Crisis alimentaria

Desperdiciar lo más básico: casi ocho millones de toneladas de comida van a la basura cada año en España

Imagen de un conjunto de alimentos en un supermercado.

El Tribunal de Cuentas Europeo emitió el pasado martes un informe [consultar documento aquí] que actúa como toque de atención a los países miembro de la UE en su lucha contra el desperdicio de alimentos. A la pregunta de si contribuye la UE a un empleo eficiente de los recursos en la cadena de suministro alimentario al luchar eficazmente contra el despilfarro de alimentos, el Tribunal de Cuentas llega a la conclusión de que la respuesta es negativa.

"Muchas de las posibles mejoras no exigen nuevas iniciativas o una mayor financiación pública, sino que implican un mejor ajuste de las políticas existentes, una coordinación más estrecha, y una indicación más precisa de que la reducción del despilfarro de alimentos constituye un objetivo de dichas políticas", destaca el estudio, que remata con la petición de un refuerzo más amplio y una mayor coordinación de la estrategia conjunta, de cara a un plan de acción común. Critica, asimismo, que las acciones enfocadas a abordar el problema hayan sido "fragmentadas" e "intermitentes".

Desperdicio en España 

España es, actualmente, el séptimo país de la UE que más cantidad de alimentos desperdicia. Así lo indican los datos extraídos del informe del 2015 elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, según el cual España desperdicia 7,7 millones de toneladas de comida cada año. 

Del total de alimentos desperdiciados, los hogares españoles son los que más comida tiran a la basura, representando el 42% de la cifra global. Concretamente, el 4,53% de los alimentos que entran en los hogares va a la basura. La gran mayoría, el 80%, se corresponde a alimentos frescos, mientras que la comida no procesada o los restos suponen el 20%. En su conjunto, los hogares españoles desechan 25,5 millones de kilos a la semana. Por su parte, la fase de fabricación tiran el 39% de alimentos, la restauración el 14% y la distribución el 5%.

Según datos de FAO –la organización de las Naciones Unidas dedicada a la alimentación y la agricultura– correspondientes al año 2013, un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o se desperdicia en todo el mundo, lo que genera 3.300 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en la atmósfera del planeta.

Con el objetivo de paliar tales efectos, un total de doce países europeos, entre ellos España, puso en marcha el proyecto Refresh para "reducir el desperdicio alimentario y contribuir al objetivo de desarrollo sostenible 12.3 de la ONU". Este objetivo pretende, de cara a 2030, "reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial a nivel de punto de venta y consumo, y reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro, incluyendo las pérdidas posteriores a la cosecha". 

El proyecto se puso en marcha en julio del 2015, momento en el que diversas organizaciones se unieron para "evaluar el instrumento de acuerdos voluntarios y su potencial para contribuir a la reducción del desperdicio alimentario". En esta labor, el plan de acción marcado por Refresh apunta a la puesta en marcha de una serie de proyectos piloto, que estarán vigentes durante dos años, y que medirán cuantitativamente la efectividad de distintas iniciativas para la reducción del desperdicio alimentario en España.

Según los primeros resultados del proyecto, existen grupos particulares de personas que tienden a preocuparse más de la necesidad de reducir el desperdicio de alimentos: las mujeres y los ancianos. Las conclusiones también señalan que el estilo de vida en las zonas rurales genera menos desperdicios que la emprendida en las grandes ciudades y que asimismo las personas con rentas menores son las que menos gastan, mientras que aquellos ciudadanos con un mayor poder adquisitivo, que pasan horas ocupados en el trabajo o que no tienen tiempo para cocinar, tienden a desperdiciar más cantidad de comida. También las personas con una alta conciencia social, económica y medioambiental suelen, según el estudio, esforzarse por no despilfarrar alimentos.

La sociedad civil toma el timón

¿Se hace lo suficiente por combatir el desperdicio de alimentos? "Después del informe Tribunal, la respuesta es clara: no". Así lo entiende Mari Cruz Martín, responsable de la campaña Yo no desperdicio, impulsada por la organización Prosalus. "Se ha dado a conocer más el trabajo de iniciativas puestas en marcha por organizaciones de la sociedad civil, que desde la administración", sentencia.

Es precisamente del ámbito de la sociedad civil de donde parten la mayoría de las campañas e iniciativas que existen a día de hoy en el país para concienciar y explorar vías de reducción del despilfarro de alimentos. "El desperdicio tiene una responsabilidad importante en las causas de la crisis alimentaria", de modo que "interfiere en la disponibilidad global de alimentos para el consumo humano, altera la demanda y por consiguiente los precios de los alimentos e incluso la especulación con las materias primas vinculadas a la alimentación, dificulta el acceso a alimentos de poblaciones vulnerables y atenta contra la sostenibilidad a medio y largo plazo por el límite de los recursos", expone Martín. A raíz de este análisis, surgió la plataforma Yo no desperdicio, como una "iniciativa que sirve para proponer acciones que cualquier ciudadano puede realizar en lo cotidiano".

Sus propósitos y trabajo, unido al uso de las nuevas tecnologías, llevó a los impulsores a crear una aplicación móvil que apuesta por "el intercambio de productos dándoles una salida mediante el trueque con personas que puedan estar interesadas". Así es como nace en noviembre del 2015 la primera aplicación de consumo colaborativo vinculada a alimentación en España.

