Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este martes 20 de diciembre:
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El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la concesión directa de dos subvenciones dirigidas a financiar la exhumación e identificación de restos de personas desaparecidas víctimas de la Guerra Civil española y la Dictadura franquista. Las actuaciones se llevarán a cabo en Ciudad Real y Colmenar Viejo (Madrid) y ascienden, en total a 256.000 euros.
En el caso de Ciudad Real, la subvención será de 150.000 euros, va destinada a la diputación provincial y estará destinada a financiar las actuaciones que se lleven a cabo en las fosas del cementerio municipal. Estas fosas constituyen uno de los lugares donde se concentran un mayor número de cuerpos pendientes de exhumación con represaliados de la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Según el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en este lugar habría más de 1.200 cuerpos enterrados. La ayuda irá destinada a sufragar gastos vinculados a labores de prospección, apertura de fosa, análisis forense, pruebas genéticas, búsqueda de familiares, filmación de testimonios, digitalización de materiales y acciones de reparación y restitución a los familiares.
La otra subvención asciende a 156.000 euros e irá destinada a continuar el proceso de búsqueda, exhumación e identificación iniciado el pasado mes de agosto en el cementerio parroquial de Colmenar Viejo.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, encabeza la única candidatura de BComú para las elecciones municipales de 2023 tras haber decidido optar a la reelección como alcaldesa de la capital catalana, ha informado la formación en un comunicado este martes.
El Comité Electoral solo ha recibido la candidatura de Colau, que ya se ha publicado de manera definitiva y, ahora, según marca el reglamento de primarias de BComú, la organización impulsará una serie de encuentros entre la cabeza de lista y los activistas de la formación.
En estas reuniones, que tendrán lugar entre el 9 y el 10 de febrero, la actual alcaldesa explicará los proyectos que quiere plantear y "escuchará y recogerá las propuestas de criterios y perfiles de candidatos que podrían formar parte de su equipo".
El Gobierno ha aprobado hoy inversiones para el Ministerio de Defensa por un total de 207 millones de euros para un total de 6 proyectos entre los que se encuentran el mantenimiento de aeronaves, el sistema sónar de cazaminas, terminales satélite para plataformas terrestres y navales y servicios de soporte a la infraestructura de información para la Defensa.
Así, el Ejecutivo destinará 60.478.731,54 de euros para celebrar el Acuerdo Marco para la obtención de 48 terminales satélite SECOMSAT sobre plataformas terrestres y navales.
El objetivo de estos terminales satélite es garantizar el intercambio de información en tiempo real entre los centros de decisión (Puestos de Mando) desde el nivel político-estratégico y operacional, hasta el nivel táctico.
Según el Ejecutivo, las necesidades y requerimientos operativos de los nuevos terminales satélite serán derivados del planeamiento operativo del Mando de Operaciones (MOPS), de los Ejércitos y de la Armada y permitirán dotar a los Centros de Transmisiones (CT's) de las unidades, de elementos de comunicaciones necesarios para facilitar la acción efectiva de mando y control.
El PP ha registrado este martes en el Congreso una propuesta de ley para reformar la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como Ley solo sí es sí, y evitar las rebajas de penas a violadores que se están registrando desde su entrada en vigor, el pasado 7 de octubre.
Para ello, el PP no ha "alterado la redacción vigente" de la norma, sino que incluye nuevos puntos al texto que, según explican, buscan "mejorar la tipificación" de los delitos sexuales -aunque no separa de nuevo los delitos de abuso y violación- y "elevar las penas" de los artículos del Código Penal referente a estos delitos para evitar esa rebaja de penas.
El texto registrado, recogido por Europa Press, propone modificar el artículo 178 del Código Penal que recoge penas de uno a cuatro años para los delitos de agresión sexual y añadir un cuarto punto en el que se especifica que "si la agresión se cometiera empleando violencia o intimidación se impondrá, en todo caso, la pena de uno a cinco años de prisión".
De igual modo, en el 179, que recoge penas de cuatro a doce años de prisión "cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías", los 'populares' quieren añadir un segundo punto que aclare que si esta agresión "se cometiera empleando la violencia o intimidación" las penas a imponer serían entre los seis y los doce años.
El número de condenados por delitos sexuales que se ha visto beneficiado por el nuevo marco de penas que recoge la ley del sólo sí es sí asciende al menos a 106, entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la norma. Un total de 16 personas han sido excarceladas. Las últimas 15 rebajas han trascendido este martes y se han producido en la Comunidad Valenciana, Cantabria y Extremadura.
La lista ha pasado de 91 a 106 en un día después de que la Audiencia de Alicante comunicara este martes que ha rebajado 13 condenas de delitos sexuales en aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, que entró en vigor el pasado 7 de octubre. Una de estas revisiones ha conllevado la puesta en libertad de uno de los condenados.
