La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reclamado este miércoles al PSOE, su socio de gobierno, que "aceleremos y nos impliquemos de una vez" con la tramitación de la Ley contra el racismo, de la que ha asegurado que "nos puede permitir ir a la raíz del problema", una hoja de ruta que ha reivindicado para contrarrestar los insultos racistas que sufrió el futbolista del Real Madrid Vinicius el pasado fin de semana durante el encuentro con el Valencia.
En declaraciones a los medios de comunicación en El Coronil (Sevilla) dentro de un acto de apoyo a la candidatura de Podemos a la Alcaldía de este municipio en las elecciones de este domingo, Montero ha sostenido que esa futura norma "va a lo estructural", al tiempo que ha defendido abordar "la necesidad de la regularización de la población migrante en nuestro país" por cuanto ha esgrimido que "no tener papeles, la situación administrativa irregular, es la primera barrera en el acceso a muchos derechos", antes de reivindicar que las mujeres inmigrantes "realizan tareas esenciales para la vida y para la economía de nuestro país", entre los que ha mencionado los cuidados o el trabajo en el hogar.
Cuestionada si existe cooperación y fluidez entre PSOE y Podemos en el seno del Gobierno acerca de esta tema, la titular del Ministerio de Igualdad ha argumentado que "vamos a seguir llevando a cabo lo que por otra parte firmamos en el acuerdo de gobierno", entre lo que ha incluido "un compromiso antirracista, un compromiso feminista en defensa de los derechos de las mujeres y la garantía de los derechos humanos en nuestro país".
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "abusar de las instituciones" y de buscar gobernar "después de perder" sumando a diferentes partidos. Tras asegurar que al PP le gusta "gobernar después de ganar", ha pedido votar al Partido en las elecciones del 28 de mayo porque "no hay atajos".
"El sanchismo hace tiempo que ha asumido su derrota. Sánchez ha renunciado a ganar las elecciones y ya sólo nos propone una suma de partidos, una enorme ensalada variada de partidos", ha declarado Feijóo, que ha recalcado que "no se trata de sumar partidos" sino de "sumar votantes".
Así se ha pronunciado en un mitin en Palma (Mallorca) junto a la candidata a la Presidencia del Gobierno de las Islas Baleares, Marga Prohens, y al candidato a la Alcaldía de Palma, Jaime Martínez, ante unos 1.500 afiliados y simpatizantes que han acudido al Trui Teatre.
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido el voto para los socialistas en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo al tiempo que ha cargado contra el PP al señalar que cuando está en el Gobierno "recorta" y cuando está en la oposición "deroga".
De este modo ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo haya señalado que si llega a La Moncloa derogará algunas de las leyes aprobadas por Sánchez como la reforma laboral, la Ley de Memoria Democrática o la ley de Educación. También ha cargado contra los recortes en servicios públicos que aplicó el anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Para Sánchez, recortar y derogar son "dos verbos para un mismo fin, que es retroceder, volver al pasado y desmantelar", según ha afirmado en un acto de campaña en Gijón, junto al presidente de Asturias y candidato a la reelección, Adrián Barbón, el candidato a la alcaldía Luis Manuel Florez Floro y la vicesecretaria general de la FSA, Gimena Llamedo.
La presunta trama desarticulada por la Guardia Civil en Mojácar (Almería) con siete detenidos, dos de ellos candidatos del PSOE, trataba de captar votos por correo entre ciudadanos de origen latinoamericano, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
De los siete detenidos y tres investigados en esta operación en la que participa la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, constan seis personas de nacionalidad española, entre ellos el número dos y cinco de la lista del PSOE. También hay ciudadanos nacidos en Paraguay, Colombia y Ecuador.
En los registros, los investigadores se han incautado de votos por correo y también de listas censales en las que estaban marcados los nombres de determinados ciudadanos, dentro del material que ahora está siendo analizado por los agentes del Instituto Armado.
La plataforma Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid, nacida a iniciativa de familiares, trabajadores y personalidades públicas para esclarecer lo ocurrido durante la primera ola de la pandemia de Covid-19 en las residencias de la región, ha denunciado este miércoles que varios años después nadie en el Gobierno regional haya asumido responsabilidades por ello.
Una decena de representantes ha acudido este miércoles a la Puerta del Sol, frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, con una pancarta en la que se podía leer '7.291 muertes sin asistencia sanitaria en residencias.
¡Verdad y Justicia!' para recordar que en tres años "no ha habido ninguna responsabilidad política por dejar morir" a esas personas "sin atención sanitaria".
Según han recalcado, durante los meses de marzo y abril de 2020 murieron 9.468 personas que vivían en residencias (el 18% del total) y de ellas, 7.291, el 77%, lo hicieron "sin recibir atención hospitalaria".
El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la decisión del Gobierno de prohibir una manifestación en Sevilla en abril de 2020 —durante el primer estado de alarma por el covid-19— para priorizar el derecho a la protección de la salud y el derecho a la vida.
