Condenada la Delegación del Gobierno por vulnerar derechos fundamentales de un manifestante

El Juzgado número 20 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid ha anulado una sanción impuesta por la Delegación del Gobierno en Madrid al considerar probado que vulneró el derecho fundamental a la presunción de inocencia de un manifestante. La sentencia condena además a la Delegación, que dirige Cristina Cifuentes, a asumir las costas del proceso.

Los hechos se remontan a octubre de 2012. En esa fecha, la delegada Cifuentes impuso una sanción de 300 euros por desobediencia a uno de los participantes en una protesta que tuvo lugar el 27 de abril de 2012 en el intercambiador de la Puerta del Sol y sus alrededores. Según la versión de la Delegación del Gobierno, tras identificar a los participantes en la acción, la Policía les indicó, uno por uno, que la acción no estaba autorizada y les pidió que abandonasen el lugar, cosa que no hizo el manifestante en cuestión.

Sin embargo, esta persona asegura que en ningún momento se le indicó la necesidad de alejarse de las inmediaciones de la Puerta del Sol. De acuerdo con lo que establece la ley, y tal y como recoge la sentencia, en caso de versiones discrepantes, "los agentes que personal y directamente identificaron y requirieron al actor para que abandonara el lugar" deben ratificar su versión de los hechos en el juicio, cosa que no ocurrió en este caso, ya que se desconoce "quiénes fueron tales agentes concretamente".

Lo cierto es que, de haber sido posible identificar a los agentes que practicaron las identificaciones aquel día, su palabra habría bastado para considerar ajustada a la norma la sanción impuesta por la Delegación. Pero eso no ha ocurrido en este caso, por lo que el juez anula la sanción "por vulnerar el derecho fundamental a la presunción de inocencia" y condena al departamento de Cifuentes a asumir las costas del proceso.

Satisfacción y esperanza

Sentencia 252/2013 [PDF]

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Tras conocerse la sentencia, contra la que aún cabe recurso de apelación, fuentes de la comisión legal de la Acampada Sol han expresado su satisfacción: "Esperamos que sea la primera sentencia de otras muchas similares", han indicado. Estas mismas fuentes han destacado que en las sanciones no constaba la identidida de los agentes que identificaban a los manifestantes para la imposición de la sanción, y han asegurado que en las manifestaciones es frecuente que se recurra a "identificaciones indiscriminadas".

En una nota que data del 10 de mayo, la comisión indica que, a su juicio, "desde hace dos años se ha sancionado a 1000 personas por ejercer sus derechos", y que la potestad sancionadora de la Administración se ha configurado "como una herramienta limitativa de derechos fundamentales".

Por ello se interpusieron en esa fecha cuarenta demandas contra sanciones de la Delegación de Gobierno, que ahora esperan que sigan el mismo curso: "Lo que debería suponer esta sentencia y lo que exigimos es que se archiven todos los procesos sancionadores en los que se de la misma vulneración". "La Delegación sabía que no podía actuar así, pero prefiere hacer que los ciudadanos gastemos tiempo y dinero", concluyen.