Además de la rebaja registrada en Alicante, consta también una Extremadura. La Audiencia de Mérida ha modificado a la baja la pena de prisión de un hombre condenado por un delito de violación en grado de tentativa a 4 años y 3 meses. Así, le ha dejado la pena en 2 años, 10 meses y 4 días, y ha ordenado su excarcelación.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha indicado este martes que confía en que el Gobierno alcance un acuerdo con los agentes sociales sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2023 para que forme parte del pacto de rentas.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, Calviño ha señalado que el informe de expertos proporciona "un rango y un abanico" sobre la subida del SMI y tras defender la necesidad de elevarlo para llegar al 60% del salario medio, ha confiando en poder llegar a un acuerdo con los agentes sociales que proporcione "estabilidad y confianza" a las empresas, a los inversores y al conjunto de la ciudadanía.
"La decisión que se adopte será uno de los elementos que formen parte del pacto de rentas", ha asegurado la vicepresidenta primera, quien ha recordado que el Gobierno ha elevado el SMI de manera considerable durante esta legislatura.
El Gobierno rechaza haber cometido errores en la tramitación de la reforma para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, después de la decisión de éste de paralizarla, y ha culpado al PP de tener que legislar por haber creado "patologías" y un "germen antidemocrático" con su bloqueo del Consejo General del Poder Jucidial (CGPJ) durante los últimos cuatro años.
Así se han pronunciado las ministras de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la de Justicia, Pilar Llop, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La primera en ser preguntada si el Ejecutivo había cometido errores en la tramitación de la reforma para elegir a los magistrados del TC, habida cuenta del resultado, ha sido la Portavoz del Gobierno.
"El error es bloquear el CGPJ, eso es lo que es un error que está llevando a nuestro país a esta situación", ha espetado Isabel Rodríguez, quien ha insistido en la necesidad de recuperar la normalidad institucional apelando a que el PP no rompa las normas y cumpla con la Constitución. "A partir de ahí, hablamos", ha exclamado para responder a la pregunta de si se puede afirmar que todos los puentes están rotos con Feijóo y si descartan llamarle.
Los vocales del ala progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han incluido a su candidato —el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés— en el orden del día del Pleno extraordinario que se celebrará este martes a las 17.00 horas para elegir a los dos magistrados que corresponde designar al órgano de gobierno de los jueces para el Tribunal Constitucional, según informan fuentes del CGPJ a Europa Press.
Hasta ahora, en el orden del día solo constaban como candidatos los magistrados del Tribunal Supremo (TS) César Tolosa y Pablo Lucas, los dos propuestos por el bloque conservador. El nombre de Bandrés —que el sector progresista había desvelado el pasado 3 de noviembre— se ha sumado este mismo martes, toda vez que hay plazo hasta las 17.00 horas para que los vocales presenten más aspirantes.
Unidas Podemos busca articular un frente común parlamentario para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC) y también del Consejo General del Poder Judicial, donde ve más receptivo al PSOE al que no presionará al respecto y respetará sus tiempos para intentar el consenso.
Y a este respecto ha ofrecido a los grupos una propuesta para rebajar las mayorías parlamentarias para relevar a vocales del Poder Judicial, habilitando la opción de hacerlo con mayoría absoluta en lugar de tres quintos de la cámara con el requisito añadido de congregar la mitad de los grupos (ahora serían cinco), si bien el socio minoritario está abierto a cualquier planteamiento porque quiere concertación.
Además, la formación ha asegurado que queda "zanjada" a instancias del PSOE cualquier tipo de actitud de desobediencia a la suspensión de la tramitación parlamentaria de la reforma paralizada por el alto tribunal, pese a las opiniones particulares como la suya que abogaba por desoír si el fallo no se ajusta al ordenamiento de la Carta Magna.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido este martes en el Congreso de los Diputados que se "respeten" las instituciones y ha avisado de que "debilitarlas o desconsiderarlas" es una "afrenta directa a la ciudadanía".
"Las instituciones competentes y justas son la mayor garantía de la convivencia democrática y el compromiso, la ejemplaridad y el trabajo de quienes estamos en ellas son la clave del respeto a la dignidad de los ciudadanos. Y hemos de respetarlas, para empezar quienes formamos parte de ellas. Debilitarlas o desconsiderarlas es una afrenta directa a la ciudadanía", ha subrayado Gabilondo.
Así se ha pronunciado Gabilondo este martes en su discurso con motivo del 40 aniversario de la institución del Defensor del Pueblo, que se ha conmemorado en la Cámara Baja, un día después de conocerse la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional de paralizar la votación en el Senado de la reforma para elegir a sus magistrados.