La plataforma Aprofitem els aliments surge con el fin de decir basta a despilfarrar alimentos. "Para investigar, sensibilizar y promover cambios normativos y de seguridad jurídica orientados a la prevención", tal y como explica la directora de la asociación, Gaby Susanna i Nadal, en conversación con infoLibre. "Nacimos de una inquietud ciudadana que quería sumar esfuerzos para contribuir de manera eficaz" a la lucha contra el desperdicio, continúa, de forma que el objetivo no es "señalar a los que lo hacen mal sino que se contagien las ganas de hacerlo bien". Bajo estas premisas, la asociación realiza eventos de sensibilización periódicamente, además de intermediar y asesorar sobre el aprovechamiento de alimentos. Finalmente, la organización busca impulsar una ley catalana que persiga una estrategia integrada y transversal del despilfarro alimentario.

Siguiendo con la filosofía de intercambio de comida nació la iniciativa Nevera Solidaria, en abril del 2015. "Que una fecha de consumo preferente esté cerca, o incluso que haya expirado, no quiere decir que el alimento se encuentre en mal estado y puede seguir siendo útil, es decir, aprovechado por quien lo necesite", entienden los impulsores del proyecto. Tras un primer mes de prueba, la plataforma consiguió "salvar de la basura cerca de 200 kilos de alimentos que, de otra manera, hubieran terminado en un vertedero". Su estrategia se basa en la creación de una red de neveras en diferentes localidades del país, ubicadas en puntos concretos y de libre acceso. "A nosotros nos gustaría que hubiera neveras en la calle", reconoce Álvaro Saiz, fundador de la iniciativa, pero aún "queda muchísimo por parte de las administraciones, para concienciar sobre la cantidad de alimentos que se tiran y empezar a trabajar en esa línea".

También el impulso ciudadano ha promovido una serie de peticiones recogidas en la plataforma Change.org. Una de ellas logró el pasado octubre de 2016 más de 224.000 firmas que fueron llevadas al Congreso con el fin de solicitar la modificación de la Ley de Seguridad Alimentaria para aumentar el aprovechamiento de la comida sobrante en lugares como comedores sociales, comedores escolares o empresas. 

Por su parte, la OCU lanzó en octubre del 2016 una campaña para exigir a las instituciones una ley que ponga freno al desperdicio de comida, donde se facilite y se incentive la donación por parte de todos los agentes de la cadena. A nivel europeo, varias organizaciones, activistas, empresas y grupos ecologistas impulsaron una petición que reclama un objetivo vinculante para reducir los residuos alimenticios europeos en un 50% para 2030, de los campos al consumidor, y para priorizar la prevención y reducir estos residuos.

Legislación contra el despilfarro

"Existen pequeñas iniciativas que demandan una articulación legislativa que una a diferentes actores", señala Mari Luz Martín, que a su vez entiende que en España se podría impulsar una norma en este sentido. El Ministerio de Agricultura cuenta con una estrategia, Más alimento, menos desperdicio, que lleva vigente desde el año 2015 pero de cuyo impacto aún no existen datos, tal y como han confirmado a este diario fuentes de dicho departamento. "Siguiendo los informes del Ministerio, nos parece que su labor no tiene el eco ni el impacto suficiente", critica Martín, quien considera que no existe "una campaña mediática suficientemente grande que hable de esto". Abel Esteban, portavoz de Ecologistas en Acción, también critica que "la parte de seguimiento e implementación" de la estrategia deja mucho que desear. Entiende, por tanto, que el ministerio tendría que trabajar sobre "los recursos necesarios para buscar la manera de que se ponga en marcha de forma efectiva".

Las aspiraciones y exigencias de las organizaciones no gubernamentales son ya una realidad en algunos países europeos. En febrero del 2016, el Senado francés aprobó por unanimidad una ley que prohibe a los supermercados tirar o destruir los productos que no se venden y que se encuentran en buen estado, de forma que están obligados a donarlos a organizaciones de caridad y bancos de alimentos. En octubre del mismo año, Italia decidió seguir los pasos de sus vecinos galos, pero desde una perspectiva centrada en el incentivo. De este modo, la norma italiana facilita la donación de alimentos por parte de productores o propietarios de establecimientos a organizaciones, reduciendo las trabas burocráticas y los impuestos como el IVA.

Para caminar hacia un cambio real en España, Abel Esteban pone el foco en el sistema productivo. Considera que el desperdicio va "intrínseco al modelo alimentario predominante", y subraya que "un modelo en base a la liberalización de la agricultura y a la globalización de los flujos alimentarios favorece que se muevan grandes cantidades a grandes distancias", de modo que resulta "mucho más fácil que haya partidas que no lleguen a su destino en condiciones porque tienen que hacer grandes recorridos". Además, la "especialización de productores en pocos cultivos, unido a relaciones económicas muy liberalizadas, hace que sea mucho más fácil que una partida quede fuera del mercado y tenga que ser destruida". Apuesta, por tanto, por un sistema agroalimentario que siga planteamientos "de soberanía alimentaria en cuanto a fomentar pequeñas producciones, consumo de proximidad, mercados locales y relaciones de cercanía", sumado a la concienciación de los diferentes actores de la cadena alimentaria.

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