Según ha informado el órgano de garantías, los magistrados del Pleno han desestimado el recurso de amparo que presentó un particular contra una resolución que dictó la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, el 22 de abril de 2020, en la que prohibía una manifestación convocada por el recurrente hasta el Parlamento de Andalucía el 30 de abril de ese año.
La resolución administrativa justificó la decisión en la necesidad de proteger la salud pública y evitar el peligro de contagio del covid-19 entre las personas que participasen, sus contactos y transeúntes.
El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado los recursos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que confirmó penas de entre 10 y 12 años de prisión para cinco jóvenes acusados de un delito de abuso sexual sobre una menor de 16 años cometido en Manresa en octubre de 2016.
La Sala de lo Penal del Supremo rechaza en su sentencia, recogida por Europa Press, los recursos de tres de los condenados, que fueron los únicos planteados contra la resolución del TSJC, ya que los otros dos condenados no recurrieron.
La sentencia inicial fue dictada por la Audiencia de Barcelona el 21 de octubre de 2019, y condenó a los acusados de la violación múltiple por un delito de abuso sexual a menor pese a que Fiscalía en el juicio acusaba por agresión sexual.
El presidente de la Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, ha cesado este miércoles al consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Al-Lal (CPM), detenido el martes por su presunta implicación en la trama de supuesta "compra de votos" a través del voto correo de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo.
Según el Decreto firmado por Eduardo de Castro y publicado de urgencia este miércoles en el Boletín Oficial de Melilla, De Castro dispone "el cese de D. Mohamed Ahmed Al-Lal como consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, revocándole en su caso todas las delegaciones efectuadas por esta Presidencia".
La destitución el consejero cepemista llega un día después de que el propio presidente, tras la detención de Mohamed Ahmed y otras nueve personas más entre lunes y martes por la presunta comisión de dos delitos, uno electoral y otro de pertenencia a grupo criminal relacionados con la supuesta compra de sufragios mediante el voto por correo, avanzara que "cesaré a miembros del Ejecutivo si su situación legal así lo requiere".
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) estudiará la demanda del expresidente de la Generalitat Artur Mas por desobediencia el 9-N.
En una resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal pide al Gobierno que responda si la condena a Mas cumplió el requisito de claridad y previsibilidad que requiere el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y si los actos del expresidente suponen una infracción penal.
Mas fue condenado por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC), que había suspendido la votación del 9-N, y en su demanda alegó que la orden del TC "no fue lo suficientemente precisa, concreta y categórica sobre la prohibición de realizar la consulta".
La condena de Mas en esta causa fue de 13 meses de inhabilitación y la sentencia también le impuso una multa de 36.500 euros.
Mas anunció su intención de llevar el caso al TEDH en octubre de 2021, cuando el TC rechazó por unanimidad su recurso contra su inhabilitación.
El PSOE va a suspender de militancia y abrir expediente a los detenidos en Mojácar (Almería) por una presunta trama de compra de votos que forman parte de las listas socialistas en este municipio, según han indicado fuentes de la dirección del PSOE a Europa Press.
Así han señalado que tomarán estas medidas si se confirma que son militantes del PSOE y esperan además que la justicia les juzgue. Subrayan además que al PSOE no le tiembla el pulso ante cualquier práctica ilegal o que se sitúe fuera una altura ética máxima.
El PSOE sale así al paso después de que este mismo miércoles --en la recta final de la campaña electoral del 28M-- hayan sido detenidas siete personas en esta localidad por su presunta implicación en una supuesta trama de compra de votos ante las elecciones municipales del próximo domingo.
Entre los detenidos, se encuentran los números 2 y 5 de las listas del PSOE, según confirmaron a Europa Press fuentes políticas y de la investigación, que precisaron además que agentes de la Guardia Civil y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han desplegado desde primera hora de la mañana en el municipio, donde también hay tres investigados y donde se han practicado "decenas de registros".
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha incidido en que "España no es un país racista", al tiempo que ha remarcado que los insultos recibidos por el futbolista Vinicius han puesto de relieve que "hay un sistema perfectamente diseñado para actuar en estos casos y se está actuando con celeridad".
Así lo ha aseverado Albares en un encuentro en el diario Las Provincias en el que se le ha preguntado, a raíz de los insultos racistas en el partido en Mestalla entre el Valencia y el Real Madrid por los que han sido detenidos tres personas, si cree que España es un país racista.
"Sin duda, no", ha contestado, para añadir: "España es un país tolerante, la inmensa mayoría de la sociedad española es tolerante y antirracista. Durante muchos años ha sido país de emigración y acoge con naturalidad a quien llega aquí".
"Las actitudes racistas —ha proseguido— son siempre despreciables por lo que conllevan de repugnante. El racismo ataca a la dignidad del ser humano, aquello en lo que todos somos iguales y sobre todo chocan con los valores más profundos de la sociedad española y del deporte".