Crisis del coronavirus

La falta de personal sigue lastrando los datos del covid: "Tenemos las infraestructuras de Salud Pública más débiles de Europa"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón.

Siete meses después del estallido de la pandemia en nuestro país, España sigue sin contar con un sistema de notificación de casos que funcione. Los retrasos de las comunidades a la hora de comunicar sus cifras a Sanidad provoca que los números de los últimos días siempre estén infraestimados. Y no es, al menos en mayor parte, problema del sistema establecido: los expertos señalan que falta personal en los servicios de Salud Pública de las regiones y que se cuenta con una infraestructura obsoleta. Tampoco el Gobierno central está para tirar cohetes: en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias trabajan 15 empleados. En otros países son miles los que coordinan la respuesta al covid. En Madrid, el retraso, junto a otro tipo de omisiones y cocina de las cifras, ha protagonizado la batalla política con el departamento liderado por Salvador Illa. 

Los datos referentes al coronavirus y ofrecidos tanto al público general como a los medios de comunicación han cambiado en numerosas ocasiones de metodología y de criterio, rompiendo las series y confundiendo sobre cuál es la realidad de la pandemia. En el primer mes, el caos fue total: el recuento que elabora Sanidad se modificó hasta en seis ocasiones. Los hospitalizados y los ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos se sacaban y se metían de la misma fila; los asintomáticos empezaron contando, para luego dejar de contar, para en un tercer cambio volver al listado; los resultados de los test de anticuerpos tenían apartado propio, que perdieron; los criterios para contar fallecidos eran diferentes en cada comunidad autónoma... es difícil encontrar un ejemplo en Europa de tantas modificaciones, en las que influyen la rápida adaptación a una situación extrema, la ignorancia sobre la detección y el comportamiento de un nuevo patógeno y la falta de personal de Salud Pública en hospitales, en los centros de gestión de las comunidades autónomas y en los departamentos dependientes del Ministerio de Sanidad. "Hasta cierto punto fue lógico", reconoce el catedrático en Epidemiología del Hospital del Mar Miquel Porta. "Fue un temporal sin precedentes" que azotó a "las infraestructuras de Salud Pública más débiles de Europa". 

En mayo se produjo la última gran ruptura de la serie metodológica: el Ministerio pasó a hacer sus recopilaciones sumando los casos individualizados comunicados por las comunidades autónomas, en vez de utilizar el total de casos, como venía haciendo hasta ahora. El departamento que dirige Salvador Illa justificó la decisión para tener información más precisa, en base a "la nueva estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia" que se iniciaba tras la desescalada. Esto significa que tanto los responsables de Medicina Preventiva de cada centro de salud como los de cada comunidad autónoma deben incluir cada ficha de cada paciente en el sistema informático Sivies, acrónimo de Sistema Para la Vigilancia en España. Es un mecanismo del Centro Nacional de Epidemiología, dependiente del Instituto de Salud Carlos III y que ofrece los datos diariamente a Sanidad. 

Pero el nuevo sistema de notificación tiene una importante pega: el retraso.nuevo No coinciden los datos que ofrecen las comunidades autónomas en sus propios portales de transparencia, estadística y datos abiertos con los que refleja el Ministerio de Sanidad en su informe diario con los números recogidos a través de Sivies. La infranotificación es constante: en los hospitalizados, en los positivos por test PCR (lo que tiene una relación directa con la incidencia acumulada, el indicador más utilizado en los últimos meses para valorar la gravedad de la situación en un territorio) y en los fallecidos. En algunas comunidades como Madrid y Cataluña, las más afectadas por esta tardanza, los hospitalizados comunicados por la administración estatal suelen ser la mitad de los reales. Tanto los casos como las muertes de los últimos días que se publican en la página web del departamento central suelen ser también menores que los reales, porque varios no se llegan a mandar por la plataforma y se suman en días posteriores, subiendo el conteo de una cifra ya caducada y que nadie consulta. 

