrada y registro de la UDEF este martes—, presuntamente confeccionaba la cobertura documental necesaria para justificar el tránsito de capitales. Las comunicaciones intervenidas por la UDEF la muestran en constante comunicación con Cano, el encargado de la burocracia en las empresas de 'Julito', pactando los conceptos de las facturas sobre servicios inexistentes o valorando si correspondía inflar los cobros: "Con lo que me digas el lunes te envío la firmada", contestaba Cano en un correo de marzo de 2022. Una fábrica de papel mercantil diseñada, según el juez Calama, para simular contraprestaciones comerciales legítimas.
En el extremo receptor, los mandos de Plus Ultra operaban con la misma urgencia. Julio Martínez Sola —que fundó la aerolínea en 2011 junto a Fernando González Enfedaque tras la ruidosa quiebra de Air Madrid en 2006— asumió la tarea de activar los resortes de influencia política nada más declararse el estado de alarma. A su lado, Roberto Roselli pilotaba la tesorería refiriéndose al sistema de comisiones como una "finance boutique".
La prisa por blindar la supervivencia de una compañía que jamás había registrado beneficios —y cuyo peso en el transporte aéreo el año de su rescate correspondía a tres pasajeros de cada 10.000— unió a la trama con Rodolfo José Reyes Rojas, el accionista venezolano que espoleaba las gestiones políticas. Fue él quien planteó desde el primer momento la necesidad de "pedirle ayuda a ZP". Las conversaciones intervenidas muestran el tono crudo de esa mediación: cuando Martínez Sola asume en un mensaje que deben "entrarle" a los intermediarios asumiendo que el fin justifica los medios, Reyes Rojas responde sin tapujos: "Vamos a follar aunque sea pagando un poquitín”.
Celebrada la aprobación del rescate, el inversor lo atribuyó de inmediato a su principal activo en Madrid: "Nuestro pana Zapatero detrás". Las pesquisas reflejan, además, cómo fluía esa información privilegiada: Camilo Ibrahim Issa, empresario hispanovenezolano y entonces accionista de la compañía, recibió la confirmación de la ayuda de manos de Martínez Martínez con más de diez días de antelación respecto a la deliberación formal del Gobierno.
Los testaferros
Para canalizar el dinero sin levantar las alarmas del sistema financiero, la organización levantó un sistema de “ocultación deliberada de la documentación contable y fiscal y uso de testaferros”, según el auto. El corazón del esquema era Análisis Relevante SL, una firma sin empleados ni actividad comercial identificable que absorbió 959.799 euros entre 2020 y 2025 procedentes de los clientes de la red. La mercantil justificaba los ingresos vendiendo informes de consultoría que en realidad redactaba un tercero. El producto final era maquetado por Whathefav SL, la agencia de marketing digital y eSports fundada en 2019 por las hijas del expresidente, Laura y Alba Rodríguez Espinosa. El auto sitúa a Whathefav como la estación final del circuito: una sociedad receptora de fondos de la red que terminaban transferidos a las cuentas personales de las hermanas, donde el propio Zapatero constaba como firma autorizada.
Las empresas
La vertiente internacional del patrimonio se estructuró a partir de Idella Consulenza Strategica, la sociedad que blindó el cobro del 1% del rescate aéreo y que sirvió de matriz para constituir Landside Middle East Fzco en Dubái, una filial offshore creada solo una semana después de la firma del acuerdo. Por debajo de este esquema operaban Caletón Consultores y Summer Wind, utilizadas presuntamente como empresas “instrumentales” para fragmentar los pagos y difuminar su origen. El administrador de Caletón era un ciudadano venezolano que, según la documentación intervenida, actuaba como un testaferro retribuido con 600 euros en efectivo por cada viaje a España, bajo la supervisión directa del abogado Santiago Fernández Lena. En paralelo, Summer Wind llegó a mover casi cuatro millones de euros en un solo ejercicio recurriendo a facturas emitidas a la carta: "Facturo por donde quieras", le garantizaba Martínez Martínez a la dirección de la aerolínea en una conversación pinchada.
El capital que nutría esta malla societaria procedía de un grupo de clientes corporativos con intereses muy específicos. Aldesa Construcciones, constructora española integrada en 2020 en el conglomerado estatal China Railway Construction Corporation, sancionada en Estados Unidos por sus vínculos al Ejército chino, abonó 127.000 euros a Análisis Relevante. De forma simultánea, firmó un acuerdo con Idella para la localización de negocios en España —como el macrocomplejo recreativo Hard Rock en Tarragona— fijando una comisión del 3%.
Al preparar los borradores, Martínez Martínez ordenó explícitamente a Fernández Lena que borrara el término "comisión", un patrón que para el instructor evidencia la voluntad de enmascarar la naturaleza de los pagos mientras el holding asiático recibía adjudicaciones públicas del Gobierno por valor de 50 millones de euros.
El flanco venezolano de la financiación se sostenía a través de Inteligencia Prospectiva SL, capitaneada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, y Softgestor SL. Pese a carecer de ingresos ordinarios, desde sus cuentas salieron 380.000 euros hacia Análisis Relevante, 561.000 hacia Whathefav y 266.000 hacia el Gate Center, “lo que resulta incongruente con una cifra de negocio nula en los ejercicios 2020 y 2021”, según el auto.
Este último nodo, el think tank fundado en 2022 por Zapatero y el presidente de la consultora Thinking Heads, Daniel Romero-Abreu Kaup, cierra el perímetro de la investigación judicial. El Gate Center operaba en la calle Velázquez, 24 de Madrid, un inmueble que conectaba a la red con ramificaciones geopolíticas bajo sospecha: allí estuvieron domiciliadas las empresas de Fangyong Du, un empresario chino al que el CNI recomendó denegar la nacionalidad por presuntos vínculos con el espionaje de Pekín, y que aportó fondos al lobby. El auto destaca un último cruce de caminos: el 11 de marzo de 2021, solo dos días después de que el Consejo de Ministros rescatara a Plus Ultra, Du cenó con el entonces ministro José Luis Ábalos y Koldo García en un céntrico restaurante madrileño, acompañados de seis prostitutas.
Dentro de este mismo esquema de relaciones, el análisis bancario del magistrado apunta a transferencias emitidas por el grupo Thinking Heads que suman 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a Whathefav. La empresa ha emitido un comunicado aclarando que el auto no los vincula con ninguna trama delictiva y que sus pagos responden a servicios de consultoría efectivos desde 2014.
La noche del 2 de marzo de 2021, tres hombres cenaron en la terraza de un restaurante de Madrid para celebrar que el rescate de Plus Ultra estaba prácticamente en el bolsillo. Eran Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea; Roberto Roselli, su consejero delegado; y Julio Martínez Martínez, el empresario de Elda que salía a correr con Zapatero por El Pardo. Cuando llegó la cuenta, Martínez Martínez preguntó en el chat grupal si la SEPI aprobaba esos gastos. Roselli contestó con una frase que ahora duerme en el sumario: "Tranquilo, eso sale del 1%". Martínez Martínez cerró el debate: "Entonces, aprobado".