Las exmonjas atrincheradas en Belorado comercian con oro y cobran la pensión de una clarisa fallecida
El primer cisma de religiosas en España ha dejado desde el pasado mayo una situación rocambolesca: las exmonjas atrincheradas en el monasterio de Belorado impiden el acceso físico al arzobispado de Burgos, que no sabe qué pasa dentro de esos muros, mientras el arzobispo Mario Iceta, como comisario pontificio en esta crisis, ha tomado el control de unas cuentas bancarias donde abundan las deudas y las sorpresas. Al revisar los ingresos de las pensiones de las hermanas mayores, en el equipo de Iceta se dieron cuenta de un ingreso recurrente que no sabían a quién correspondía. Tras recabar información entre clarisas de otros monasterios, alertaron a la Seguridad Social de que era la prestación de una religiosa fallecida en abril de 2022, que se ha cobrado hasta este enero.
El dinero que no ha llegado a las cuentas de los monasterios de Belorado (Burgos) y Derio (Bizkaia) son los 130.000 euros que ha obtenido la exabadesa Laura García de Viedma por la venta de 1,73 kilos de oro el pasado mes. “Nos hemos enterado por un oficio de la Policía Nacional, que investiga esta transacción. Nosotros no sabíamos ni que en el monasterio se había comprado antes oro. No tenemos por qué dudar de que lo hicieran legalmente, pero es evidente que no es algo normal que las monjas se dediquen a comprar y vender oro. Las clarisas suelen vivir de las pensiones de las mayores y de las ventas de sus dulces”, indican a infoLibre fuentes del arzobispado. El oro vendido por la exabadesa es la “última liquidación” del que tenían en el monasterio, porque desde que lo adquirieron en 2020 habían hecho ya “liquidaciones parciales”, según detalla a infoLibre el abogado de las exreligiosas, Florentino Javier Aláez Serrano.
La Policía Nacional contactó al arzobispado al detectar la venta de oro a nombre de la exabadesa como administradora de los bienes del monasterio, ya que es de público conocimiento su ruptura con la Iglesia católica y por tanto estaba en cuestión su capacidad para ejecutar tal trato. Asimismo, ha pedido a la empresa compradora que “se abstenga de realizar cualquier actuación con los bienes adquiridos hasta que se acredite el legítimo dominio de esta persona sobre los objetos señalados”. El arzobispado ha confirmado que la exabadesa no tiene capacidad legal para realizar ninguna operación económica en nombre de los monasterios de Belorado y Derio porque no es cierto que ambas entidades jurídicas canónicas hayan sido transformadas válidamente en asociaciones, ya que el Ministerio del Interior ha denegado su inscripción.
A raíz del aviso de la Policía, el arzobispado ha buscado pistas sobre las compras de oro de 2020 en los extractos bancarios y ha pedido las facturas a la empresa que figuraba: un total de siete (cuatro a nombre de Belorado y tres de Derio) emitidas en julio y agosto de 2020 por un valor que supera los 250.000 euros: 195.686 € de Belorado y 56.480 € de Derio. “Las religiosas hacen su gestión administrativa como quieren, no se les revisan las cuentas, de esto nos hemos enterado por la notificación policial”, apuntan fuentes del arzobispado para explicar por qué no habían sabido nada al respecto hasta ahora. Esas facturas, a diferencia de lo que sostiene el abogado de las exmonjas, no están a nombre de la entonces abadesa sino de los monasterios de Belorado y Derio.
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Tras el cisma, las exclarisas pidieron caridad digital con poco éxito en una recaudación de fondos pública y han sido declaradas vulnerables recientemente por la Diputación de Burgos. No obstante, es la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, a la que están afiliados los monasterios y a la que tampoco permiten acceso, la que se hace cargo de los abundantes gastos y deudas de las exreligiosas, en total más de 225.000 euros hasta ahora. Se trata de nóminas de trabajadores, préstamos bancarios y suministros que en ocasiones llaman la atención por su cuantía: el último recibo del gas, por ejemplo, fue de 3.000 euros. Por contra, los únicos ingresos que entran en esas cuentas son las modestas pensiones de las hermanas mayores.
Entre esas prestaciones, el arzobispado detectó, tras tomar el control de las cuentas, un ingreso recurrente que no sabía a quién correspondía, porque aparecía con el nombre oficial y no con el nombre religioso (algunas hermanas se lo cambian). Tras preguntar a monjas de varios monasterios, descubrieron que era la pensión de una clarisa fallecida desde abril de 2022 y que, sin embargo, se ha abonado hasta este enero. Tras notificarlo, la Seguridad Social va a reclamar el reembolso íntegro, lo que representa una nueva obligación económica que se suma a la engrosada carga que ya soporta la Federación de Clarisas desde que ocurrió el cisma. “Nosotros no tenemos sus libros de contabilidad, vamos a ciegas, todo esto nos lo hemos ido encontrando”, lamentan las fuentes del arzobispado consultadas.
Estas revelaciones suman nuevos elementos a la ya compleja batalla judicial que libran el arzobispado y las exmonjas. “Todos los pleitos que tenemos son precisamente para recuperar esas cuentas”, dice el abogado de las religiosas excomulgadas. Está pendiente además la nueva cita judicial en el proceso de la demanda de deshaucio que ha puesto el arzobispado para que abandonen los monasterios las hermanas cismáticas, algo en lo que el abogado de ellas no cree que afecte la declaración de vulnerabilidad de la Diputación y que se ha retrasado por problemas a la hora de notificar a algunas exmonjas. En paralelo, él ha impugnado la denegación de la inscripción como asociación y también busca que la Justicia declare “la ineficacia del comisario pontificio” para que deje de tener el control de los monasterios.