Los expertos explican que, aunque el problema es complejo, la causa es simple: no hay suficientes manos para picar los datos, para introducir los números en Sivies y enviárselos al Gobierno central. Las plantillas de Salud Pública han sido mermadas durante años en todos los niveles y la pandemia los pilló con la casa sin barrer. "Los servicios de Salud Pública de las comunidades autónomas tienen que recopilar los casos, cargarlos al Sivies y actualizarlos si cambia la situación del paciente", confirma Mario Fontán-Vela, coordinador de la Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública. Los técnicos que se encargan de este trabajo, generalmente, son reacios a hablar con la prensa: el residente, sin embargo, confirma que conoce a varios compañeros que hacen esta labor y que no pueden más. "En el área de Vallecas", donde trabaja, "solo contamos con dos epidemiólogos de zona" responsables de comunicar las cifras de una segunda ola que ha alcanzado los 1.000 casos de incidencia en el barrio. 

Cataluña, junto a Madrid, es la comunidad autónoma cuyos retrasos a la hora de cargar los datos al Sivies provocan una disonancia más llamativa entre lo notificado y la realidad. Esta semana se conoció que la Agencia de Salud Pública de Cataluña se reforzará con 68 técnicos adicionales, aunque a lo largo de tres años. Porta lo considera una buena noticia, aunque mantiene el escepticismo: no está aclarado si se trata de una mejora puntual por la pandemia o estructural. Sin embargo, el epidemiólogo explica que ha hablado con responsables de área de otras comunidades, "incluso varias que lo están haciendo bien", y "estaban desesperados por la falta de recursos". A alguno, detalla, "lo he visto exhausto". 

Los datos son importantes. No tanto por un ejercicio de transparencia, afirma el catedrático, sino por uno de "eficacia". "No puedes conducir un coche con los ojos cerrados. Y cuando los abras, si hay un periodista en el coche, ya le cuentas que vamos a demasiada velocidad", ejemplifica. Las "infraestructuras más débiles de Europa", como afirma, no solo necesitan más personal: necesitan unos sistemas acordes a los tiempos. "Están obsoletos". El experto se refiere a una ausencia de una red informática, "al nivel de la de la Agencia Tributaria o la Tesorería de la Seguridad Social", que no solamente unifique los formatos y no presente en PDF lo que hay que presentar en documentos de Microsoft Excel, sino que comparta interna y externamente todos los números de todas las administraciones, bajo los mismos criterios y con el máximo nivel de detalle. Por ejemplo: en España hay que acudir a los portales de cada región para comprobar cómo avanza el covid en un municipio, con cálculos distintos (hay quien no ofrece la incidencia acumulada a 14 días, por ejemplo). Otras no ofrecen ese dato. En Reino Unido, desde la página del Gobierno se puede comprobar cómo se encuentra un distrito de Liverpool. 

El epidemiólogo lamenta que la Salud Pública nunca ha sido la prioridad de ningún Gobierno, independientemente del signo ideológico. "Es una falta de voluntad que arrastramos desde hace 40 años". Y consciente, además: explica que políticos de distinto signo saben del peligro de una Salud Pública fuerte e independiente. "Es incómoda. Limitaría la capacidad de Ayuso, Torra o Trump para inmiscuirse". Fontán-Vela coincide: "Tenemos una concepción de la salud muy hospitalocéntrica. Muy de actuar cuando el problema ha surgido. La Salud Pública genera conflictos con el sistema político y económico que no venden como crear un hospital de pandemias". Generalmente, porque apunta a problemáticas incompatibles con el cortoplacismo y con los mecanismos ya establecidos: como la contaminación atmosférica o el modelo de consumo que abre la puerta a pandemias como la actual. 

