Cerrar el interior de los bares y limitar el transporte público en nueve comunidades: las medidas del 'semáforo covid' que prepara Sanidad

El Ministerio de Sanidad pretende cerrar el 70% de las plazas disponibles en autobuses, metro, trenes y aviones y cerrar todos los interiores de bares y restaurantes en nueve comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas más afectadas por la pandemia de covid-19: Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Ceuta, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja.

Así lo establece el nuevo Plan de Respuesta Temprana en el que está trabajando el Ejecutivo y a cuyo borrador ha tenido acceso infoLibre. Son las dos medidas más novedosas y duras del documento, que según detallan fuentes del Ejecutivo, "está todavía sin terminar" y deberá obtener el visto bueno de todas las autonomías en el Consejo Interterritorial de Sanidad: además, serán las regiones las encargadas de poner en marcha las medidas mínimas que se establecen. Ocho meses después del estallido del virus en España, el Gobierno, por primera vez, intenta establecer criterios comunes para todo el territorio, sin utilizar una herramienta normativa excepcional como el estado de alarma y respetando las competencias transferidas en Sanidad. En el mejor de los casos, con el país intentando sobrevivir a la segunda ola, aún falta una semana para que se lleve a cabo, tal y como ha reconocido el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón. Y probablemente no llegará íntegro a último término: "Dependerá del Consejo Interterritorial y de las modificaciones que se introduzcan", ha afirmado el técnico. 

El borrador, al estilo semáforo que estudia la Unión Europea, aplica Alemania con sus länders desde la desescalada y ha impuesto Boris Johnson en Inglaterra esta semana, establece cuatro umbrales de gravedad: nivel de alerta 1, 2, 3 y 4, por encima de una "nueva normalidad" que, a día de hoy, no cumple ningún territorio. Cada comunidad pasará de un umbral a otro en base a un sistema de indicadores, similares pero no iguales a los que acordó Illa con la Comunidad de Madrid en las últimas semanas. Para pasar de una alerta a otra no será necesario rebasar todos los indicadores, solo con dos relativos al nivel de casos y uno relativo a la ocupación del sistema sanitario. Son, en todo caso, mucho más estrictos que los acordados con Ayuso en las negociaciones, y más cercanos a las recomendaciones internacionales: los casos registrados entre 100.000 habitantes en los últimos 14 días, la incidencia acumulada, tendrá que ser mayor a 250 para una valoración de riesgo "extrema", el peor escenario. También contará la incidencia acumulada en poblaciones de riesgo, la tasa de positividad de las pruebas (el porcentaje de positivos con respecto al total de test), la ocupación de camas de hospitalización normales y de Unidades de Cuidados Intensivos y, como novedad destacable, el porcentaje de casos con trazabilidad: es decir, a cuántos positivos se les puede rastrear e identificar un origen claro de su contagio. Una cifra baja es una evidencia de transmisión comunitaria y de fracaso del sistema de vigilancia epidemiológica. 

La decisión sobre las actuaciones a tomar en cada escenario, deja muy claro el documento, "será tomada por las comunidades autónomas y se pondrá en conocimiento del Ministerio de Sanidad por el canal que se establezca". Y se tomarán en los municipios de más de 10.000 habitantes. Sin embargo, el borrador aspira a ser consensuado por todos los Gobiernos regionales, por lo que, en principio, una vez se apruebe no tendría por qué ser motivo de disputa. Las medidas, como es obvio, son graduales. Muchas de ellas son las que ya se toman en los distintos territorios: reducción del aforo, limitación de las reuniones privadas en domicilios, recomendación del teletrabajo, limitaciones de salida en residencias de mayores...

La movilidad no se restringe automáticamente en ningún estadio, pero en los dos últimos el texto reza que se "valorarán" confinamientos perimetrales o limitaciones más duras parecidas a las de la primavera. Nada se descarta. Los locales no destinados a la restauración limitarán su aforo al 50% en la alerta 2 y al 25% en las alertas 3 y 4, así como la mayoría de centros culturales y de deporte. Los casinos y salas de apuestas, a partir del escenario 3, se cerrarán por completo, a diferencia de Madrid durante su confinamiento perimetral de barrios. Y los parques, en todas las situaciones previstas, se salvarán: permanecerán "abiertos con las medidas de prevención y protección individual adecuadas", uno de los puntos más discutidos durante la desescalada, la nueva normalidad y la segunda ola.

