La elección de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, fijada para el 20 de enero, permitirá conocer, más allá de intenciones expresadas, si PP y Vox mantienen un diálogo fluido y de consenso de cara al futuro Gobierno regional o, por el contrario y como ya sucedió en 2023, supone una prueba de fuego para ambas formaciones políticas.
Es el primer paso para saber la realidad de si Extremadura camina hacia un Gobierno de coalición entre PP y Vox, con la popular María Guardiola al frente como ganadora de las pasadas elecciones, o se aturullan las negociaciones de ambas formaciones políticas de cara al futuro de bate de investidura.
Desde la cita electoral del pasado 21 de diciembre, el PP ha mostrado su total disposición "a hablar de todo y con todos" con el fin de acabar con "los bloqueos", en alusión al rechazo de Vox al proyecto de presupuestos y a las innumerables veces que la formación de Santiago Abascal no ha respaldado iniciativas parlamentarias planteadas por el Ejecutivo de Guardiola.
Desde Vox ya han adelantado que si Guardiola "quiere de verdad un cambio", su formación política está dispuesta.
Su máximo representante y candidato en las pasadas elecciones, Óscar Fernández Calle, también ya ha anunciado que sus exigencias siguen siendo las mismas: eliminar subvenciones para cooperación internacional, ideología de género, sindicatos y patronal; derogar la ley LGTBI y rechazar el pacto verde, entre otras.
Sobre el tapete de las posibles negaciones entre ambos partidos sobrevuela lo que ocurrió en los días posteriores a las elecciones autonómicas de 2023.
Guardiola sostuvo que no gobernaría con consejeros de Vox, un compromiso que asumió durante la campaña electoral y mantuvo durante las negociaciones, en las que llegó a afirmar que no podía "dejar entrar en el Gobierno a quienes niegan la violencia machista".
El PP planteó a Vox que respaldara la investidura de Guardiola como presidenta de la Junta y la dejara gobernar en solitario, y, a cambio, los populares apoyarían que la Cámara legislativa estuviera presidida por un diputado de Vox.
Con este planteamiento, llegó el día de la constitución de la Mesa de la Asamblea, un 20 de junio. En la primera votación nadie cosechó la mayoría absoluta necesaria, establecida en 33 parlamentarios.
En la segunda vuelta -sólo se exige mayoría simple- los cinco diputados de Vox respaldaron a su candidato, los 28 del PP al suyo y la diputada propuesta por el PSOE, Blanca Martín, logró el apoyo de sus 28 compañeros de bancada y los cuatro de Unidas por Extremadura (Podemos e Izquierda Unida), lo que la llevó a presidir la Asamblea.
Además de Blanca Martín, los socialistas situaron a otra dos personas más (vicepresidencia primera y Secretaría segunda), el PP también a dos (vicepresidente segundo y Secretaría primera) y Unidas por Extremadura obtuvo la Secretaría tercera). Vox se quedó fuera.
Seis días después, Martín inició las consultas con los grupos parlamentarios para proponer el candidato o candidata a la Presidencia del Gobierno regional, con un plazo de quince días.
Así ha pasado Extremadura de feudo socialista a ser el laboratorio de Vox en solo seis años
El 30 de junio de ese año, PP y Vox acordaban un Gobierno de coalición presidido por Guardiola con programa de 60 medidas y en el que la formación de Santiago Abascal obtendría una consejería, la de Gestión Forestal y Mundo Rural. El 14 de julio, 46 días después de los comicios autonómicos, Guardiola fue elegida presidenta.
Ahora, dos años y medio después de esa fecha y algo más de un año y medio después de que Vox abandonara el Gobierno extremeño, PP y Vox vuelven a la casilla de salida, la de la posibilidad de conformar un Ejecutivo conjunto o que Guardiola gobierne en solitario siempre que el PSOE se abstenga.
Los socialistas no han aclarado aún si ese voto de abstención cabe en el marco de sus ideales con tal de que Vox no entre en el Gobierno. Por su parte, la formación de Óscar Fernández Calle ha ganado peso parlamentario -de los cinco diputados en 2023 ha pasado a once- y su aval para exigir es mucho más amplio.
La elección de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, fijada para el 20 de enero, permitirá conocer, más allá de intenciones expresadas, si PP y Vox mantienen un diálogo fluido y de consenso de cara al futuro Gobierno regional o, por el contrario y como ya sucedió en 2023, supone una prueba de fuego para ambas formaciones políticas.