El conflicto con Madrid también es numérico

Las acusaciones cruzadas con Madrid a la hora de abordar los datos de covid ha sido una constante tras la desescalada. En julio, cuando la segunda ola empezó a azotar Aragón y Cataluña, la Comunidad de Madrid negó que sus bajos casos se debieran a una carencia en los sistemas de vigilancia epidemiológica: sin rastreadores suficientes, muchos casos se quedan sin identificar, lo que impide aislarlos. Es una puerta abierta a la transmisión comunitaria. Cuando los casos empezaron a subir, la primera gran confrontación surgió: el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, hizo referencia a un dato contenido en el resumen publicado por la propia administración autonómica, el del porcentaje de asintomáticos detectados. Un bajísimo 7%. El dato implicaba, con toda probabilidad, que el sistema sanitario madrileño no estaba identificando a buena parte de los contagiados que no desarrolla síntomas. 

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, acusó a Simón de "deslealtad" por hablar de una cifra ofrecida por la propia Comunidad de Madrid, y elevó el porcentaje al 70%. Posteriormente, su departamento eliminó ese cálculo del resumen... para no volver a incluirlo jamás. Pero se dejaron una puerta abierta: el Instituto de Salud Carlos III sí que recoge el dato. Y corroboraron que Madrid no detectaba un 70%, sino un 21% a finales de agosto. 

Cuando la batalla se encarnizó, y el Gobierno central y el regional barajaron –y barajan– distintas medidas para contener la pandemia de una región que, durante semanas, ha sido el epicentro del covid en Europa, salieron a relucir los retrasos en la notificación, fruto de una estructura de Salud Pública que, confirman varias fuentes, cuenta con muy poco personal en Madrid. No les da tiempo a subir al Sivies todos los casos, por lo que tanto la incidencia como el número de fallecidos comunicados siempre es menor a la realidad y se va ajustando durante los días siguientes. Illa, de hecho, señaló que se trataba de la autonomía que más retrasos acumulaba en cuanto a sus envíos al sistema del Instituto de Salud Carlos III. Y Simón se negaba a reconocer una mejora o una estabilización del covid-19 en la capital. 

Sin embargo, los datos, que como se ha expuesto cuentan con numerosas deficiencias, sí fueron utilizados por Escudero para sacar pecho por el confinamiento perimetral de los datos del sur, primero, para defender que esas son las medidas que había que tomar cuando Illa se opuso, después, y para pedir la retirada del estado de alarma, finalmente, junto a otros dirigentes autonómicos y locales. El jet lag aumenta el número de casos diarios hasta en un 120% en algunas ocasiones. El 25 de agosto, por ejemplo, uno de los días de mayor desfase, se comunicaron 1.289 casos, cifra que pasó a ser de 3.294 tres días después. 

La desinformación y las dudas con respecto a los datos alcanzan otros ámbitos. El Ministerio de Sanidad, en la actualidad, recoge el porcentaje de camas ocupadas con pacientes de covid-19 con respecto a, en esencia, todas las camas a las que se puede colocar un respirador, no las que había prepandemia. Pese a que, por ahora, el colapso hospitalario se ha evitado, en la capital determinados centros del sur de la ciudad han llegado a tener todas sus camas específicas de UCI ocupadas con covid, por lo que han tenido que utilizar otros espacios destinados a otras patologías. Sin embargo, la ocupación oficial no llegaba ni al 40%.

El número de pruebas que se realizan también ha sido polémico, por la opacidad. El Ejecutivo autonómico decidió, siguiendo instrucciones de Sanidad auspiciadas por organismos internacionales, dejar de hacer test PCR a los contactos estrechos de un positivo que no sean convivientes o grupos de riesgo, dado el nivel de transmisión comunitaria, la imposibilidad de rastrear los brotes y el agotamiento de los laboratorios. Por pura lógica, los datos descenderían. Pero el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso afirmó que sustituiría los PCR por test de antígenos, lo que volvería a colocar a la región en cabeza en cuanto a detección. Sin embargo, estuvo días sin publicar las cifras de cuántas de estas pruebas se estaban realizando, hasta este jueves. La suma, en todo caso, no da: Madrid hace menos pruebas que antes, aún teniendo en cuenta ambas técnicas. 

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