Abogados Cristianos, Hazte Oír, Foro Libertad y Alternativa: los artefactos de la derecha para la guerra judicial

Aquel no era un miércoles santo cualquiera. El trasiego a las puertas del Palacio de La Moncloa daba buena muestra de ello. En el interior, el titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, somete al ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños, a un tenso interrogatorio como testigo en el marco de una de las mil derivadas del conocido como caso Begoña. En el exterior, decenas de cámaras y plumillas se mantienen a la espera de noticias. Y dando vueltas al complejo, un gran autobús negro serigrafiado. En el centro del montaje, el presidente, Pedro Sánchez. Sobre él, una frase: "El capo. ¡Dimisión!".

Se trata de uno de los muchos vehículos con mensaje que ha puesto a circular en los últimos meses Hazte Oír. La entidad, estrechamente conectada con Vox –algunos de los que han sido cargos institucionales vienen de ella–, es uno de los pilares del lobby ultracatólico nacional e internacional. Pero también punta de lanza de la ofensiva judicial ultra contra el Gobierno y la izquierda. Un frente para el que se sirven de la figura de la acusación popular, excepción española que permite a cualquiera participar en un procedimiento sin necesidad de ser perjudicado u ofendido y que tanto PP como PSOE han planteado limitar.

La organización liderada por Ignacio Arsuaga ostenta la dirección de la acción popular en el caso Begoña, el que persigue desde hace más de un año a la esposa del presidente del Gobierno y en el que están presentes otros tantos colectivos ultras. Y participa en buena parte de las causas que marcan en estos momentos la agenda política y mediática nacional. Saben que son el talón de Aquiles del Ejecutivo. Y que pueden sacar rédito de las mismas. Por eso, no dudan en presumir en redes sociales de su ofensiva en los tribunales: "Lideramos la batalla judicial".

Hazte Oír también es parte acusadora, por ejemplo, en el caso Koldo. O en el que persigue a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, aunque aquí quien lleva las riendas de la acusación popular unificada es el pseudosindicato Manos Limpias. Liderado por Miguel Bernard, admirador del dictador Francisco Franco –la fundación que lleva su nombre, de hecho, le llegó a nombrar Caballero de Honor– y militante en la extinta y violenta Fuerza Nueva, este colectivo se ha caracterizado desde su fundación en los noventa por disparar jurídicamente contra todo aquello que vaya en contra de la fe católica, los símbolos nacionales o los postulados más ultras.

Ambas entidades también han intentado, sin ningún éxito, abrir una brecha al Gobierno en el Tribunal Supremo utilizando la dana que arrasó el pasado mes de octubre la provincia de Valencia. Un Alto Tribunal que en los últimos meses ha acusado en varias ocasiones al pseudosindicato de actuar en "manifiesto fraude de ley". La última, en junio, cuando rechazó una querella de suya con numerosas ampliaciones y le acusó de pretender abrir una "macrocausa general" contra el Gobierno para ser parte en la misma y acceder a "información en ocasiones reservada y sensible".

El colectivo mezclaba el caso Begoña, el rescate de Air Europa, el paso de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez por el aeropuerto de Barajas, el caso Koldo o la investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta última es otra de las causas de relevancia pública en las que confluyen Hazte Oír y Manos Limpias. Un procedimiento en el que el pseudosindicato ha estado acompañado por el abogado Víctor Soriano, labor que ha compatibilizado con la de asesor de la secretaria primera de la Mesa del Senado, la conservadora Eva Ortiz.

Durante unos años, Soriano ya ejerció como asesor en Les Corts y abogado del Grupo Parlamentario Popular en las ofensivas judiciales del PP de Carlos Mazón contra el por entonces president, Ximo Puig, y su familia. El abogado, del mismo modo, representa a la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, la entidad que ha llevado al exalcalde de València Joan Ribó ante la justicia por la construcción de una piscina municipal. Una entidad que estaría presidida, según varios medios, por María Ángeles López Sargues, quien fuera alcaldesa de Catarroja por Unió Valenciana, formación que acabaría siendo canibalizada por el PP.

Foros y otras fórmulas para tocar la puerta de los tribunales

Otra de las entidades presentes en la causa contra el jefe del Ministerio Público es Foro Libertad y Alternativa. Esta fundación fue constituida, según la base de datos del Ministerio del Interior, en noviembre de 1993 –si bien no se inscribió hasta enero de 2004–. Entre los fundadores, Alejo Vidal-Quadras, expresidente del PP catalán y primer líder de Vox –del que ya se ha alejado– o Julio Ariza, el exdiputado en el Parlamento de Cataluña del PP convertido en patrón mediático de la formación de Santiago Abascal –de la que llegó a cerrar en 2019 una lista electoral–.

