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Educación

El dinero público dedicado a la educación concertada sube un 43% en una década y ya supera los 5.700 millones anuales

Alumnos en clase en un colegio concertado.

El dinero público dedicado a la educación concertada ha aumentado un 43,3% en una década. En 2014, las Administraciones Públicas destinaron a la financiación en forma de conciertos económicos y subvenciones a la enseñanza privada sostenida con fondos públicos un total de 5.769 millones de euros. Fueron 1.744 más que en 2004, tal y como recogen los últimos datos distribuidos por el Ministerio de Educación [consultar, aquí]. 

En contraposición, el total del gasto destinado a educación por las administraciones (independientemente de si se ejecuta en centros públicos o privados) creció un 16,37% entre 2005 y 2015, de cuando son las estimaciones provisionales que ofrece el informe. Así, pasó de 40.088 millones de euros a 46.649. No obstante, tras cinco años de descenso continuado –España comenzó a recortar en educación en 2010 por primera vez en 30 años–, 2015 fue el primer año en el que se empezó a revertir esa tendencia a la baja. 

En cualquier caso, el análisis de los datos oficiales evidencia que la enseñanza concertada ha sufrido de manera menos pronunciada los estragos de la crisis, pues aunque sus fondos se redujeron durante los años centrales de la recesión, lo hicieron a un ritmo menor que el total del gasto educativo público. Se da la circunstancia también de que la financiación de los centros privados sostenidos con fondos públicos se ha recuperado mejor cuando se han empezado a revertir los recortes. 

De hecho, los centros concertados contaban en 2014 con sólo un 2,07% menos de financiación que en 2009, cuando se produjo el pico de mayor inversión (de 5.891 millones de euros a 5.769); mientras que el gasto total en educación se redujo un 16,79% en el mismo período (de 53.895 millones de euros a 44.847). Es decir, durante la crisis, el gasto público total en educación se redujo casi ocho veces más que el dedicado exclusivamente a subvencionar a la enseñanza privada.

Diferencias por comunidades 

El País Vasco es la autonomía que, en porcentaje, más fondos destina a los centros concertados. Estos colegios reciben uno de cada cuatro euros que se dedican a la enseñanza no universitaria (634,7 millones de euros de un total de 2.559,3) en esa comunidad. Le siguen Navarra, donde en 2014 el Ejecutivo regional destinó a conciertos y subvenciones 126,3 millones de euros, lo que representa un 21,5% del total dedicado a la enseñanza no universitaria; Baleares, donde los concertados captaron ese año el 20,7% de los fondos públicos (159,1 millones de euros); y Madrid, con una inversión en los centros privados sostenidos con fondos públicos del 20,3% del total (943 millones). 

La media estatal de financiación de la enseñanza privada concertada fue en 2014 del 14,7%. Por encima de este porcentaje, además de las cuatro autonomías citadas, están Cataluña (18,5%), La Rioja (17,6%), Murcia (16%), la Comunitat Valenciana (15,9%), Cantabria (15,6%) y Castilla y León (14,9%). En el otro extremo, las comunidades que menos porcentaje de dinero público dedican a la enseñanza concertada son Canarias (8,2%), Extremadura (8,5%), Castilla-La Mancha (9,7%), Andalucía (10,3%), Galicia (10,6%), Asturias (11,2%) y Aragón (14,4%).     

Por comunidades, la red concertada escolariza a más de la mitad de los estudiantes de enseñanzas obligatorias en el País Vasco, en concreto al 50,4% del total. Se trata de un caso único en España, donde la red pública sigue siendo preponderante. De hecho, sólo Navarra y Madrid, con un 38,3% y un 37% respectivamente de alumnos en los colegios privados sostenidos con fondos públicos, se acercan a las cotas de Euskadi, aunque todavía a cierta distancia. En Madrid, sin embargo, resulta llamativo el peso de la enseñanza totalmente privada, a la que acuden el 10,3% de los escolares matriculados en primaria y secundaria.  

En contraposición, las comunidades con mayor porcentaje de alumnos escolarizados en centros públicos durante las etapas obligatorias son Castilla-La Mancha (80,65%), Extremadura (77,35%), Andalucía (76,05%), Canarias (75,05%), Galicia (70,15%), Murcia (69,7%), Asturias (67,8%) y Aragón (67,3%). Todas ellas están por encima de la media del porcentaje de alumnos matriculados en colegios e institutos públicos, que se sitúa en el 66,8%.  

Concertada y pacto educativo 

El régimen de financiación de la escuela concertada es uno de los aspectos que ha salido a colación en la subcomisión parlamentaria que tiene como objetivo establecer un gran pacto político y social que dé estabilidad legal al sistema educativo, algo inédito en democracia. Entre la mayoría de los grupos existe cierto consenso sobre la necesidad de que se garantice el cumplimiento de lo que la ley establece respecto a la escuela concertada. Es decir, la eliminación de las cuotas y de otros criterios discrecionales que permitan segregar al alumnado, con el objetivo de que no sea la escuela de la clase media-alta, sino una opción más dentro del sistema. 

La pugna entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza –que se reconozca el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos– es un punto tradicional de conflicto en el debate educativo. Y eso a pesar de que fueron los socialistas los que, a través de la LODE (Ley Reguladora del Derecho a la Educación), aprobada en 1985 por el ministro José María Maravall, formalizaron el sistema de la escuela concertada para universalizar la educación básica. Sus ideólogos sostienen que la escuela privada sostenida con fondos públicos fue creada "para llegar a aquellos lugares donde no alcanzaba la pública" y así prestar el mismo servicio a la sociedad.

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Sin embargo, la concertada ha sido utilizada por algunas comunidades autónomas para hacer negocio al tiempo que se erigía un verdadero cambio de modelo que apuntaba a la disminución de la preeminencia de la escuela pública. La reforma impulsada en 2013 por el exministro José Ignacio Wert introdujo el concepto de "demanda social", que se ha interpretado como una vía para favorecer la creación de nuevos conciertos, al tiempo que estableció para las administraciones educativas la obligación de garantizar "la existencia de plazas suficientes" sin especificar –como se había hecho desde 1985– que debería utilizarse para ello de forma preferente la red pública.

Por otro lado, recientemente, parte de las investigaciones abiertas en Madrid y la Comunidad Valenciana sobre las tramas de corrupción Púnica Taula, en las que están implicadas personas vinculadas al PP en ambas comunidades, tienen un nexo en común: la construcción de colegios concertados como forma de hacer negocios privados a costa del erario público. Estas prácticas corruptas, en muchas ocasiones, son ajenas a los propios centros. 

Hay que tener en cuenta, además, que la influencia que mantiene la Iglesia católica en la enseñanza concertada es incuestionable, pues la oferta sigue estando mayoritariamente controlada por organismos religiosos. Según un cálculo elaborado por infoLibre a partir de datos de la patronal CECE y de la Conferencia Episcopal, en 2015 el 68,5% de los alumnos de colegios concertados estaban matriculados en centros de ideario católico. En cifras absolutas eran 1,4 millones de un total de 2,05 millones de alumnos de centros concertados, confesionales o no.

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