Muerte digna

El debate sobre la muerte digna toma fuerza en España

Un acompañante sostiene la mano de un paciente en un hospital.

Dos décadas después de que el tetrapléjico gallego Ramón Sampedro muriera de forma clandestina tras acudir sin éxito a los tribunales para que le ayudaran a acabar con su vida, el debate sobre el derecho a la buena muerte parece retomar fuerza en España. En los últimos años se ha avanzado en materia de autonomía de los pacientes o de acceso a cuidados paliativos. Sin embargo, sigue habiendo una barrera infranqueable: la posibilidad de que un paciente terminal pueda morir cuando él lo decida. 

El PSOE registró este jueves en el Congreso una proposición de ley [consultar, aquí], que regula la eutanasia, que es el procedimiento por el que un profesional sanitario aplica directamente a un paciente con una dolencia irreversible la medicación letal que ha reclamado de forma reiterada, una práctica que actualmente se asemeja en el Código Penal al homicidio. La iniciativa también despenaliza la ayuda al suicidio asistido, pues contempla la prescripción de la sustancia letal para que el paciente se la pueda autoadministrar.

En concreto, los socialistas proponen modificar el artículo 143.4 del Código Penal para despenalizar las citadas prácticas en dos supuestos: enfermedad grave e incurable que genere "sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin capacidad de alivio" o discapacidad grave crónica que suponga una invalidez generalizada y una situación de dependencia absoluta. De aprobarse, esta regulación permitirá amparar casos como los de Ramón Sampedro o Luis Marcos, el hombre de 50 años afectado de esclerosis múltiple que reivindicó la despenalización del suicidio asistido hasta su muerte, el pasado verano. 

Además, el texto convierte en "derecho" la posibilidad de solicitar y recibir ayuda para morir en los citados supuestos, por lo que incluye esta "prestación" en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS). Eso sí, para poder acceder a ella, establece la mayoría de edad, dos peticiones por escrito separadas por un plazo de quince días, la concurrencia de dos médicos diferentes que valoren el caso y una comisión colegiada que lo avale. También prevé la objeción de conciencia para los facultativos. 

Iniciativas 

No es la primera iniciativa en este sentido que llega al Congreso durante la actual legislatura. La coalición Unidos Podemos presentó en enero de 2017 una proposición de ley que ya preveía la legalización de la eutanasia para los mayores de edad que padecieran una enfermedad terminal "sin esperanza" o dolores físicos y psíquicos "intolerables". Al igual que en la iniciativa del PSOE, preveía dos peticiones por escrito por parte del paciente y un informe realizado por médicos o psicólogos para aprobar o denegar su solicitud.

La diferencia más relevante entre ambas es que la de Unidos Podemos no incluía la necesidad de contar, previamente, con el aval de una comisión colegiada de control, una cuestión criticada por la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) porque es un órgano que no existe en otras legislaciones similares en otros países y, a su juicio, "puede entorpecer su aplicación". 

En marzo de 2017, cuando se debatió su toma en consideración en el Congreso, los socialistas se abstuvieron. El diputado del PSOE Gregorio Cámara dijo entonces que debería abrirse un debate "sosegado" sobre la regulación de la eutanasia y el suicidio asistido en España para establecer "un consenso amplio", al tiempo que destacó que la prioridad debía ser dotar al país de una buena ley de muerte digna, es decir, más centradas en los cuidados paliativos. 

La iniciativa recibió sólo 86 votos a favor (Unidos Podemos, ERC, PNV y el Grupo Mixto), 131 en contra (PP, Foro Asturias y UPN) y 133 abstenciones (PSOE, Ciudadanos, PdeCAT y Nueva Canarias), así que ni siquiera llegó a iniciarse el trámite parlamentario. Es cierto que el PSOE se encontraba inmerso entonces en un proceso de primarias y que la formación fijó finalmente posición sobre este asunto en su congreso de junio de 2017, donde se aprobó la despenalización de la eutanasia y su "inmediata regulación". 

Unidos Podemos lo volvió a intentar otra vez en junio del año pasado, cuando presentó una enmienda a la totalidad a otra iniciativa de Ciudadanos centrada en impulsar los cuidados paliativos y en regular las atenciones al final de la vida, pero sin adelantar deliberadamente la muerte del paciente. Precisamente lo que pretendían la formación morada y sus confluencias era que en el articulado del texto de la formación naranja se incluyera la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido. Pero la enmienda fue rechazada con 249 votos en contra, entre ellos los del PSOE; 84 a favor y 8 abstenciones. Nueve parlamentarios no participaron en la votación. 

Durante el debate, la diputada socialista Guadalupe Martín anunció la presentación "en unas semanas" de una propuesta para regular la eutanasia y el suicidio asistido –al final han sido más de diez meses– y pidió a los grupos que apoyaran la propuesta de Ciudadanos, al tiempo que les instó a trabajar para llegar a un consenso. Desde Unidos Podemos, la parlamentaria Eva García Sempere acusó al PSOE de querer "ponerse una medalla" presentando una iniciativa propia. Para entonces, los socialistas ya habían aprobado en su congreso "a bombo y platillo" la despenalización de la eutanasia, como les afeó García. 

Precisamente este jueves,  García Sempere mostró su "sorpresa" tras detectar lo que considera un "extraordinario parecido" entre el texto presentado por el PSOE y el que la coalición registró en enero de 2017, informa Europa Press. Aun así, la diputada se felicitó por que el PSOE "baje a la tierra" en esta materia y, "aunque sea con años de retraso, registre su propuesta para regular" esta práctica. 

Cuidados paliativos  

La cuestión es que, en la actualidad, la única iniciativa que se está tramitando en el Congreso es la de Ciudadanos, que ni siquiera menciona el término eutanasia. De hecho, se limita a ampliar algunos aspectos ya incluidos en la ley de autonomía del paciente de 2002, que consagró derechos como el rechazo a un tratamiento o el documento de voluntades anticipadas o testamento vital. 

Por ejemplo, la iniciativa de la formación naranja incluye el derecho del paciente a recibir sedación al final de la vida en dos niveles: paliativo (sedación parcial) o en fase de agonía (se permite dar medicación para sedar completamente al paciente para calmar dolores u otros síntomas). Por otro lado, también establece el derecho a estar acompañado en el proceso final, a recibir cuidados paliativos iguales en todas las comunidades y que estos sean domiciliarios y a que, si se muere en un hospital, se respete la intimidad del proceso asignando habitaciones individuales.

La iniciativa de Ciudadanos guarda un gran parecido con los diferentes textos que se han ido aprobando en los últimos años en las comunidades autónomas. Nueve de ellas cuentan ya con normas que regulan los derechos del paciente en el último tramo de su vida. La pionera fue Andalucía, en 2010. Su aprobación estuvo marcada por el caso de Inmaculada Echevarría, una mujer aquejada de una distrofia muscular progresiva incurable que, en 2006, reclamó a la Junta de Andalucía que atendiera su petición de ser desconectada del ventilador mecánico que la mantenía con vida tras haber sido sedada.

El caso de Echevarría, que no pudo morir en el centro clínico religioso donde se hallaba internada desde hacía años porque su dirección se negó, reveló que la ley de 2002 tenía lagunas y que hacía falta detallar de manera más clara algunos supuestos. En los años siguientes se fueron aprobando regulaciones específicas en Asturias, Aragón, Baleares, Canarias, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco. Además, siete parlamentos autonómicos –Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias o Extremadura, entre ellos– han pedido al Congreso que reconozca el derecho a decidir sobre la eutanasia.

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