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Memoria histórica

El CGPJ lanza un plan b para que el informe sobre la Ley de Memoria Democrática esté listo para el Congreso en junio

Flores junto a un lugar donde se cree que se encuentran enterradas víctimas del franquismo, este miércoles en el cementerio de Sevilla.
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se da otra oportunidad para sacar adelante el informe del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. En su trámite consultivo, el texto está encontrando diferentes escollos que han impedido que ocho meses después de su aprobación por el Consejo de Ministros aún no haya sido enviado a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria. Ya sólo queda el órgano de gobierno de los jueces por hablar, pero desde que la ley llegó en febrero pasado ha resultado imposible llegar a un texto de consenso por las evidentes diferencias de criterio entre los dos ponentes designados para hacer el informe preceptivo. Un choque que ha sobrepasado el análisis puramente técnico del anteproyecto, llegando a cuestionarse por una de las partes la constitucionalidad del articulado.

Dependiendo de la enjundia del anteproyecto de ley sobre el que tenga que informar, la Comisión Permanente del CGPJ designa a uno o dos ponentes. En el caso de la Memoria Democrática, eran dos, uno del considerado sector progresista y otro del llamado sector conservador. Según fuentes del organismo consultadas por infoLibre, los dos vocales, Álvaro Cuesta y José Antonio Ballestero, han mantenido varias reuniones en las últimas semanas, algunas con presencia del presidente de la institución, Carlos Lesmes, en las que no ha habido ningún acercamiento para lograr un texto de consenso que llevar al Pleno. Mientras Ballestero tiene una visión muy crítica del texto del Ejecutivo y cuestiona incluso su constitucionalidad, Cuesta se muestra favorable a la ley sin perjuicio de que se puedan realizar algunas correcciones técnicas para dotarlo de mayor seguridad jurídica.

Cuando no hay acuerdo en el Consejo sobre un anteproyecto –una situación que se produce en escasas ocasiones– los dos ponentes presentan sus conclusiones al resto de vocales para que sean éstos los que debatan ambas propuestas y voten. Sin embargo, en este caso Lesmes ha optado por un plan b: nombrar dos nuevos ponentes y darles algo más de tiempo para lograr lo que se les ha resistido a Cuesta y Ballestero. La Comisión Permanente ha designado a Roser Bach, nombrada vocal a propuesta del PSOE, y a Wenceslao Olea, propuesto por el PP, que tendrán hasta principios de junio para ofrecer al próximo Pleno un borrador de informe.

Tal y como afirmó la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, el pasado miércoles en el Congreso, el Ejecutivo ha concedido "con mucho gusto" la nueva prórroga –ya se habían aprobado varias– solicitada por el CGPJ. En realidad, podía haber seguido adelante con la tramitación parlamentaria del anteproyecto sin contar con el Poder Judicial, ya que los informes de los órganos consultivos no son vinculantes, pero Calvo confía en que llegará "pronto". Desde su departamento informan a este periódico de que la intención es enviar el texto a las Cortes "lo antes posible", por lo que el primer debate parlamentario podría tener lugar antes de que finalice el actual periodo de sesiones. "Calculo que le queda poco y que pronto estaremos en ese debate", apuntó la vicepresidenta.

Limitarse a un "estudio jurídico"

Parece que este nuevo intento, con nuevos ponentes, sí tiene visos de prosperar. Consultados por este periódico, tanto Bach como Olea se muestran confiados en que sacarán un texto pronto y descartan hacer interpretaciones y entrar en debate sobre el fondo y objeto del anteproyecto, sino limitarse a hacer un "estudio jurídico" y mejorar técnicamente el articulado para devolverlo al Gobierno y que éste apruebe el ya proyecto de ley. A priori, parece que su intención no es entrar en discusiones ideológicas. Lesmes se había comprometido a entregar un texto a mediados de mayo y aunque esta posibilidad ya es del todo imposible, los nuevos ponentes tendrán sólo unas semanas más. La aprobación definitiva del informe por el CGPJ dependerá de cuándo se convoque el próximo Pleno del Consejo.

Los dos vocales no tendrán que empezar los trabajos desde el principio. Cuentan ya con un borrador elaborado por el gabinete técnico del CGPJ –el que Cuesta aceptaba con pequeños cambios y Ballestero se negaba en redondo a admitir– y además también les han entregado las apreciaciones que hicieron los anteriores ponentes. A partir de ahí, Bach y Olea harán sus propias consideraciones y las comentarán para tratar de llevar al Pleno, ahora sí, un texto de consenso.

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Vistas las complicaciones que está teniendo la ley en el trámite consultivo, el debate en las Cortes no se avecina mucho más fácil. La norma, uno de los proyectos más paradigmáticos del Gobierno de coalición, sustituye a la Ley de Memoria Histórica que en 2007 impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y pretende ser bastante más ambiciosa. Así, por ejemplo, la nueva ley tiene una redacción mucho más concreta y amplia sobre la retirada de símbolos de exaltación de la dictadura y la Guerra Civil, supuesto que ha estado de plena actualidad en la última semana con las decisiones judiciales en Madrid por las que se anulan los acuerdos que llevaron a la retirada del nombre de las calles de Millán Astray y de Caídos de la División Azul.

En la norma que aún está en vigor no se hace mención expresa a callejeros de localidades, sino que determina en genérico que "las Administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura". En la futura Ley de Memoria Democrática sí se habla de "topónimos, callejero o denominaciones de centros públicos realizados en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la dictadura" y lo extiende "sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial".

Pero además, la ley pretende hacer una auditoría de los bienes expoliados en la Guerra Civil y la dictadura, recoge la ilegitimidad de los tribunales políticos franquistas y la nulidad de sus resoluciones por causa ideológica, prevé que el Estado incoe de oficio la apertura de fosas y acuda a la justicia con los “indicios” de delito creando una Fiscalía especial, plantea revocar títulos nobiliarios y medallas policiales contrarios a la democracia, considera “causa de extinción” de una fundación la apología del franquismo e introduce la memoria en los institutos.

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