Cinco años persiguiendo una imputación para desactivar uno de los resortes electorales del PSOE

Esta vez sí. La derecha política y mediática, con el auxilio de organizaciones de ultraderecha que habitualmente actúan como palancas judiciales e intermedian entre el PP, Vox y sus medios afines, lleva años intentando hallar la manera de destruir al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y ahora está convencida de que lo ha conseguido.

El PP lo considera sentenciado. Y algunos de los pseudomedios que más tiempo llevan difundiendo sin pruebas graves acusaciones contra él lo han declarado este martes culpable de un largo historial de crímenes, incluido el de haber ganado las elecciones de 2004 de manera fraudulenta.

Hace apenas unos días, el propio Alberto Núñez Feijóo aseguraba: “Zapatero ha usado la Presidencia del Gobierno, al parecer, para llevarse dinero sucio”. Ese mismo día, elconfidencial.com anticipaba lo que se venía: “Nuevas investigaciones judiciales acorralan a Zapatero por blanqueo de capitales a gran escala. El expresidente socialista lavó presuntamente fondos procedentes del cobro de comisiones por mediar ante gobiernos y administraciones públicas para favorecer a personas de su entorno con ayudas y contratos”, publicaba este digital, el mismo que puso en el punto de mira a la esposa del presidente, Begoña Gómez.

Zapatero es, para la derecha, una pieza de caza mayor. Está en el punto de mira desde que hace 22 años batió a Mariano Rajoy en las elecciones que siguieron a los atentados del 11M y, muy especialmente, desde que se convirtió en un activo esencial del PSOE cuando se trata de movilizar a sus militantes en período electoral. Así que su imputación es, en principio, una buena noticia para los intereses electorales del PP y de Vox.

Lo cierto es que, hasta ahora, la legalidad del préstamo de 53 millones concedido por el Gobierno a la compañía aérea Plus Ultra, en el marco del mecanismo creado para paliar las dificultades económicas de las empresas que vieron afectada su actividad por el confinamiento provocado por la pandemia de la covid, nunca había sido puesta en cuestión, más allá de las acusaciones de Miguel Tellado o de las insinuaciones de algunos pseudomedios, que a menudo usan la expresión “turbios manejos”.

“Presunto líder”

Pero el caso de la aerolínea, archivado en su día por un juzgado de Madrid, revivido por Anticorrupción y convertido finalmente en el primer caso de la democracia que lleva a un expresidente ante la Audiencia Nacional, lo ha cambiado todo. Ahora hay un juez que acusa a Zapatero de ser “el presunto líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”.

Mientras se empiezan a conocer las evidencias concretas en las que se basa el juez para acusar a Zapatero, lo que sí se puede reconstruir es el recorrido: cinco años en los que el mismo caso fue archivado, reabierto, trasladado de juzgado, amplificado por medios de la derecha, instrumentalizado en sede parlamentaria y, finalmente, reconducido hacia un nombre que la oposición llevaba tiempo queriendo situar en el centro de la trama.

El 9 de marzo de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó un préstamo de 53 millones de euros a Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI. La aerolínea, fundada en 2011 y con capital venezolano entre 2017 y 2025, fue considerada empresa estratégica en el marco de las ayudas a la aviación afectada por la pandemia.

La primera denuncia llegó en marzo de 2021. La presentó Manos Limpias, la organización de extrema derecha con larga trayectoria en querellas políticas, ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Los cargos eran amplios: malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y obtención fraudulenta de ayudas públicas. Después se sumaron el PP y Vox con sus propias querellas.

La jueza Esperanza Collazos declaró el sobreseimiento provisional de la causa en enero de 2023. Su razonamiento fue directo: no aparecía justificada la comisión de ningún delito, porque la ayuda se había concedido conforme al real decreto de medidas urgentes aprobado para sostener la economía durante la pandemia. La Audiencia Provincial de Madrid respaldó esta decisión. El caso, en sus términos originales, entraba en vía muerta.

Conexión

Pero el interés por el asunto no ha sido solo judicial. Desde 2022, la cobertura en medios de la derecha —con libertaddigital.com, okdiario.com y eldebate.com como protagonistas habituales— ha mantenido viva la conexión entre Zapatero y Plus Ultra mucho antes de que hubiera elementos judiciales que la sustentaran.

En esa misma lógica, el PP utilizó su mayoría en el Senado para citar al expresidente ante la comisión que investiga el caso Koldo, argumentando que “podría estar implicado en la trama de corrupción” que ellos sitúan alrededor de Sánchez. La cita parlamentaria y la judicial han avanzado en paralelo, con una retroalimentación en la que no siempre ha sido posible distinguir los indicios de las conclusiones.

El mecanismo que ha dado lugar a la imputación de Zapatero, sin embargo, no nació, aparentemente, de una denuncia política, sino de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción —en manos de Alejandro Luzón, cuyo perfil suma tanto elogios de la derecha como críticas de la izquierda— y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

En 2024, ambas instancias concluyeron que el dinero del rescate podría haber servido para blanquear fondos procedentes de tramas de corrupción venezolana. Era un ángulo distinto al que habían esgrimido Manos Limpias, el PP o Vox: ya no se cuestionaba si la ayuda se había concedido mal, sino si fue utilizada para lavar dinero sucio.

La reapertura llegó. Y con ella, una operación que, en diciembre de 2025, se saldó con la detención —y posterior puesta en libertad— del presidente y cofundador de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el consejero delegado, Roberto Roselli; un abogado; y el empresario Julio Martínez. Agentes de la UDEF registraron las oficinas centrales de la aerolínea en busca de documentación fiscal.

La jueza del juzgado madrileño se inhibió entonces en favor de la Audiencia Nacional, al considerar que el caso tenía ramificaciones que superaban su competencia.

En manos de la Audiencia

El salto a la Audiencia Nacional colocó el caso en manos del juez Calama. Y la instrucción, en la que otra vez se presentó Manos Limpias, empezó a acercarse a Zapatero al tiempo que algunos medios —en particular eldebate.com, propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas— aireaban sin pruebas vínculos entre el expresidente y Julio Martínez, presentándolos siempre como evidencias de corrupción.

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Zapatero siempre ha reconocido haber ingresado, junto a sus hijas, en torno a medio millón de euros a lo largo de varios años a cambio de la realización de informes y la prestación de servicios para la consultora de su amigo Julio Martínez. Una contraprestación económica que la derecha ha considerado un pago a cambio de la concesión de la ayuda a Plus Ultra y que Zapatero siempre ha negado, pero a la que ahora el juez da credibilidad.

La imputación de Zapatero, independientemente de que dé lugar a un procesamiento o quede en nada, es un hito formal que la oposición llevaba años intentando construir desde múltiples flancos —la denuncia de un sindicato ultraderechista, las querellas de los partidos, el goteo de filtraciones a medios afines, los interrogatorios parlamentarios— y que ahora tiene forma de citación judicial para el 2 de junio.

Lo que ocurra ese día, y lo que el juez Calama sea capaz de acreditar más allá de los registros de este martes, determinará si el hito tiene recorrido o si repite el ciclo de 2023: mucho ruido, archivo provisional y vuelta a empezar.