Memoria histórica

Los colectivos de memoria cargan contra la retirada de honores a Largo Caballero: “Es el problema de tener una ley equidistante”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante el Pleno de este martes.

El Ayuntamiento de Madrid ha acordado en el Pleno celebrado este martes, el primero tras el parón estival, retirar en la ciudad los homenajes al ex secretario general de UGT y expresidente del Gobierno durante la Segunda República Francisco Largo Caballero y al exministro socialista Indalecio Prieto. La decisión, tomada con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox, se sostiene paradójicamente sobre el articulado de la Ley de Memoria Histórica pensado para retirar de la vía pública cualquier reconocimiento a aquellos militares golpistas y responsables políticos de aquella sangrienta dictadura que durante más de cuatro décadas sumieron al país en uno de los momentos más negros de su historia reciente. Los principales colectivos memorialistas se sienten avergonzados con la medida. Y no dudan en cargar duramente contra el equipo de gobierno. “Se está intentando implantar un revisionismo histórico basado en mitos del franquismo”, dicen. Sin embargo, reparten responsabilidades. El problema, dicen, está en la tibieza con la que se ha legislado en esta materia durante la democracia. “La ambigüedad de la Ley de Memoria ha dejado un hueco que permite esta manipulación y este tipo de interpretaciones”, sostienen en conversación con infoLibre.

La ultraderecha ha sido la encargada de poner sobre la mesa de Cibeles la propuesta de retirada de honores. En concreto, dos estatuas en La Castellana, el Bulevar Indalecio Prieto, la Avenida de Francisco Largo Caballero y la placa situada en la Plaza de Chamberí. Los reconocimientos a quien fuera secretario general de UGT datan de la década de los 80, con la democracia ya instaurada en nuestro país. De hecho, la placa en su casa natal fue colocada a finales de marzo de 1981 con el consenso de todas las fuerzas políticas. La propuesta fue entonces impulsada por el concejal de UCD Carlos Alonso de Velasco. Y al acto acudieron tanto el alcalde de la ciudad, Enrique Tierno Galván, y el secretario general de la Federación Socialista Madrileña, José Prat. “La militancia en un partido no importa si se abandera la consigna de la igualdad entre los hombres, y hoy es un día feliz porque todos los partidos se unen para reconocer la tutela excepcional de Francisco Largo Caballero”, sostuvo Prat. Y lo hizo en un momento especialmente delicado. No había pasado ni un mes desde que se consiguiera abortar el intento de golpe de Estado del 23F.

Vox sostenía originalmente que la retirada se realizase en cumplimiento de la Resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre de 2019. Una manipulación torticera de un texto de la Eurocámara sobre la importancia de la memoria histórica europea centrado en la Segunda Guerra Mundial, en los regímenes “nazi y comunista” y en las “ideologías totalitarias”. Sin embargo, finalmente la ultraderecha terminó aceptando la enmienda planteada por PP y Ciudadanos para que la retirada se llevara a cabo atendiendo, directamente, a la Ley de Memoria Histórica de 2007. Un texto que en su artículo 15 establece que “las administraciones públicas” deben tomar, en el ejercicio de sus competencias, “las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones” que conmemoren todavía en la actualidad “la exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. A no ser, continúa, que dichas menciones sean de estricto recuerdo privado, sin que exista exaltación, o cuando concurran razones artísticas o arquitectónicas.

Hasta ahora, este precepto de la norma había sido utilizado para borrar del callejero por toda España los nombres de militares golpistas o retirar todos los vestigios que exaltasen aquella época oscura de la historia reciente. Sin embargo, tanto la formación ultra como la derecha recurren ahora a este mismo articulado para comenzar su contraofensiva memorialista. Era cuestión de tiempo. Los colectivos de memoria histórica llevan más de una década denunciando la tibieza del texto aprobado durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Una redacción demasiado amplia a la que ahora se agarra el equipo de gobierno local. “Es el problema de tener una Ley de Memoria Histórica ambigua y equidistante”, apunta al otro lado del teléfono Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. Coincide Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). “Se tenía que haber apostado por una norma de memoria antifascista clara y no haber dejado las cosas en el mundo de la equidistancia”, señala en conversación con este diario.

