Nuestra escuela pública está desconcertada porque en otras escuelas se defienden términos de la Constitución que no aparecen ni por asomo ni por equivocación.
Celaá insiste que la LOMLOE tiene un "amplio respaldo" de la comunidad educativa: "Es una ley necesaria y urgente".
Es el momento de la educación en un país que ha tocado fondo con la pandemia. Por vez primera hay recursos para afrontar una auténtica revolución docente.
¿Alguien me puede decir dónde está recogido que la educación concertada sea un derecho constitucional?
Si la cuestión esencial fuera ideológica, no haría falta manipular o distorsionar el texto de la nueva ley educativa. No necesitarían utilizar bulos para criticarla.
La mayoría progresista del Congreso saca adelante en el Congreso la reforma que pondrá fin a la ley educativa que el PP aprobó en solitario durante el mandato de Mariano Rajoy.
Informes académicos, de consumidores y familias detallan cómo los centros privados levantan barreras de entrada a alumnado desfavorecido.
300 colegios de los 336 analizados responden que son los costes del centro, y tan solo 29 colegios indican de manera clara que se trata de una cuota voluntaria.
Unidas Podemos y Partido Socialista defienden que "la totalidad del incremento de la inversión" vaya destinado a la "educación pública de gestión directa".
El partido de Abascal se opone al IMV, reclama más "control" sobre el antiguo PER y alerta contra el "fraude" con las "tarjetas monedero" para comida.
Casi a la misma hora en que el Gobierno aprobaba una nueva ley de educación, los obispos elegían a un presidente que, por primera vez en veinte años, no representa a los sectores más ultramontanos de la Iglesia.
El gasto público en educación privada, de récord en récord desde 2014, ha crecido un 292% desde que hay datos, más de 100 puntos por encima de la red pública, que sigue por debajo de los niveles precrisis.
En realidad, yo también le puse un pin a mi hijo eligiendo la pública: una educación lo más libre posible, solidaria e igualitaria para todos.
Tres iniciativas legislativas, una de la sociedad civil para salir del modelo aguirrista y dos de gobiernos autonómicos, marcan el camino al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos contra los mecanismos de selección clasista.
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