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Entidades de crédito y reputados bufetes: la 'doble vida' de los letrados del Consejo de Estado

Salón de plenos del Consejo de Estado.

Javier Gómez-Acebo Sáenz de Heredia es uno de esos personajes vinculados a la nobleza patria. Sobre todo, desde que heredase el título de marqués de Vallcabra, una distinción nacida a comienzos del siglo XVIII. Su nombre resuena con intensidad en los círculos jurídicos de este país. Este abogado de amplia trayectoria profesional pertenece desde comienzos de los ochenta al cuerpo de letrados del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno de España. Es, de hecho, el jefe de juristas de la sección que despacha los asuntos procedentes de las carteras de índole económica del Ejecutivo. Una labor que, sin embargo, no ha tenido problema en desarrollar mientras ocupaba puestos de responsabilidad en el mundo financiero.

La doble vida de Javier Gómez-Acebo no es para nada una excepción dentro de este cuerpo de élite funcionarial, para cuyo acceso es necesario superar una durísima oposición con un programa de cerca de medio millar de temas. En el palacio del siglo XVII convertido en sede del Consejo de Estado y de la Capitanía General, ubicado en plena calle Mayor y a escasos pasos de donde se produjo el atentado contra Alfonso XIII, alrededor de una decena de letrados tiene reconocida la compatibilidad para poder ejercer también la abogacía en el sector privado. Algunos son letrados mayores. Otros ocupan los puestos rasos. Y quienes están detrás de la mayoría de ellos son los bufetes más reputados del país.

Pero el caso del marqués de Vallcabra presenta alguna diferencia respecto a lo que se considera habitual dentro del órgano consultivo. Fundamentalmente, porque su vida fuera del Consejo de Estado no se ha circunscrito exclusivamente a los bufetes. Gómez-Acebo ha ocupado el puesto de consejero de Andbank, en cuya página web se publicó su currículum con menciones expresas a su cargo en el Consejo de Estado. Y los documentos públicos de MyInvestor, un neobanco respaldado por el citado grupo, lo situaban a finales de diciembre como miembro del Consejo de Administración –consejero externo independiente– y presidente de la Comisión de Auditoría.

Los letrados del órgano consultivo están sujetos a la ley de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas de 1984. Una norma que en su artículo duodécimo prohíbe al personal comprendido en su ámbito de aplicación "la pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores" de empresas o entidades privadas siempre y cuando "la actividad de las mismas esté directamente relacionada" con las que gestione el organismo en que preste sus servicios el personal afectado. Gómez-Acebo ejerce como letrado mayor de la Sección Quinta del Consejo de Estado, la que se encarga justamente de despachar los asuntos que proceden de los Ministerios de Hacienda y Economía.

Este diario ha trasladado al letrado mayor una serie de cuestiones a través del órgano consultivo, cuya presidencia pasó a ocupar en noviembre Magdalena Valerio y desde donde se limitan a señalar que están "estudiando" el asunto. En concreto, se le ha preguntado si continúa a día de hoy como consejero independiente de MyInvestor, cuáles son sus funciones, si percibe alguna remuneración económica por sus labores en dicha empresa, si informó de que iba a formar parte del Consejo de Administración de la misma o si considera que su papel como consejero independiente choca con la norma sobre incompatibilidades. Gómez-Acebo, sin embargo, ha declinado hacer declaraciones al respecto.

El Consejo de Estado es una de esas instituciones con solera. Su nacimiento se remonta a los primeros compases del siglo XVI, durante la monarquía de Carlos I de España y V de Alemania. Y todavía hoy juega un papel fundamental. Al órgano se le consulta sobre proyectos de decretos legislativos, anteproyectos de Ley, asuntos de Estado a los que el Gobierno reconoce especial trascendencia, interpretación de tratados internacionales e, incluso, sobre reclamaciones patrimoniales que se formulen ante la Administración del Estado. Sus dictámenes, con carácter general, no son vinculantes. Pero a pesar de ello, casi la práctica totalidad de los mismos acaban siendo secundados por los órganos que han realizado la consulta.

Los letrados son una pieza fundamental del engranaje sobre el que funciona el Consejo de Estado, que solo en 2022 despachó cerca de dos millares de asuntos. Ellos son los que se encargan de estudiar, preparar y redactar los proyectos de dictamen sobre los asuntos sometidos a consulta, de cuya aprobación se encargan posteriormente los consejeros. Unos borradores que a menudo, sobre todo cuando se trata de cuestiones puramente técnicas, reciben el visto bueno sin apenas modificaciones. Actualmente, según la información oficial, el máximo órgano consultivo del Gobierno dispone de 28 letrados, nueve de ellos mayores –uno por cada una de las secciones en las que se organiza el Consejo de Estado–. Y hay una nueva oposición en marcha.

