El presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), Antón Costas, ha pedido al Gobierno que "quite de la cesta de la compra" bienes y servicios básicos apostando por su gratuidad, con el fin de aumentar el salario real de las familias.
Ha explicado que, si estos bienes o servicios son gratuitos, las familias aumentarán su capacidad de gasto, y ha puesto como ejemplo la gratuidad del transporte público o la necesidad de que lo sea la educación preescolar o los pañales, entre otros.
"Hay muchos bienes y servicios que tenemos que comprar que tienen precios demasiado elevados y que, si sacamos este coste a las familias, podemos mejorar mucho su situación y la competitividad de la economía", ha añadido.
El Pleno del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha insistido en su reunión de este lunes en la necesidad de la especialización de los juzgados de lo Penal en esta materia y en el uso de dispositivos electrónicos en todos los casos de "especial relevancia".
Durante la reunión, celebrada en la sede del Consejo General del Poder Judicial, el Pleno del Observatorio ha analizado las propuestas realizadas por los representantes de las instituciones, dirigidas a mejorar la protección de las víctimas y la respuesta de las administraciones ante los casos de violencia machista.
Parte de esas propuestas fueron trasladadas la pasada semana por la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, al Congreso de los Diputados durante su comparecencia ante la subcomisión para la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género.
El proyecto Drago, que impulsa en Canarias el exsecretario de Organización de Podemos Alberto Rodríguez, se suma a la alianza estratégica que Más País (la formación que lidera Íñigo Errejón) Verdes Equo, Compromís, Més per Mallorca, la Chunta Aragonesista, Coalición por Melilla y Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en Ceuta.
Así lo ha indicado en un comunicado la propia plataforma que lidera Rodríguez, para detallar que se incorpora al llamado Acuerdo del Turia con estas siete formaciones, que lo definen como un marco de colaboración basado por la "horizontalidad" y respecto a la soberanía de los proyectos políticos".
Drago ha explicado que desde su compromiso de formación de obediencia estrictamente canaria y con principios de confederalidad, anuncia su participación a esta alianza de partidos donde aportarán su "visión política de la realidad" del archipiélago y la necesidad de "respeto" al pueblo canario, "en condiciones de igualad con otros territorios que sufren de diversas formas el empuje centralista".
La Diputación Permanente del Congreso ha rechazado este lunes la petición del PP para que las ministras de Igualdad y Justicia, Irene Montero y Pilar Llop, respectivamente, acudieran a comparecer de forma urgente al Congreso para explicar las consecuencias de la Ley del solo sí es sí.
Además, querían que Montero informara sobre el repunte de crímenes machistas del pasado diciembre y las primeras semanas de enero, así como de las medidas que pensaba tomar su departamento tras confirmarse que la mitad de las asesinadas por violencia de género en 2022 habían interpuesto una denuncia contra su presunto asesino.
Los conservadores han conseguido el apoyo de Vox y Ciudadanos en esta petición, mientras que los socios del Gobierno, ERC, EH Bildu, PNV y Coalición Canaria, han decidido oponerse.
Estados Unidos ha sancionado este lunes, sumándose a Reino Unido y a la Unión Europea, a diez individuos y una entidad iraní en represalia por las violaciones de Derechos Humanos cometidas durante las protestas que han estallado en Irán desde septiembre.
"Esta es la novena ronda (de sanciones) dirigida a los actores responsables de la represión de manifestantes pacíficos desde que comenzaron las protestas en todo el país en 2022", según ha informado el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en un comunicado.
En concreto, los sancionados por el Departamento del Tesoro son el viceministro de Inteligencia, Naser Rashedi; el comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en Qom, Hosein Tanavar; el comandante del IRGC en la región oeste en Kermanshah, Mohamed Nazar Azimi; el comandante adjunto de la región oeste, Kourosh Asiabani y el comandante del IRCG en Isfahán, Mojtaba Fada.
Rashedi forma parte del Ministerio de Inteligencia y Seguridad (MOIS), que está vinculado "a una amplia gama de abusos contra los Derechos Humanos" en el marco de las protestas, incluidas palizas, abuso sexual, vigilancia, censura o confesiones forzadas.
El Ministerio de Igualdad convoca de nuevo el comité de crisis para la evaluación de los últimos asesinatos machistas confirmados. En lo que va de mes, seis mujeres han sido asesinadas a manos de varones que eran sus parejas o exparejas. La violencia machista ha dejado, además, un menor víctima mortal y once menores huérfanos en 2023. Desde que se inició el recuento, en 2003, los feminicidios ascienden a 1.188.
La reunión se producirá el viernes 27 de enero a las 10 horas en el Ministerio de Igualdad junto a las comunidades autónomas y será la segunda vez que se produzca la cita, después de que el departamento de Irene Montero convocara también una reunión el pasado diciembre. Informa Sabela Rodríguez.
El ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, ha dicho que el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, no perdonará a los militares que participaron en los actos golpistas del pasado 8 de enero en la Explanada de los Ministerios y de que llegarán hasta el final identificando a quienes participaron.
