Colectivos de mujeres exigen a Igualdad que el cierre de los prostíbulos no solo sea durante la pandemia sino para siempre

Irene Montero habla, en su misiva a las consejerías autonómicas de Igualdad, de crisis sanitaria. Pero también apela a los derechos de las mujeres para recordar que son fundamentales. Sobre esta base, la ministra de Igualdad llama al cierre de los prostíbulos de todo el país. Lo hace en un contexto de pandemia, con el fin de salvaguardar la salud de la ciudadanía y en aplicación de las medidas acordadas en la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial de Salud respecto al ocio nocturno. Pero también lo hace sin perder de vista la explotación: "Que no demos tregua a la explotación sexual, que no demos tregua a esa industria proxeneta que siempre permanece en la impunidad y en la absoluta opacidad". Las entidades especializadas celebran el paso y piden que sirva para coger impulso hacia el cierre definitivo de los prostíbulos.

Victoria Rosell, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, señalaba este jueves en redes sociales que los prostíbulos ya echaron el cierre con el real decreto que dio lugar al estado de alarma, pero también recordaba que con la orden del Ministerio de Sanidad del 19 de marzo, sobre la suspensión de la apertura de los establecimientos de alojamiento turístico, se cerraron igualmente los "falsos hostales". "No debieron abrir en la desescalada por comunidades autónomas", apuntaba la delegada.

Hasta el momento, comunidades como Castilla-La Mancha y Cataluña han ordenado ya el cierre de este tipo de espacios. Ximo Puig, presidente de la Comunitat Valenciana, añadía este viernes que la estrategia respecto a la prostitución pasa por una legislación estatal que pusiera fin a la existencia de estos establecimientos.

La posición del Gobierno está encaminada a la abolición de la prostitución. En su discurso de investidura, Pedro Sánchez apeló a "erradicar la prostitución" como objetivo prioritario. Andrea Fernández, diputada socialista, señaló respecto a la misiva del Ministerio de Igualdad que "los prostíbulos, en tanto locales de explotación de seres humanos, deben erradicarse para siempre, no cerrarse eventualmente porque supongan un peligro en materia de contagio". También en redes sociales la secretaria de Políticas Feministas del PSC, Sònia Guerra, recordó que los socialistas reclaman "el cierre de los prostíbulos" pero también la abolición de la prostitución.

Lo cierto es que el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos se centra esencialmente en una ley contra la trata, pero el debate es amplio y es imposible desviar la mirada de la prostitución. ¿Es viable la continuidad del cierre de los locales de alterne más allá de un contexto de crisis sanitaria?

Herramientas jurídicas y cierre definitivo

Rocío Mora, coordinadora de la entidad contra la trata APRAMP, no alberga dudas al respecto y se reconoce optimista. A su entender, resulta clave que la ministra haya apelado a los derechos de las mujeres para referir el cierre inmediato de los prostíbulos. Lo considera buena señal. Lo contrario, aludir exclusivamente al contagio como única razón del cierre, enquista la lucha. "Creo firmemente que las líneas tienen que ser muchísimo más amplias, pero hoy soy optimista".

Mora estima que el cierre "es un punto de partida para seguir adelante y que desaparezcan todos aquellos lugares donde haya explotación", pero recuerda que las competencias están repartidas y las líneas de actuación son variadas. Por este motivo, cree importante trabajar sobre una legislación estatal que permita la clausura de este tipo de locales. Las comunidades y los ayuntamientos "tendrán margen si existen instrumentos legislativos" y eso será posible con "una ley integral que penalice el proxenetismo y siga una óptica abolicionista".

Disponer de recursos, en ese contexto, es igualmente clave. APRAMP ha colaborado estrechamente con el Ministerio de Igualdad desde el inicio de la pandemia y sus servicios fueron de hecho declarados esenciales para no frenar la atención a las mujeres víctimas de trata o en contextos de prostitución. En su carta a las comunidades, la ministra también hace referencia a los recursos habitacionales y la atención sociosanitaria para estas mujeres, instrumentos que no deben a su juicio quedar en un rincón.

