El equipo de Botella gastó un millón en asesorías como la que esgrime ahora el PP en su querella contra dos ediles de Carmena

Cuatro empresas municipales de Madrid gastaron al menos un millón de euros durante los cuatro años del mandato de Ana Botella en contratos de asesoramiento jurídico externo muy similares o idénticos a los dos que ahora esgrime el PP en su querella contra los actuales concejales de Economía, Carlos Sánchez Mato, y de Igualdad, Celia Mayer. Así lo acreditan datos de un listado oficial del Ayuntamiento de Madrid a los que ha tenido acceso infoLibre y cuyo contenido revela hasta qué punto formaba parte de la norma municipal la contratación de bufetes externos. 

Este diario solo ha computado las facturas pagadas (932.693 euros) por las cuatro empresas municipales que finalmente confluyeron en una sola –Madrid Destino– entre enero de 2011 –aún con Gallardón en el sillón de la alcaldía– y el 11 de junio de 2015. En el listado, esa última es la fecha más próxima a la investidura de Manuela Carmena como sucesora de Ana Botella.

No obstante, buena parte de las facturas abonadas con posterioridad tuvieron como destinatarios a bufetes que habían sido contratados en la etapa del PP. Y no solo para tareas aisladas y coyunturales sino para asesoramientos tributarios o laborales de larga duración y que se tradujeron en pagos mensuales. El monto total se dispara así muy por encima del millón de euros, pero este diario solo ha tenido en cuenta aquellas facturas cuyo pago se produjo de manera inequívoca dentro del último mandato conservador.

El PP sostiene que los dos ediles de Ahora Madrid cometieron prevaricación y malversación al contratar dos dictámenes jurídicos a sendos bufetes como paso previo a la presentación de una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción sobre las presuntas y múltiples ilegalidades que rodean el convenio de la empresa municipal Madrid Destino con la mercantil que cada año organiza el Madrid Open de Tenis, Madrid Trophy. Como informó este diario, esa empresa conduce a dos paraísos fiscales: Curaçao, en las antiguas Antillas Holandesas, y Chipre. Los populares insisten en que Sánchez Mato y Mayer deben dimitir porque han prestado declaración en calidad de investigados o imputados.

El argumento esencial aducido por el PP en su querella puede resumirse así: que tanto Carlos Sánchez Mato como Celia Mayer y la ya exconsejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela, que es la tercera querellada, conculcaron la Ley de Contratos del Sector Público al encargar esos dictámenes a espaldas del consejo de administración de Madrid Destino y sin pedir antes tres ofertas distintas.

Entre los argumentos de los querellados constan estos tres: que si bien las instrucciones generales de contratación de Madrid Destino exigían la petición de tres ofertas, la petición de estos dictámenes no solo requería actuar con urgencia sino mantener la más estricta confidencialidad.  Y que esa necesidad de secreto es la que la jurisprudencia ha tenido en cuenta para eximir el arrendamiento de servicios jurídicos externos como este del requisito de petición de más ofertas. Y no actuaron a espaldas del consejo de administración porque en su ámbito de competencias como responsables de Madrid Destino figuraba la de encargar dictámenes jurídicos.

La representación "en sede judicial" y la "hoja de encargo"

Pero una Nota Interna [pincha aquí para leerla] firmada por quien entre enero de 2013 y septiembre de 2014 fue director de Recursos Humanos y de la Asesoría Jurídica de Madrid Destino, Carlos Minervini, y por la entonces responsable de la Asesoría Jurídica, Cristina Gacimartín, mantenía exactamente lo mismo que Sánchez Mato, Mayer y Varela expusieron este lunes ante la jueza que instruye la querella y ante la que prestaron declaración sin que el fiscal formulara una sola pregunta: que el encargo directo de determinadas asesorías legales es plenamente legal.

En papel impreso con el logotipo oficial de Madrid Destino y sin datación exacta, la Nota Interna comienza con el siguiente párrafo: "En relación con el sometimiento de la contratación de los servicios de notaría, procuradores o de despachos de abogados para representación de la empresa en sede judicial, estos no están sujetos a las reglas del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público".

La Nota Interna se refería de forma expresa a aquellos contratos cuyo objetivo fuera la representación de Madrid Destino "en sede judicial". ¿Es aplicable esa doctrina a los dictámenes externos que encargó Madrid Destino en relación al Open de Tenis y por los que la empresa pública pagó 26.000 y 24.000 euros? "Completamente", responde una de las fuentes que conocen el expediente al completo. ¿Por qué? "Porque la hoja de encargo a los dos bufetes abordaba el proceso completo, es decir, desde los dictámenes, que es lo que se pagó, hasta la representación en sede judicial". De momento no ha habido actuación en los tribunales: la guerra interna abierta en el gobierno municipal en torno al conflicto sobre el Open de Tenis aleja a día de hoy esa posibilidad.

El primero de los seis argumentos esgrimidos por aquella Nota Interna es de hecho el mismo que uno de los que este lunes han fundamentado la declaración de los dos ediles y de la exconsejera delegada de la empresa pública: que los servicios de asesoramiento jurídico, "se consideran intuitu personae". Traducido, lo anterior significa que se trata de contratos donde el prestigio del contratado y la confianza que merece el contratante resultan esenciales. De hecho, la Nota Interna añade que "en el caso de abogados y procuradores se prioriza la confianza y el secreto profesional". "Finalmente –dice el último de los seis argumentos de la Nota– no se dispone en la plantilla de personal propio capaz de realizar estos trabajos".

¿Pero podía haber reclamado Madrid Destino el dictamen de los servicios jurídicos municipales en lugar de acudir a abogados externos? De hecho, sí lo hizo. El PP sostiene que "tres informes internos" dijeron que los convenios con Madrid Trophy no revestían ningún indicio de irregularidad. En realidad, y como publicó infoLibre, los letrados del Ayuntamiento de Madrid rehusaron emitir un informe completo sobre el asunto bajo el argumento de que no tenían ningún acuerdo firmado con Madrid Destino. 

Los conservadores también acusan a Mato y Mayer de haber pedido no solo un dictamen externo sino dos porque el primero de ellos "tampoco les dio la razón", extremo que los querellados desmienten de manera categórica. "Los dos dictámenes, tanto el de Lex Iusta como el de Alemany, Escalona & De Fuentes detectaron irregularidades en los convenios", asegura el entorno de uno de los querellados. En contra de lo que ha venido recalcando el PP, los dos informes costaron en total 50.000 euros y no 100.000.

Carmena pide perdón por utilizar el vehículo oficial en el Día sin Coches: "Volveré en autobús"

Ver más

El PP enfatiza en sus declaraciones públicas un tercer factor: que el jefe de gabinete de la propia alcaldesa, Luis Cueto, desautorizó abierta y expresamente el paso dado por Sánchez Mato y Mayer al acudir a la Fiscalía Anticorrupción al tiempo que dejaba constancia de que tampoco él ve sombra de delito en los sucesivos convenios rubricados con Madrid Trophy. Este diario no ha podido confirmar si Anticorrupción mantiene abiertas las diligencias originadas por la denuncia que Sánchez Mato y Mayer presentaron en abril o si, por el contrario, las ha archivado.

Este lunes, infoLibre preguntó a los portavoces oficiales de Madrid Destino, de cuya presidencia fue descabalgado Sánchez Mato tras su denuncia en la Fiscalía, si los servicios jurídicos municipales han avanzado algo desde mayo en la prometida investigación sobre los vínculos societarios de Madrid Trophy con las Antillas Holandesas y Chipre. No hubo respuesta.