"Lula no perdonará a los golpistas", ha dicho Múcio, que se ha reunido este lunes con el nuevo jefe del Ejército de Brasil, el general Tomás Ribeiro, quien lleva apenas un par de días en el cargo tras el cese de Júlio Cesar de Arruda.
"Ha estado bien, hemos tenido una larga conversación. Está emocionado", ha dicho el titular de Defensa de su encuentro con Ribeiro, quien tendrá que hacer algunas "costuras internas" dentro del Ejército a su llegada. "Tuvimos que hacer lo que se hizo", ha zanjado Múcio en relación al cese del general De Arruda.
"Hubo pérdida de confianza en la relación. Era muy difícil trabajar así, cuando hay gente bajo sospecha", ha expuesto Múcio, quien ha sido tajante al asegurar que todos los militares con responsabilidad en los ataques del 8 de enero "pagarán".
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han llegado este lunes a un acuerdo para destinar 500 millones más del fondo común para sufragar el envío de armas a Ucrania, en un momento en el que Kiev libra importantes combates contra Rusia en la región del Donbás y en el que el debate internacional se centra en la necesidad de suministrar carros de combate al Ejército ucraniano.
Fuentes diplomáticas confirman a Europa Press el acuerdo político para desbloquear el séptimo tramo de 500 millones en el marco del Mecanismo Europeo para la Paz, el fondo con el que los Veintisiete han financiado el envío de armas a Ucrania desde el inicio de la agresión rusa hace ahora 11 meses.
"Esta semana se tomará una decisión formal", han señalado las fuentes, tras explicar que la reunión de ministros europeos ha servido para acordar la nueva partida. Este nuevo tramo eleva a 3.600 millones los fondos puestos a disposición de la UE para facilitar material letal a Kiev en el contexto de la guerra, y se encuadra en los más de 11.000 millones de euros que Europa ha ofreció en apoyo militar a Ucrania.
La Diputación Permanente del Congreso, el órgano que permanece activo en los periodos no ordinarios de sesiones, ha rechazado este lunes todas las peticiones del PP, que buscaba que las tres vicepresidentas del Gobierno y hasta cinco ministros fueran citados a comparecer de urgencia antes de que finalizase el mes de enero, inhábil a efectos parlamentarios.
En concreto, además de a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño; la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, y la responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el PSOE y Unidas Podemos, en alianza con sus habituales socios, han salvado de acudir a la Cámara a las ministras de Justicia, Pilar Llop; Igualdad, Irene Montero; Industria, Reyes Maroto; Sanidad, Carolina Darias, y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. En el grueso de las votaciones los conservadores sólo han obtenido el apoyo de Vox y Ciudadanos.
El PP pedía la comparecencia de Calviño para que detallase "qué grado de conocimiento y, en su caso, de participación" tuvo en el proceso de selección de su marido, Ignacio Manrique de Lara, para el puesto de alta dirección como coordinador de estrategia comercial y márketing en el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional.
Los conservadores han defendido que la vicepresidenta primera debía dar explicaciones al Parlamento por esta cuestión antes de que empiece el nuevo periodo de sesiones, aunque su marido ya ha renunciado a ocupar ese cargo.
El portavoz político de Vox, Jorge Buxadé, ha insistido este lunes en que las medidas del protocolo para mujeres embarazadas anunciado por su vicepresidente en Castilla y León, Juan García-Gallardo, "se van a adoptar", al tiempo que ha señalado que no tienen "ninguna intención" de romper la coalición de Gobierno con el PP, al que ha criticado que le hayan temblado las piernas con esta polémica.
En rueda de prensa desde la sede nacional del partido, Buxadé ha indicado que la postura de Vox es "clara" al respecto y ha agregado que también es conocida la posición de la Conferencia Episcopal, favorable a que las mujeres que se planteen abortar sean informadas.
Fue García-Gallardo quien anunció el 12 de enero que la Junta de Castilla y León implantaría medidas "provida" para el fomento de la natalidad en la comunidad autónoma como un refuerzo de la atención psicológica a las madres embarazadas, un protocolo que permita la escucha del latido fetal, ofrecer una ecografía 4D y proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
Podemos e IU han alertado de que el PP y Vox seguirán intentando atacar los derechos de las mujeres pese a "recular" en Castilla y León con el protocolo de medidas antiaborto. De esta forma, la formación morada ha subrayado de aplicar con "toda la firmeza" la reforma de la ley del aborto cuando concluya su tramitación parlamentaria.
La secretaria de Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez, ha subrayado que la "presión social y política" ha conseguir que el Ejecutivo autonómico de Castilla y León haya tenido que "recular" respecto al plan de medidas provida, sobre todo a raíz del requerimiento formulado por el Ejecutivo de coalición.
"Pero las mujeres sabemos muy bien que la ultraderecha y el PP también van a seguir atentando contra los derechos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. No se trata solo de frenarles sino de ir más allá y ampliar los derechos que el movimiento feminista ha peleado en las calles", ha indicado durante su comparecencia.