Sara Vicente es abogada y responsable del programa de prostitución y trata de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. En su opinión, la prostitución requiere ampliar el foco: se trata de un problema estructural que no sólo responde a las circunstancias de la crisis sanitaria. "Hay que cerrar los prostíbulos no por el covid-19, sino porque la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres", lanza. Un cierre que debe ir acompañado de una "legislación que permita la prohibición completa de la apertura de prostíbulos en todos los casos". La ley, plantea, es la única fórmula para "acabar con la prostitución y las relaciones de violencia".

Si el cierre de los locales de alterne se materializa en las comunidades, la tendencia podría ser aprovechada para encarar un cambio de rumbo. Una legislación específica, asume la abogada, concedería el marco jurídico adecuado para que las autonomías tengan que implantar las medidas fijadas y que por tanto el cierre "no sea una instancia, sino una obligación legal". Vicente coincide en que la norma debe contemplar la "penalización de todas las formas de proxenetismo y la demanda de prostitución", además de "responsabilizar a los hombres de sus comportamientos" y desplegar medidas de "apoyo psicológico, jurídico y social" para las mujeres. Y lanzar un mensaje: "El acceso al cuerpo de las mujeres a cambio de dinero es un acto de violencia, las relaciones sexuales no se compran".

Recursos y ayudas

Las trabajadoras sexuales que defienden la regulación de la prostitución, sin embargo, han venido advirtiendo que el estado de alarma, el confinamiento e incluso la nueva normalidad han dejado atrás a muchas mujeres y las han abocado a la clandestinidad, sin apenas recursos ni ayudas a su disposición. "Las únicas que han apoyado realmente a las trabajadoras sexuales durante esta emergencia son las propias trabajadoras sexuales", señalaba en redes sociales la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS). Sobre el plan de ayuda a víctimas de trata y mujeres en contexto de prostitución, inicialmente trazado por el Ministerio de Igualdad en abril, el sindicato denuncia que no sólo confunde trata, explotación sexual y trabajo sexual, sino que "invisibiliza" a las prostitutas.

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Este viernes, a través de redes sociales, la entidad reaccionaba a la carta del ministerio y se preguntaba si las comunidades garantizarán "vivienda para las mujeres que viven en los clubes" o si serán las propias trabajadoras quienes tendrán que buscarla. "Nuestras condiciones de vida siguen sin importaros".

Sobre recursos y ayudas habla también Celia López, portavoz de Médicos del Mundo, pero desde una mirada abolicionista. "Es importante conseguir que las medidas económicas, habitacionales y todos los recursos lleguen" a las mujeres que ejercen prostitución. Actualmente, el real decreto 20/2020, por el que se establece el ingreso mínimo vital, no se dirige "a las mujeres vulnerables en situación de prostitución y aunque sí reconoce como potenciales beneficiarias a las víctimas de trata, en la práctica las comunidades autónomas no lo están cumpliendo", por lo que para su "correcta implementación falta un reglamento específico que lo desarrolle". Sin esta base, cualquier medida hacia adelante estará abocada al fracaso.

Respecto al cierre de los prostíbulos, la activista sí cree que "podría ser un primer paso", pero también recalca que "los proxenetas están dirigiendo su negocio hacia los pisos", de manera que con el fin de los locales "no se acaba la violencia de género". Los pisos, señala López, resultan un problema de peso: las fuerzas de seguridad no se pueden personar sin una orden judicial. En ese sentido, coincide en que "lo más importante sería una ley que dejase bien claro que las mujeres prostituidas son víctimas de violencia de género y como tales tendrían que tener acceso a los recursos que el Estado debe proporcionar a una víctima". En todo caso, si bien a medio plazo es importante "ir trabajando en esa ley, a corto plazo lo fundamental es darles alternativas para que no se queden en la marginalidad".