Ese tratamiento “genérico”, ese “lenguaje” amplio que desliza la idea de que “todos” a ambos bandos del conflicto bélico fueron “iguales”, sostienen los colectivos memorialistas, es lo que ha llevado en los últimos años a los tribunales a hacer interpretaciones diferentes de dicho articulado. Así, Peinado pone el ejemplo de la calle Caídos de la División Azul. El nombre de esta vía fue una de las que el Ayuntamiento liderado por Manuela Carmena decidió cambiar en aplicación de la normativa estatal. Sin embargo, esta decisión chocó contra el Juzgado de los Contencioso Administrativo número 8 de la capital. En una resolución de mediados de abril de 2018, la jueza Ana Monreal consideró que la retirada no estaba justificada al entender que el nombre de esta unidad de voluntarios enviada a apoyar a los nazis en la invasión de la URSS no suponía “una exaltación colectiva que contribuyó manifiestamente al mantenimiento y adhesión de la dictadura”. Al haberse creado en 1941, consideraba la jueza, no entraba ni en el periodo de la exaltación de la sublevación militar ni tampoco en el de la Guerra Civil.

“Mitos” del franquismo

Los colectivos memorialistas consideran un despropósito el acuerdo alcanzado en Cibeles. “No se puede comparar a golpistas y militares traidores o a un régimen tiránico con dos de los mejores ministros que ha tenido este país”, asevera Peinado. “El problema radica también en la enorme ignorancia que existe en relación con el pasado”, señala Silva. En este sentido, el presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria sostiene que la iniciativa de la extrema derecha se sujeta sobre un relato de hechos centrado en algunos de los principales “mitos” del franquismo. De hecho, algunos historiadores también se han pronunciado en este sentido. “Me dicen que Vox ha presentado en el Ayuntamiento de Madrid una proposición para retirar del callejero el nombre y la estatua de Largo Caballero. Lo hacen con una sarta de mentiras, barbaridades y basura histórica maloliente. Se retratan ellos y quizá con ellos otras formaciones”, apuntó a lo largo de la mañana en su cuenta de Twitter el historiador Ángel Viñas, autor de varias obras sobre la Guerra Civil, la Segunda República y el franquismo.

En su exposición de motivos, la extrema derecha hace referencia a la Revolución de Asturias de 1934, la matanza de Paracuellos del Jarama (Madrid) o el famoso oro de Moscú. “Largo Caballero, en colaboración con Juan Negrín e Indalecio Prieto, robó más de 500 toneladas de oro del Banco de España, […] con destino a uno de los mayores criminales de la historia, Stalin”, apunta Vox. Afirmaciones a las que responde el propio Viñas en un interesante artículo publicado este martes en su blog. En él, el historiador recuerda que la salida de las reservas “fue una medida de prudencia”, pues si los lingotes caían en manos de los sublevados ya no había posibilidad alguna de “resistencia”. De hecho, en el post también recuerda que esta estrategia fue similar a la que siguieron otros países europeos de cara a la Segunda Guerra Mundial. Francia, por ejemplo, envió sus reservas de oro a Nueva York, Fort-de-France y Kayes. “El Gobierno republicano fue prudente. Tuvo la autorización del presidente de la República merced a un decreto reservado (de la víspera) del presidente Azaña”, sostiene el historiador.

Del Cementerio del Este a la cárcel de Carabanchel

Para Peinado, la decisión adoptada este martes refleja el nulo interés del equipo de gobierno de José Luis Martínez Almeida en materia memorialista. Algo que, recuerda, ya se ha visto en varias ocasiones durante los últimos meses. Pone como ejemplo el del memorial del Cementerio del Este, un espacio de recuerdo a las personas fusiladas en el camposanto entre 1939 y 1941 que el consistorio decidió paralizar y desmantelar, retirando las placas con los nombres de las víctimas, con el objetivo de “unificar el reconocimiento” a los que perdieron la vida en ambos bandos de la contienda. Algo similar ocurrió con el memorial que durante la legislatura anterior el Ayuntamiento de Madrid se comprometió a instalar frente a la antigua cárcel de Carabanchel. El equipo de gobierno de Almeida terminó por desatenderse del proyecto. Y fueron los colectivos vecinales los que tuvieron que afrontar tanto el coste como la instalación.

El debate sobre la iniciativa en el Pleno fue bronco. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, habló de “personajes siniestros”, “exponentes de totalitarios criminales antidemócratas que no merecen un reconocimiento”, mientras desde Más Madrid y el PSOE criticaban el intento de “retorcer la ley” y de utilizarla de forma torticera. PP y Ciudadanos símplemente se limitaron a sostener que hay que cumplir la ley. “[Es igual] para criminales de uno y otro lado”, deslizaban los naranjas. Apenas había margen de que la iniciativa cayera. El trío de Colón ya había acordado antes del Pleno que Largo Caballero se retiraría. El único escollo posible estaba en Indalecio Prieto. Ciudadanos no tenía nada clara esta decisión. Sin embargo, la propuesta no ha podido dividirse. Y en la dicotomía entre ambos o ninguno, los naranjas se han inclinado por la primera opción. 

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