El trato de los diputados con los lobistas sigue oculto pese a la obligación de publicar las reuniones fijada en 2020

La Oficina de Conflicto de Intereses del Congreso y el Senado ha detectado un foco de opacidad en las relaciones entre los parlamentarios y los lobistas. El último informe oficial de este organismo apunta a un extendido incumplimiento de la norma aprobada en 2020 que obliga a hacer públicas las reuniones de sus señorías con "grupos de interés". Si al cierre de 2022 el porcentaje de diputados del Congreso que habían publicado encuentros de este tipo era de menos de un 7%, un año después ha caído incluso por debajo de esa cifra, a pesar de las "recomendaciones" de la Oficina, que considera "altamente improbable" que datos como estos se correspondan con la realidad. Son ya tres las veces que el organismo encargado de vigilar la prevalencia del interés público ante los conflictos de interés ha recordado a diputados y senadores la obligación de cumplir su propio "código de conducta".

El incumplimiento detectado afecta a un punto delicado del ecosistema democrático, el lobby, donde frisan los intereses privados y los públicos. Se trata de un terreno que en España está poco regulado y que recientemente ha evidenciado su carácter políticamente inflamable con el frustrado fichaje por patre de la consultura de asuntos públicos Acento del último líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón.

Ni luz ni taquígrafos

Mientras a nivel europeo la actividad de lobby está regulada, con claras obligaciones legales para grupos de interés y responsables públicos, España forma parte del menguante club de los países donde persiste un régimen de supuesta "autorregulación".

El contraste es evidente. Cualquier ciudadano tiene a su alcance detalles de, por ejemplo, la actividad lobista ante las instituciones europeas de multinacional Inditex en defensa de sus intereses o de la consultora Llorente & Cuenca en defensa de los intereses de sus clientes. Es posible conocer, mediante búsquedas en el Registro de Transparencia de la UE, el dinero destinado a estas tareas, las personas acreditadas por cada empresa para entrar en el Parlamento europeo o las reuniones mantenidas con miembros de la Comisión. Las asociaciones defensoras de la transparencia protestan por las fallas del sistema, que permite zonas de opacidad. Pero al menos hay un sistema.

En cambio, en España, no puede hablarse ni siquiera de un sistema como tal. Al menos, no coherente ni organizado. No hay, a diferencia de Alemania o Francia, un registro obligatorio de lobbies establecido por una ley de ámbito general. El Registro de Grupos de Interés de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es una relación con datos generales que no permite conocer la actividad de los lobbies, ni mucho menos hacer búsquedas que permitan ver en qué normas han tratado de influir. Es poco más que un listado. Y sólo incluye a quienes han ejercido influencia ante la CNMC. A este registro se suman unos pocos a nivel autonómico –como los de la Comunidad de Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana o Castilla La Mancha–, o local, como el del Ayuntamiento de Madrid. Todos quedan a años luz de las posibilidades que ofrece el registro europeo

Entre los motivos que permiten esta falta de control y transparencia en la actividad lobista en España sobresale uno: no hay una ley estatal reguladora. Uno de los resultados de este déficit es que los lobistas pueden entrar y salir de los edificios de las Cortes sin dejar rastro en un registro público. "A todos los efectos, las visitas de los lobistas al Congreso son como visitas personales", señala una fuente parlamentaria. Un profesional del sector describe así la situación: "Cuando voy al Congreso, a diferencia de lo que ocurre si voy al Europarlamento, no tengo ninguna obligación de registrar nada".

Un código para generar nuevas obligaciones

El Código de Conducta de las Cortes Generales, aprobado en octubre de 2020 con Meritxell Batet como presidenta del Congreso y Pilar Llop como presidenta del Senado, pretendía paliar esta carencia a la espera de la aprobación de la ley, que estaba recogida en el pacto de PSOE y Unidas Podemos de la legislatura pasada pero se quedó en el tintero. La norma "de conducta" aprobada por las mesas de las dos cámaras establece la obligación de los diputados y senadores de "hacer pública su agenda institucional" en el Portal de Transparencia e incluir "en todo caso" en la misma las reuniones mantenidas con los representantes de "cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés".

La propia falta de una ley empujó a improvisar una definición en el Código de Conducta: "Tendrán la consideración de grupo de interés, lobby o lobista aquellas personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que se comuniquen de forma directa o indirecta con titulares de cargos públicos o electos o personal a su cargo en favor de intereses privados, públicos, particulares o colectivos, intentando modificar o influir sobre cuestiones relacionadas con la elaboración o la modificación de iniciativas legislativas".

Ahí quedaba pues la obligación, en el artículo 6.2 del Código.