Por Foro Libertad y Alternativa, según destacan en su propia página web, han pasado nombres vinculados a la derecha y ultraderecha patria. Algunos aún están en activo, como es el caso de Daniel Portero, diputado del PP en la Asamblea de Madrid e hijo de una víctima de ETA. Otros, sin embargo, ya no se encuentran en primera línea política, aunque sus nombres aparezcan vinculados a multitud de plataformas. Es el caso de Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior y ahora referente del ultracatolicismo. O de la exlíder del PP vasco María San Gil. Y también el de Ignacio Camuñas, fundador de Vox –aunque no tardó de alejarse del partido– o el de Javier Rupérez, diplomático y exdiputado del PP.

Otros de los artefactos jurídicos que han estado presentes en algunas de las causas más mediáticas han sido la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege y la Asociación Democracia y Derechos por la Democracia Real y los Derechos Fundamentales del Ciudadano. La primera la fundó Carolina Mata, una abogada que hace un lustro decía en sus redes sociales sentirse orgullosa de su partido –el PP– pero con el que hoy, según aseguró recientemente a Público, ya no "comparte ideología". La segunda, la preside José Carril Herrero, antaño secretario de Organización del PP en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca y hoy simple afiliado de base.

Pro Lege, que en la actualidad Mata dice que está inactiva, se personó, por ejemplo, en dos procedimientos judiciales que se impulsaron contra Podemos y que acabaron en nada: el caso Dina y Neurona, la macrocausa que algunos medios de la derecha vendieron como la Gürtel de la formación morada y que terminó disolviéndose como un azucarillo en un vaso de agua. Y Democracia Real, por su parte, ha estado presente en diferentes iniciativas judiciales contra la ley de amnistía.

Abogados Cristianos y los hilos que llevan hasta Vox

Son organizaciones que están al quite, perfectamente listas para intervenir incluso en las festividades más señaladas. Se vio el pasado 1 de enero. Ni unas horas tenía de vida el nuevo año cuando Hazte Oír ya estaba anunciando su primera denuncia. En esta ocasión, contra los humoristas David Broncano y Lalachus por mostrar durante las campanadas de Nochevieja en la televisión pública una estampita con la vaquilla del Grand Prix. Una ofensiva a la que se sumó Abogados Cristianos, otro de los puntales de la batalla ultra en los tribunales. Y que, como tantas otras, generó más ruido mediático que otra cosa.

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Esta entidad comenzó a operar en forma de asociación allá por 2008 para defender "la vida, la familia y la libertad religiosa desde el marco legal". Diecisiete años en los que, según dicen, han abierto más de trescientos casos. ¿Su arma penal favorita? La ofensa contra los sentimientos religiosos. La ha utilizado para denunciar al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, por el cartel de las fiestas de La Mercè. Y también la ha empleado, aunque sin demasiado éxito, contra presentadores de TV3 por una parodia que tenía a la Virgen del Rocío como protagonista. O contra el alcalde de Soria por participar en un desfile sobre una carroza que simulaba ser un papamóvil repartiendo bendiciones con una escobilla de baño. O contra el actor Willy Toledo.

La asociación también tiene el ojo puesto en el Valle de los Caídos. De ahí la denuncia por malversación que interpuso contra los ministros Félix Bolaños y Ángel Víctor Torres por malversación en relación a los contratos para las exhumaciones en Cuelgamuros. Un ataque que, sin embargo, chocó contra el Supremo. "Este tribunal no puede convertirse en una suerte de órgano llamado a responder a las más insólitas y descabelladas pretensiones de criminalización de nuestro sistema político", llegaron a decir los magistrados, que criticaron que la denuncia la conformasen "informaciones incompletas e insinuaciones carentes del más mínimo sustento".

En 2019, Abogados Cristianos se constituyó como fundación. Al frente de la misma, según Público, el matrimonio formado por Polonia Castellanos y el excandidato de Vox por Valladolid Alfonso González Rodríguez-Vilariño. Y en su primer patronato también figuraba como vocal, según consta en el Boletín Oficial de Castilla y León, Juan José Liarte, exportavoz de Vox en la Asamblea de Murcia y diputado del Grupo Parlamentario Mixto desde la crisis que provocó su salida de la formación de extrema derecha. En 2022, año en el que pusieron más de siete decenas de demandas, la fundación declaró más de medio millón de euros de beneficio.