Sin embargo, el documento elaborado por el Ministerio de Sanidad endurece sensiblemente lo establecido por norma general en el país en cuanto al interior de bares y restaurantes y en cuanto al transporte público. En el nivel de alerta 3, en el que se encontrarían nueve comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Ceuta, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja), las terrazas de bares y restaurantes seguirían abiertas al 50%, pero se cerrarían todos los interiores. Es una medida ya aplicada por numerosas ciudades de toda Europa en su lucha contra la segunda ola, a pesar de su obvio impacto sobre el tejido económico del país. En estas semanas, solo Cataluña lo ha impuesto: Madrid, que ha tenido barrios con una incidencia récord en todo el continente y que ha confinado perimetralmente determinados barrios, no lo ha impuesto por su temor reconocido a afectar a estas empresas. Tampoco ha aprovechado Sanidad la declaración del estado de alarma para clausurar estos espacios. Todos los epidemiólogos coinciden en que son lugares de riesgo: la transmisión por aerosoles, vía ya reconocida y relevante de contagio, se produce con mucha más frecuencia en lugares cerrados y mal ventilados. El coronavirus, advierten los investigadores, se queda flotando en el aire durante horas a no ser que una corriente de viento o un aparato diseñado para eso se lo lleve. Además, en estos establecimientos los clientes suelen quitarse la mascarilla para comer y beber, lo que los convierte en bombas de relojería. 

Limitación inédita al transporte público desde la desescalada

Esta medida es inédita pero no tan sorprendente, habida cuenta de la gran evidencia científica a su favor, al margen del impacto económico. Mucho más polémica es la limitación del transporte público. En ese nivel de alerta 3 (el 4 contiene las mismas medidas, pero se barajarán limitaciones de movilidad o confinamientos perimetrales) el aforo de trenes, autobuses o metro se reducirá al 30%. Además, en el nivel 2, también se limitará: hasta el 60%. Esto afectaría, con los datos actuales recabados por El País, a todo el país, menos Galicia. Nunca se ha tomado, ni a nivel local, ni autonómico ni nacional, una decisión así desde el fin del primer estado de alarma, en base a la situación epidemiológica: algunas comunidades sí que han reducido la cantidad de vehículos que se ponen en circulación, habida cuenta de la reducción de la demanda por el teletrabajo o el aumento del transporte privado.

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A lo largo de toda la fallida nueva normalidad se ha debatido si el transporte público es, o no, un posible caldo de cultivo para rebrotes. Lo que no está en discusión es su utilidad para transportar a gran parte de los trabajadores de las grandes ciudades a sus puestos de trabajo, en los que, en muchos, no se puede teletrabajar. Tampoco se discute su papel para atajar la contaminación atmosférica de estas urbes, producido en mayor parte por el tráfico rodado. Los expertos han advertido de que animar a los ciudadanos a coger el coche privado tras el fin del verano no solo podría aumentar la polución, también los atascos y el caos circulatorio en centros urbanos ya en su límite de capacidad. Madrid, Barcelona, Bilbao, València o Zaragoza no pueden prescindir de metros y autobuses, pero el Gobierno pretende reducir su capacidad al mínimo si el plan sale adelante y se mantienen los datos actuales. El borrador, eso sí, establece que se aumentará "la frecuencia de horarios para evitar aglomeraciones" en todos los escenarios, aunque no detalla cómo. 

Técnicos de movilidad consultados por infoLibre defienden que el transporte público, a pesar de que pueda sonar contraintuitivo, no supone un riesgo excesivo de covid: todos los usuarios llevan mascarilla, no hablan generalmente entre sí (por lo que no se expulsan gotitas), el aire se renueva y los trayectos suelen ser cortos, por lo que el contacto es mínimo. La seguridad se eleva si, como lleva haciendo València meses y ha empezado Madrid a hacer en septiembre, se instalan botes de gel hidroalcohólico para reducir la posibilidad de contagio por contacto con elementos comunes, como las manetas de apertura y cierre de los vagones. Sin embargo, otros analistas apuntan a que la posibilidad de detectar un brote en el transporte público es muy baja, dado que los viajeros que están en contacto no se conocen, por lo que no se puede rastrear el trayecto del coronavirus sin usar herramientas tecnológicas como Radar COVID. Por lo que, en realidad, no podemos saber si el transporte público es peligroso o no. 

En todo caso, todos están de acuerdo en que las aglomeraciones en hora punta son indeseables por su peligrosidad en este escenario pandémico. Los Gobiernos autonómicos han tomado medidas hasta ahora muy tímidas para evitarlas, pese a la reclamación constante de los viajeros, que se sienten inseguros. En caso de que este borrador de respuesta "temprana" salga adelante, el Ministerio de Sanidad que dirige Salvador Illa tendrá que explicar cómo propone eliminar el apelotonamiento reduciendo, a su vez, el aforo del transporte público y sin imponer un confinamiento duro al estilo de marzo.