¿Qué balance cabe hacer de esta medida destinada a arrojar luz sobre las relaciones entre diputados/senadores y lobistas? A tenor de los tres informes que la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales ha publicado para hacer seguimiento del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el Código, podemos hablar de fracaso.

Primera recomendación

El primer informe, sobre el año 2021, ya mostraba que el artículo 6.2 del Código no había despertado precisamente una oleada de transparencia. ¿Qué hicieron sus señorías? Mayoritariamente pasaron de sus nuevas obligaciones. 207 miembros de la Cámara baja ni siquiera aprovecharon el mecanismo puesto a su disposición para publicar su agenda. De los 143 que sí, 62 lo hicieron sólo con la agenda "parlamentaria" –en la que aparecen de forma automática todas las convocatorias de los órganos de los que forman parte, como plenos o comisiones–, tres sólo con la "personal"–entendida como aquella agenda de reuniones políticas del diputado, no privadas– y 78 tanto con una como otra.

Esos datos no significan que 81 diputados publicaran su agenda de reuniones con "grupos de interés", sino que habilitaron el mecanismo necesario para hacerlo. La Oficina de Conflicto de Intereses no entra en su primer informe a analizar el contenido de lo que publicaron los diputados. No obstante, sí señalaba que los datos indicaban que "no será suficiente con la mera puesta a disposición" de la herramienta y habría "necesidad de desarrollar acciones que promuevan" su "utilización". En cuanto al Senado, las adaptaciones informáticas eran tan recientes que la Oficina veía prematuro un balance.

En su apartado de "recomendaciones", el informe recordaba por primera vez tanto a diputados como a senadores la "obligación que tienen de publicar sus agendas, en las que han de incluir, en todo caso, las reuniones que mantengan con los representantes de entidades que tengan la condición de grupos de interés". La Oficina expresaba su confianza en que el despliegue efectivo del Código "prevenga y evite una influencia" sobre las leyes que sea "oculta, indebida o extralimitada".

Poco más de un 6%, algo "altamente improbable"

El siguiente informe era sobre el año 2022. Si en el primer balance la Oficina de Conflicto de Intereses mostraba una cierta indulgencia por el relativamente escaso tiempo transcurrido desde la aprobación del Código, en el segundo la crítica es más severa. Al finalizar el año "solo 24 diputados/as y 15 senadores/as incluían [en sus agendas] referencias a reuniones o actividades distintas a las puramente orgánicas de las Cámaras", señala. Eso es un 6,87% de los 350 diputados y un 5,63% de los 266 senadores. En total, un 6,33% de los miembros de ambas cámaras. Una "minoría", subrayaba el informe.

Antes estos datos la Oficina volvía a reiterar la misma "recomendación" de 2021 y hacía este apunte sobre la escasez de reuniones consignadas por los diputados y senadores: "Se hace difícil dar por bueno, al parecer altamente improbable, un resultado como el que arroja la comprobación de las agendas de los/as parlamentarios/as en el Congreso y el Senado en el año 2022, donde quienes consignan otras reuniones 'institucionales', aparte de las orgánicas [es decir, plenos, comisiones], no llegan en ninguna de las dos Cámaras al 10% del total". Y añade: "Si la suposición de la Oficina es correcta, se advierte aquí un claro punto de mejora en el cumplimiento de las obligaciones del Código".

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Así que el mensaje estaba claro y quedaba por escrito en un informe oficial firmado por Pedro José Peña, director de la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes, el 23 de marzo de 2023. Pues bien, Peña ha vuelto a poner su firma sobre otro informe algo menos de un año después, el 18 de enero de 2024, en este caso sobre 2023.

Si bien al cierre de año todos los diputados y senadores publicaban ya su agenda parlamentaria, "eran minoría en ambas Cámaras quienes, además de las reuniones de órganos parlamentarios, publicaban otro tipo de actividades y reuniones mantenidas con grupos de interés o asociaciones y organizaciones de todo tipo, interesadas en el proceso legislativo". El informe no precisa números, pero explicita que en el Congreso la cantidad de diputados con la "publicación completa de reuniones de todo tipo" ha bajado, a pesar de las recomendaciones, mientras en el Senado ha subido. Por tercera vez, la Oficina recuerda por escrito a los diputados y senadores su "obligación". Habrá que ver qué dice el informe sobre 2024.

Lo que la Oficina ve como un extendido incumplimiento de la obligación fijada en el Código de Conducta queda impune. Aunque la norma fija sobre el papel un régimen sancionador, en la práctica carece de efectos, señala a infoLibre una fuente parlamentaria. El Congreso explica a través de un portavoz oficial que para hacer efectivas las posibles sanciones es necesario un desarrollo reglamentario que no se ha producido.