Una parte importante de estos juristas no se dedican en exclusiva al Consejo de Estado. Compatibilizan sus funciones públicas con una segunda vida en el sector privado. En concreto, en algunos de los despachos de abogados más potentes del país. Alfredo Dagnino ingresó en el cuerpo de letrados del órgano consultivo del Gobierno en la década de los noventa. Ahora, treinta años después, es mayor de la Sección Primera, la que se encarga de despachar los asuntos procedentes de la Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Presidencia y Política Territorial. Al mismo tiempo, figura como socio del bufete Cremades & Calvo-Sotelo. De hecho, se le incluyó en el grupo de trabajo encargado de la auditoría sobre los abusos sexuales en la Iglesia.

Al igual que Dagnino, también tienen la consideración de letrados mayores sus compañeros José Leandro Martínez-Cardós y José Luis Palma. El primero, ejerce en la Sección Sexta, centrada en el Ministerio de Transportes. El segundo, en la Tercera, encargada de las cuestiones que salen de Exteriores e Interior. Martínez-Cardós aparece vinculado al despacho Martínez-Cardós Abogados, un bufete con aire familiar especializado en áreas como el derecho público, inmobiliario o fiscal. Palma, por su parte, figura como of counsel de Público y Regulatorio en Gómez Acebo & Pombo, un bufete con más de tres centenares de abogados que en los últimos años ha llegado a representar a más de siete de cada diez empresas del Ibex.

Esa expresión inglesa, la de of counsel, es la que se utiliza con carácter general para hacer referencia a aquellos juristas que, manteniendo su actividad principal, se incorporan a un bufete para trabajar, normalmente, a tiempo parcial. Con esta categoría figura el letrado Jesús Avezuela en el Grupo de Práctica Corporativa del despacho Squire Patton Boggs, una firma internacional con oficinas en alrededor de una veintena de países. En su caso, forma parte de la sección que despacha los asuntos procedentes de los ministerios de Sanidad, Educación, Ciencia, Consumo, Universidades y Cultura. La misma, la Séptima, es a la que pertenece el letrado Lucas Blanque, que aparece como socio del bufete GC Legal.

Recortes en el sueldo

No hay ningún problema en que estos juristas del órgano supremo consultivo del Gobierno puedan ejercer la abogacía en el sector privado. Eso sí, siempre y cuando tengan reconocida la compatibilidad. Algo que en este cuerpo suele ser más frecuente que en otros de alto nivel. En la actualidad, tienen permiso para compatibilizar su trabajo público con el de abogado fuera del Palacio de los Consejos una decena de los 28 letrados, prácticamente uno de cada tres. En el caso de los abogados del Estado, antes de la pandemia apenas tenían reconocida la compatibilidad alrededor de una veintena sobre un cuerpo que supera los seis centenares de miembros.

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Todos los letrados mencionados en este artículo, incluido Gómez-Acebo, forman parte del grupo que tiene actualmente reconocida la compatibilidad para ejercer exclusivamente la abogacía. Una doble vida que, por supuesto, tiene repercusión a nivel salarial. "En función de las horas que se pidan para dedicar al bufete, el sueldo va disminuyendo", explican a infoLibre desde el Consejo de Estado. Como mínimo, completan, estos letrados, que aunque pueden teletrabajar tienen que estar presentes tanto en las reuniones de sección como en los encuentros semanales de la Comisión Permanente del órgano, ven reducido en un 30% el complemento específico de productividad.

En ocasiones, estas labores en el ámbito privado han llegado a colocar a estos juristas en medio de una guerra con la propia Administración. Es lo que ocurrió en 2015. Aquel año, el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, decidió poner sobre la mesa del rey, y sin pasar por el Consejo de Ministros, un real decreto para cesar al rector del Real Colegio de España en Bolonia y nombrar a un sustituto, como publicó El Mundo, al margen de la Junta de Gobierno de la institución. Los representantes del centro tacharon el movimiento de ilegal. Y lo hicieron en base a un informe que habían encargado a uno de los entonces letrados mayores del órgano consultivo: José Antonio García-Trevijano. Un documento de parte.

Los juristas del Consejo de Estado que ejercen la abogacía no son, sin embargo, los únicos que tienen una vida fuera del órgano consultivo. Otros muchos también la tienen, pero dedicándose en su caso a la enseñanza. Algunos ejercen como profesores de Derecho en universidades como Comillas, CEU San Pablo o IEB. Otros, participan en másteres para el acceso a la Abogacía. Una labor educativa que no supone un problema. Al fin y al cabo, el reglamento orgánico del órgano consultivo establece que "las funciones de carácter docente" serán "compatibles" cuando "no perjudiquen al buen servicio del Consejo" y siempre con la autorización previa del presidente del órgano.

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